Ojalá la anulación de la elección de los nueve miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) atacara el problema de fondo de ese órgano; pero, obviamente, hasta allá no trasciende.
¿Y cuál es ese problema de fondo? Pues nada menos que el origen de quienes lo conforman.
Cuando la Constitución establece que sus integrantes provienen de los partidos políticos, según su representación en el legislativo y que son elegidos por el propio Congreso, nos expone a que los desafueros de la clase política sean los que gobiernen en las decisiones del cuerpo supremo de nuestro sistema electoral, que es lo mismo, denunciado en la pasada entrega de esta columna, que viene dando al traste con la función de los órganos superiores de nuestro aparato judicial.
En el caso del CNE, la intrusión política es tan aberrante que varios de sus miembros, actuales y en el cercano pasado, fueron candidatos al Congreso, que al quemarse en su aspiración, no tuvieron problema en encontrar escampadero, haciéndose elegir miembros del alto tribunal.
A pesar de que el fallo del Consejo de Estado ataca una puntualidad de buen recibo, como son las faltas que contra las reglas de juego constitucional establecidas (respeto a la norma de bancadas y elección por votación nominal) cometió el Congreso al momento de elegir a los actuales consejeros, no puede llegar al fondo del problema, pues, en virtud de la demanda que le dio vida, su alcance sólo da para que se cambien algunas caras pero no para que se dé un vuelco al origen de su composición.
El problema con la anulación proferida por el máximo tribunal de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es que al capturar toda la atención que suele darse a una sanción colegiada de esta índole, léase, su impacto en la opinión pública, produzca el efecto de que la comunidad se contente con eso y la distraiga aún más de apersonarse de la necesidad de reclamar las soluciones de fondo que se requieren en este ámbito, máxime en un país que ha venido sintiéndose a gusto con las soluciones a medias en varios frentes.
¿Quién podría estar en desacuerdo en que el CNE esté compuesto por profesionales prestantes del derecho, respaldados por su condición académica, que acrediten un recorrido importante y prestigioso en su carrera profesional, que para ser designados no tengan que representar a los partidos, ni provenir de ellos, ni ser elegidos por el Congreso? De esta manera se acabaría su exposición y proclividad a producir pronunciamientos, fallos o decisiones, contaminadas por sesgos partidistas y otras yerbas. De esta naturaleza es la solución de fondo que requiere esta institución; pero, al igual que sucede con los altos órganos de justicia en los que el entramado político tiene su bazar, no es el Congreso la vía para acometer la reforma constitucional necesaria para llegar a tal solución.
En acatamiento del fallo, esta semana se repetirá la elección en la plenaria de la Cámara; según la información que circula, la polémica se ha centrado en si cinco de los nueve magistrados actuales pueden ser reelegidos o no; parece que es lo único que les preocupa. Es un desmán que sigamos aceptando este estado de cosas, como si nada.
Punto y aparte: es una duda grande la que ha dejado el presidente Santos cuando por boca de su Ministro de Ambiente dio a conocer los motivos por los cuales se decidió a declarar ‘muerto’ el proyecto hotelero en el parque Tayrona. Pues, si bien se le valora su delicadeza, tan escasa en nuestros tiempos, al desechar proyectos o negocios relacionados con el Estado en los cuales parientes suyos estén participando o lo hubieran hecho, como es el caso del que nos ocupa, en ningún momento hizo mención de ninguna razón, ambiental, sociológica o cultural, que hubiera incidido en tan importante decisión. El asunto quedó como si el proyecto no fuera descalificable en ninguno de estos aspectos, cosa que genera preocupación con respecto al buen suceso dentro del gobierno de proyectos de la misma índole y con similares críticas, que puedan ser presentados. Le conviene hacer claridad.
