De Santrich al Consenso Nacional

19 de julio del 2019

Opinión de Diego Molano

De Santrich al Consenso Nacional

La novela de Santrich podría titularse “Crónica de una impunidad anunciada” y refleja que el Acuerdo de Paz con las Farc tiene unas fallas estructurales que deben ser corregidas, si se quiere que la paz sea verdaderamente estable y duradera. 

La volada de Santrich generó una reacción de rechazo generalizada por la burla al país y a sus instituciones ya que no solo se posesionó como Congresista, a pesar de estar acusado de narcotráfico y solicitado en extradición, sino que profundizó la desconfianza en las instituciones creadas para la transición como la JEP. 

Esta crisis institucional debe convertirse en una oportunidad para finalmente lograr un consenso de todas las fuerzas políticas en aras de abordar unas reformas puntuales que corrijan los acuerdos y se garantice que el proceso rectifique su rumbo, se gane en legitimidad y el país pase a implementar lo acordado con tranquilidad y seguridad. Un acuerdo que satisfaga a todas las partes que nos hemos estado debatiendo entre el Sí y el No desde el año 2014.

El Presidente Duque se comprometió en su campaña a no hacer trizas el Acuerdo y a emprender unas reformas urgentes y necesarias. Su postura, que al final fue la victoriosa en las elecciones, fue respaldada por más de 10 millones de votos. 

La gran oportunidad para lograr ese cambió se perdió cuando en la legislatura, que acaba de terminar, los partidos de la coalición de gobierno:  el conservador y la U, lo mismo que los independientes como Cambio Radical y el Liberal, los cuales se sumaron a la oposición, negaron las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, sin ni siquiera dar un debate de fondo sobre las mismas.  Craso error para el país, porque dicha posición no permitió superar la polarización que tanto criticaban y, por el contrario, terminó profundizándola.

Muchos de los que aprobaron el Acuerdo de Paz, cada vez que se menciona la posibilidad de modificarlo, argumentan que es intocable y que hace parte de nuestra Constitución tras haber sido aprobado por el Congreso y las cortes. Aseveran que el Acuerdo es intocable.  Por el otro lado, los que ganamos con el No en el plebiscito sentimos que fuimos robados ya que el Acuerdo terminó imponiéndose a la fuerza, pasando por encima de la voluntad del pueblo.

Indiscutiblemente, este debe ser reformado ya que los millones de colombianos que votamos por Duque lo hicimos con la clara intención de que fuera modificado en algunos de sus apartes, he ahí el gran debate que divide a la sociedad colombiana desde el año 2014 y que no permite avanzar en nuevos temas de relevancia nacional.  

Pero veamos las posiciones: Los que defienden el Acuerdo no han entendido que este puede ser legal, pero es ilegitimo y rechazado por una parte importante del pueblo colombiano. No hay proceso que sea exitoso mientras continúe esta polarización.   La burla y posterior fuga de Santrich sumado a la desaparición de Márquez, el Paisa y Romaña profundizan la desconfianza en el proceso. 

Por otra parte, los que defendimos el No debemos ser conscientes de que el Acuerdo ya es una realidad que permitió la desmovilización de 10 mil combatientes y que existe hoy una esperanza, en gran parte de la sociedad, para que funcione bien y podamos seguir adelante.

El punto de unión para que la esperanza se haga realidad y se logre una legitimidad real del Acuerdo pasa por lograr ese gran Consenso Nacional para garantizar la Paz. Ello implicaría un ejercicio  para que el Presidente Duque convoque a las fuerzas políticas para debatir y acordar unos cambios esenciales que garanticen el avance del Acuerdo.

Se hace necesario revisar si a casi tres años de firmado el Acuerdo, tenemos una paz estable y duradera y si se han cumplido los postulados de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Desde mi punto de vista, no se han cumplido con ninguno de dichos elementos y existen cinco aspectos que deberían discutirse para modificar el Acuerdo o la Ley Estatutaria de la JEP en aras de construir ese Consenso Nacional.

