Dar igual a desiguales es mantener la desigualdad

3 de junio del 2011

Bueno este título de mi columna de hoy parece tan obvio y de Perogrullo, como se lee que tendremos que pasar de soslayo por el análisis de la frase, diciendo que la acción o hecho de dar un trato diferente a personas entre las que existen desigualdades sociales, se llama discriminación. Esta discriminación puede ser positiva o negativa, según vaya en beneficio o perjuicio de un determinado grupo. Para mí es sumamente grave la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, conculca los derechos básicos de la equidad, y hiere de manera desgarradora las bases de la desdibujada y utópica democracia nacional.

Para meter el dedo en una llaga actual, que no sanará mientras se sigan manipulando los procesos políticos y legislativos, cada vez son más maniqueístas, sedimentados en pilares de intereses particulares y obscuros, alejándose del deber ser; de la procura del bien común.

Esto se puede ver en el informe de conciliación de la sesión plena de cada cámara del Congreso de la República, en la que se llevó a cabo el miércoles la jornada conciliatoria de los textos de la Ley de Víctimas, aprobados en cada corporación. En el informe de conciliación se manifiestan los puntos más relevantes por los cuales se inclinaron las comisiones, para acoger en su totalidad el proyecto aprobado en el Senado.

Se dice en el texto que en relación con el artículo 3º, se acoge el texto aprobado en segundo debate por la Plenaria del Senado de la República, en el entendido que la definición de víctima allí contenida, cobija y bajo ninguna circunstancia excluye a las víctimas del Partido Político “Unión Patriótica”. Esto resultó de una ardua contienda entre el HR Iván Cepeda y sus colegas. No obstante ser un logro en lo personal y en lo democrático, es una manipulación al texto que ya había quedado en firme y que no admite manipulaciones, modificaciones, inclusiones, etc. Incluir a las víctimas de la UP, dejar por fuera el caso Galán, Lara, y las demás victimas del narcoterrorismo, evidentemente constituye una desigualdad grotesca, por decir lo menos.

Ahora bien, otro punto a destacar, o mejor a denunciar, es el del parágrafo cuarto del artículo tercero del texto que pasará a sanción presidencial. Establece que las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1 de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. Parece un chascarrillo: ¿quién dijo que el derecho a la reparación simbólica, la memoria histórica y garantizarle a los asociados la no repetición de los hechos, debe estar contenida en una norma local para que les sea reconocido? ¿Esto es inherente a las personas que han sido víctimas? Esto es un verdadero saludo a la bandera. Reaccionemos, las víctimas de esta guerra no son beneficiarios, pues acá no se reciben favores ni beneficios; son destinatarios, pues se reclaman y exigen derechos. Adicionalmente, la frase subrayada fue otra maravillosa nueva inserción, pues así no quedó aprobada en la sesión plenaria en el Senado. Seguimos sumando vicios de procedimiento para la demanda ante la Corte Constitucional.

Uno de los principios rectores del ordenamiento jurídico es el de la buena fe y este no escapa a esta obra maestra, fruto del gobierno Santos y su personal debidamente capacitado y experto en pupitrazos. Yo quisiera preguntarme qué va a pasar cuando se empiecen a acreditar de manera fraudulenta, personajes de los que en este país pululan; digámoslo por su nombre, cuando busquen la reparación los falsos positivos. Usurpadores y suplantadores inescrupulosos de verdaderas víctimas, que ocuparán el lugar de algún mártir y que serán “beneficiarios” de las bondades de la ley bajo crítica.

Dice el Honorable Senador Cristo que el haber incluido en la definición de víctima la frase conflicto armado interno no es desigual ni excluyente. Yo pienso que es altamente riesgosa esa inclusión literaria desde el punto de vista jurídico, porque deja abierta una peligrosa brecha que da discrecionalidad al intérprete y aplicador del concepto víctima, al momento de establecer si lo es o no. Permite este vacío legal el arbitrio del encargado de definir la condición de víctima, por lo equívoco de la disposición. Esto ya es desigualdad.

Algo más desigual aún que nos presenta el deleite del análisis legislativo de la norma que va a presenciar Ban Ki-moon, jurando que es una avance humanitario, para un aquejado país a la espera de esta salvación mesiánica y divina, o que deviene del Olimpo (ubicado Cra. 7 # 8-68 Capitolio Nacional), es el factor de indemnización patrimonial, mal llamada reparación administrativa. Esto si que es irracional, porque es un resarcimiento pecuniario sujeto a condición: “te damos 10 millones, pero no nos demandas” ¿cómo les suena esto? Se trata, pues, de una indemnización individual por la vía administrativa. Y constriñen a la víctima a firmar un ‘contrato de transacción’ según el cual acepta que el pago realizado incluye todas las sumas que el Estado debe reconocerle por concepto de su victimización y renuncia a acudir en el futuro a los tribunales a pedir otra indemnización vía judicial. Si no firma este contrato, y acude a los tribunales judiciales, de la indemnización judicial que le otorguen se restará la indemnización que le dieron por vía administrativa. Escalofriante la lavada de manos tan barata de la nación.

Campanazo: ¡Que deslenguada inequidad! Por eso y más, me voy a oír música que iguala mis sentidos y equilibra mi espíritu al Festival del Mono Núñez, donde se respira armonía y humanidad.

@colconmemoria

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