De Escobar a Santrich

30 de mayo del 2019

Opinión de Daniel Peña Bayona

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¿Quién iba a pensarlo?, ni el terror de los carro bomba, ni los asesinatos de jueces y políticos, ni el ataque sistemático contra la policía, ni el poder destructivo del que fuese el mayor narco del mundo entre los 80 y 90´s pudo hacer lo que la Justicia Especial para la Paz (JEP) y ahora la Corte Suprema de Justicia lograron con un narcotraficante: impedir su extradición de Colombia a los Estados Unidos.

No había que ser un gran jurista o un experto investigador para saber que, Zeuxis Pausias Hernández Solarte más conocido por su seudónimo Jesús Santrich es y sigue siendo un narcotraficante. Todos los colombianos vimos los videos en donde Santrich negociaba con “televisores” y a cambio de ello, lograba “recursos para su campaña”, supimos de los testimonios de Marlon Marín –sobrino de Iván Márquez- que incriminaban a Santrich en narcotráfico, pero sobre todo, todos los colombianos sabemos que él se hace el ciego con la verdadera paz. No aquella que entrega curules a dedo en el Congreso, sino con la que en verdad pone en el eje central a las víctimas, castiga a los victimarios y garantiza la no repetición de la violencia.

Se puede decir que lo único sensato desde la creación de la JEP hasta nuestros días se esboza en los salvamentos de voto de dos de sus magistradas – Claudia López y Gloria Amparo Rodríguez- alegando en conjunto más de 10 razones para considerar que la JEP no podía tomar la decisión de impedir la extradición y ordenar la libertad de Santrich. Una decisión que a todas luces desconoce los fallos en derecho, la costumbre como fuente del derecho y la lógica de la cual no se necesita ser un gran magistrado para aplicar.

Estábamos ante un incumplimiento del mismo Acuerdo de la Habana pues se cometía una falta grave (que esperamos que así se considere al narcotráfico) con posterioridad a la firma del acuerdo, consagrada el 24 de noviembre del 2016. Bajo esta línea y siguiendo la misma normatividad del Acto 001, Santrich debió perder todos los beneficios y entrar directo a la justicia ordinaria para ser juzgado como cualquier civil más…pero esto no pasó.

La recaptura de la Fiscalía a pesar de ser un aliciente entre tanta desesperanza, dejó ver que la Justicia Especial para la Paz tiene como único fin proteger a los victimarios mientras margina a las víctimas. Este tribunal (JEP) prefirió salvaguardar las demandas de las Farc antes de comprometerse con la verdad, la justicia, la reparación y los mecanismos de no repetición. Se vieron amedrentados de aquella supuesta inseguridad jurídica que se produciría si Santrich se vestía de naranja en Estados Unidos.

Pero esta novela no terminaría aquí. Mientras escribía esta columna el Consejo de Estado de facto le informó al país que hoy cualquier criminal puede ser congresista manteniéndole la investidura parlamentaria a Santrich alegando que no se ha posesionado óigase bien “por un motivo de fuerza mayor y por lo tanto justificable” y para rematar, la Corte Suprema horas más tarde dictaba orden para liberarlo porque a la luz del derecho Santrich es un honorable representante a la Cámara que goza de fuero parlamentario.

No queda más que decir en un país donde los jueces con artimañas jurídicas sobrepasan la voluntad popular, la lógica y garantizan la impunidad a quienes tanto daño le han hecho a Colombia.

Dolor de Estado es lo que sentimos hoy.

@DanielPBayona

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