En primer lugar, la reparación a las víctimas para que quede absolutamente evidente la obligación principal de los victimarios de repararlas a través de sus activos y bienes.  Ese aspecto no es claro en el artículo séptimo de la Ley Estatutaria de la JEP. 

En segundo lugar, debería clarificarse la renuncia a la acción penal frente a los delitos de lesa humanidad, pues se constituiría en impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de este tipo de crímenes así decida priorizar ciertos casos. 

Delitos de reclutamiento de niños y abuso sexual sigue estando en el limbo, y no se ha tenido verdad frente a estos hechos infames, máxime cuando Timochenko, ya siendo congresista, afirmó que las Farc no reclutaba niños.

El tercer aspecto debe ser la claridad frente a las pruebas para la extradición de aquellos que cometan delitos después de la firma del Acuerdo.  Lo que ocurrió con Santrich mostró que allí hay un vacío enorme y se puso en riesgo la extradición como un instrumento eficaz en la lucha contra el narcotráfico.

A pesar de que ya el Congreso aprobó que, para futuros acuerdos de paz, el narcotráfico no sea un delito conexo al delito político, debería lograrse algún mecanismo para que los máximos jefes de la guerrilla, que hoy ya son congresistas, colaboren de una forma más contundente con información y delación, no sólo sobre rutas de narcotráfico sino sobre minas antipersona que anualmente dejan decenas de miembros de la fuerza pública y civiles mutilados.  Durante la negociación se multiplicaron los cultivos ilícitos a más de 210 mil hectáreas, ese es el combustible más grande a la violencia, extorsión y proliferación de las disidencias y grupos criminales. 

Los hoy congresistas de las Farc deben garantizar que no existan nexos entre los desmovilizados y los grupos de disidencias que siguen en el negocio ilícito.  Se sabe que era Gentil Duarte, líder de este grupo, quien estuvo en las negociaciones del Acuerdo, continuó en disidencias, y era el que iba a proveer las 10 toneladas de coca que estaba negociando Santrich en el video.

Finalmente, no es una modificación al Acuerdo, pero si una necesidad latente, y es que se requiere un consenso para que la JEP se comprometa a ser más expedita en el desarrollo de los procesos con los máximos líderes de la guerrilla. La sociedad necesita conocer la verdad frente a todos los crímenes ocurridos por las Farc durante décadas, así como evidenciar que se repara a las víctimas para sanar las heridas causadas durante todos los años. Lo que a diario resta legitimidad al Acuerdo es que, los colombianos los vemos como congresistas sin que avancen sus procesos con la JEP.  De hecho, ya hay cuatro líderes reconocidos que se evadieron y la decisión para quitarle los beneficios a Márquez tomó más de un año.

El gobierno nacional y su partido de gobierno tienen que también comprometerse a respaldar y ejecutar de forma eficiente los más de $37.1 billones de pesos que fueron aprobados en el Plan de Desarrollo, especialmente para dar garantías a los más de 10 mil hombres y mujeres que tomaron la decisión de desmovilizarse y han cumplido.  Hay que garantizar su tránsito a la legalidad para evitar más disidentes y a la vez ser implacable con aquellos reincidentes.

En la construcción de este consenso deben participar las fuerzas vivas del país, como gremios, academia y medios de comunicación. Son ellos los que reclaman que se acabe la polarización y deben cumplir un papel para acercar las partes y aportar a la solución consensuada.

Si las fuerzas políticas del país entienden su responsabilidad histórica para garantizar una paz sostenible y evitar que la polarización empiece a afectar la economía nacional, se requiere un Consenso Nacional ya, uno que sea con desprendimiento y anteponga el interés superior de la patria frente a cualquier interés oportunista o politiquero. 

*Diego Molano

Concejal de Bogotá

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