Desacuerdo hasta para el pupitrazo

20 de mayo del 2011

Es normal que exista desacuerdo entre los miembros de colectividades, corporaciones y cuerpos colegiados elegidos popularmente o nominados para la toma de decisiones a nombre de terceros, y más cuando el derecho a la oposición apalanca el sentir democrático de la pluralidad y diversidad de pensamientos y posturas.

El último debate del proyecto de ley No. 213 de 2010 Senado – 107 de 2010 Cámara de Representantes, más sonado como Ley de Víctimas, estaba dentro del orden del día para ser tramitado el pasado martes 17 de mayo, en sesión ordinaria. Sin embargo, esto jamás sucedió porque tuvo más fuerza el tema de los militares, sus arcas y sus mesadas pensionales, que los derechos que reclaman las víctimas que han estado en el ostracismo por más de cinco décadas. Posteriormente, siguió la lectura de las ponencias sobre la convocatoria a referendo constitucional y las víctimas en cola como siempre. Finalmente, cuando ya los honorables Senadores y los ilustres ministros de gobierno estaban cansados por la larga jornada, el arduo trabajo y el desgaste en sus voces por las extensas y profundas ponencias, el tiempo se agotó al igual que las energías de los protagonistas de este nuevo capítulo dilatorio de la discusión de la ley de víctimas. Fue entonces como quedó postergado para el día siguiente. Pero, ¿adivinen qué? Tampoco se discutió, ni mucho menos se votó, y esta vez por ausentismo de los congresistas y la no presencia de los representantes del gobierno, que paradójicamente tienen un excepcional afán, desde su jefe natural, hasta los miembros de la bancada de la Unidad Nacional, por sacar rapidito este proyecto de ley, como si fueran a decidir un proyecto más de los 26 que sacudieron a pupitrazos porque los padres de la patria tenían que salir lo antes posible al descanso de la Semana Mayor, que realmente son casi tres semanas para ellos; ¿se acuerdan?

Los que hemos dado la pelea jurídica con argumentos supra legales y usando la Constitución y los tratados de DD. HH., así como el mismo DIH, aprovechamos ese tiempo para reunirnos y pensar una vez más sobre las inconsistencias y vacíos del proyecto de ley objeto del no debate legislativo, en aras del aporte sesudo que nutra y solidifique el espíritu de la norma. Fue así como nuevamente nos congregamos hijos de víctimas emblemáticas en el mismo Senado, en el despacho del HS Juan Manuel Galán y concluimos en un manifiesto que servirá de sustento al momento del trámite ante la Corte Constitucional. Como es conocido, ha surgido una controversia por la inclusión de la oración “víctimas del conflicto armado interno” en el artículo tercero del proyecto que intenta definir –sin dar buenos resultados– el concepto de víctima. Sin cuidado me tiene que la inclusión genere debate sobre si esto le dará o no status de beligerancia a los terroristas de este país. Nuestra gran preocupación radica en el impacto legal frente a los destinatarios de las medidas asistencias y de reparación; sea frente a las víctimas, pues si ya con la fecha de reconocimiento de víctimas a partir del 1 de enero de 1985, era excluyente, ahora con su nuevo término, la limitación al universo de víctimas es muchísimo mayor. El riesgo jurídico es muy elevado. Esta restricción deja en una zona gris a las víctimas de organizaciones criminales como las mafias y a las víctimas de la violencia política en Colombia, generando una incertidumbre que propicia el espacio a prácticas inconstitucionales, pues existe el riesgo real de desconocimiento del derecho a la igualdad de todas las víctimas al quedar al arbitrio del intérprete de la norma sobre qué es o no conflicto armado y peor aún, a materializar desarrollos injustos en la aplicación de las medidas contempladas en la norma, dejando sin derecho a la verdad, justicia y reparación a quienes realmente les asiste.

Otro vicio que pudimos detectar es que sin duda es perturbador que surja la discusión sobre el reconocimiento o no del conflicto armado interno en el momento de darse el cuarto y último debate. Un tema de tanta trascendencia debió ser introducido por los interesados desde el inicio de la discusión, pero vemos el maniqueísmo político que obviamente, no podía estar por fuera de esta escena legislativa, pues ¿que sería de una importante ley sin la barata dosis de las posiciones de los dos últimos presidentes?

Por los motivos acá expuestos, hemos querido hacer énfasis en que las víctimas de las infracciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario tienen iguales derechos y dignidad que las del conflicto armado interno, por lo que exigimos de manera categórica su pleno reconocimiento.

El Presidente Santos cuando presentó personalmente la ley de víctimas en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, expresó que se generó un compromiso irrevocable escrito en piedra con las víctimas de la violencia colombiana, sin distingo de victimarios y sin discriminar a ninguna víctima. Hoy eso quedó escrito en el papel que todo lo aguanta y no en un labrado pétreo. El compromiso fue tan mentiroso, que ni siquiera para el último debate el Gobierno se hizo presente en la plenaria y Benedetti tuvo que levantar la sesión quedando otra vez para la próxima semana.

Encendamos las alarmas: ¿qué tanto compromiso tendrá el Estado con las víctimas, que ni para el pupitrazo se ponen de acuerdo?

Twitter: @colconmemoria

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