De paella a arroz con pollo

15 de junio del 2012

Al escribir esta columna, el Congreso de la República aprueba la mal llamada reforma a la Justicia. Este acto legislativo es el mayor desperdicio político de la historia reciente de Colombia. Con la más amplia mayoría parlamentaria de las últimas décadas, el Gobierno perdió la oportunidad de enfrentar el mayor desafío de nuestra democracia: la […]

Al escribir esta columna, el Congreso de la República aprueba la mal llamada reforma a la Justicia. Este acto legislativo es el mayor desperdicio político de la historia reciente de Colombia. Con la más amplia mayoría parlamentaria de las últimas décadas, el Gobierno perdió la oportunidad de enfrentar el mayor desafío de nuestra democracia: la impunidad. Será difícil que en los próximos años vuelva a presentarse un alineamiento de las circunstancias que permita emprender los cambios que el sistema judicial requiere y exige.

La reforma a la Justicia es puramente política. Inició con grandes aspiraciones bajo la batuta de Germán Vargas y terminó siendo un mediocre acuerdo para juzgar aforados y otorgar algunos beneficios a los altos magistrados. El acto legislativo es incoloro, insípido pero tiene un mal olor de componenda. Los temas gruesos de la Justicia ni siquiera se mencionan. Ni una palabra sobre el tema de la tutela, verdadero galimatías del choque de trenes entre las altas jurisdicciones. No se menciona la carrera judicial que es el agujero negro que impide mejorar el desempeño del sistema. Nada sobre el cumplimiento obligatorio de los términos o sobre los criterios de aplicación de los subrogados penales que permiten liberar a asesinos para que sigan delinquiendo. Se ignora el tema de los precedentes judiciales que permitiría poner algo de orden en las sentencias caprichosas y sospechosas de tantos jueces.

La reforma es enredada y confusa. Para varios de los artículos hay que sentarse con papel y lápiz para poder entender su alcance. Los procedimientos son tan complejos y requieren la intervención de tantas instancias que son la garantía de que los aforados nunca serán juzgados ni deberán responder por sus actos ilegales. Los juicios políticos que adelantará el Legislativo pueden convertirse en verdaderos tribunales revolucionarios como los que se vivieron durante la Convención francesa y que concluían en la célebre guillotina. En este caso, el Congreso tendrá la facultad de presionar por este medio a todos los altos funcionarios para obtener ganancias políticas.

Gracias a la creatividad del Gobierno y de los ponentes, el sistema judicial se engorda en burocracia costosa. Por lo menos 13 nuevos altos dignatarios que podrían llegar a 20 en caso de que los presidentes de las cortes deciden no asumir algunas responsabilidades adicionales que les son confiadas. Pero además vendrán las otras arandelas como magistrados auxiliares, asesores, secretarias, choferes, escoltas etc. En cada departamento habrá tribunales superiores y en cada municipio un juez. Este abultado paquete económico se adiciona con dos billones de pesos adicionales para la rama e incrementos presupuestales anuales 2 puntos por encima de la inflación anual durante una década. Al paso que vamos extrañaremos la “austeridad” del difunto Consejo Superior de la Judicatura.

Lástima que este Gobierno no haya estado a la altura del desafío planteado. La Justicia, o mejor la ausencia de Justicia es el principal problema de esta sociedad. La reforma, que inició como una deliciosa paella, terminó como un arroz con pollo maluco.

representante@miguelgomezmartinez.com

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