Dosis mínima: un problema de salud pública

4 de octubre del 2018

Por: Roger José Carrillo Campo

consumo

El nuevo escenario en la lucha contra el narcomenudeo, y ante todas las discusiones que se presentan por estos días en los medios de comunicación y las redes sociales, debido al Decreto reglamentado por el presidente Iván Duque – que busca controlar la circulación y consumo de drogas en espacios públicos- es importante dejar unas opiniones sobre el tema, pues faltaron algunos elementos relevantes para analizar esa decisión.

En un primer escenario, nos encontramos ante una aparente controversia legal. Por una parte, se persigue decididamente la producción y tráfico de drogas, mientras que, por otro lado permitimos el consumo de esas mismas sustancias en las calles de nuestras ciudades. Esta contradicción normativa, genera impactos negativos que no han sido previstos por el legislador y alteran profundamente el mercado de esas sustancias, pues cambia las condiciones de la ley de la oferta y la demanda.

Así pues, podemos realizar dos tipos de análisis totalmente antagónicos, por un lado; la oferta, la producción y el tráfico de drogas se siguen considerando como crímenes graves que causan importantes daños a la sociedad y a los consumidores y, por lo tanto, son perseguidos con toda la fuerza de la ley. Mientras que, del lado de la demanda, desarrollamos con la Sentencia de la Corte Constitucional -cuyo ponente de aquel entonces- el Magistrado Carlos Gaviria, promovió en sintonía con el libre desarrollo de la personalidad, un enfoque más tolerante con el consumo y la posesión de pequeñas cantidades de drogas ilícitas para el consumo personal.

En economía, se puede inferir que al despenalizar el consumo de un producto o servicio, a la vez que continua la prohibición de la producción y oferta del mismo, lo único que se consigue es mantener alto el precio de esos productos, beneficiando a los narcotraficantes, que se encuentran con un entorno inmejorable para el desarrollo de su “negocio”, porque la prohibición es una barrera para la llegada de nuevos competidores y al mismo tiempo mantiene elevado el precio de las drogas; mientras que la despenalización de la dosis mínima alienta a sus potenciales consumidores a seguir comprando.

Por tal motivo, abrir la puerta a una aceptación jurídica del consumo, termina por evidenciar que el problema debe enfrentarse como un asunto de salud pública y, por tanto, ya no es coherente tratar el consumo de drogas como si fuera un delito criminal. Es este el motivo por el cual, ha sido tan criticada la reciente propuesta de la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que consiste en no penalizar a los consumidores o portadores, pero sí decomisar o incautar las sustancias ilícitas si no llevan consigo una certificación médica que acredite su condición de adicto.

Lo que resulta preocupante, es que para resolver el problema de las drogas es necesario coordinar la legislación existente con las leyes de la oferta y de la demanda, ya sea porque toleramos el consumo y la producción o porque prohibimos ambos. Combinar la severidad con la oferta y la indulgencia con el consumo siempre será una mala decisión, que abre la puerta a divergencias.

Es de aclarar, que el presente normativo y sancionatorio que prevalece en Naciones Unidas, gira en torno a la eliminación total de las drogas. De manera trasversal, podría plantearse minimizar el problema de las drogas por medio de la regulación de esas sustancias claramente perjudiciales, es decir, fomentando las campañas de prevención de su consumo, pero renunciando a una sociedad sin drogas que cada vez más se percibe como una concepción perfecta.

Los dos escenarios internacionales más conocidos son el de Estados Unidos y Portugal, los cuales enfrentaron muchos problemas con las drogas ilegales y ambos países tomaron medidas decisivas, pero en direcciones diametralmente opuestas. Estados Unidos emprendió una fuerte campaña para combatirlas y gastó miles de millones de dólares para encarcelar a los usuarios de drogas. En contraste, Portugal decidió aplicar un experimento monumental: despenalizó el uso de drogas en 2001, incluso de heroína y cocaína, y lanzó una importante campaña pública de salud para acabar con la adicción. Desde entonces, en Portugal se trata la adicción a las drogas como un reto médico más que como un problema del sistema de justicia.

Si bien, el Decreto que reglamentó el gobierno Duque que tiene como fin el decomiso de la dosis mínima de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como la judicialización de quien exceda el porte de dicha dosis, también es una medida que en la práctica, sirve como contención al acceso de la primera prueba de nuestros niños y jóvenes, evitando el potencial riesgo de una temprana adicción, porque también es cierto, que existe la dificultad de ocultarla, en una sociedad que por muchos años ha estado permeada por el narcotráfico en todas sus escalas, desde la época marimbera de la sierra nevada, pasando por los grandes carteles de Medellín y del Valle.

Las soluciones de mediano y largo plazo deben ser integrales, enfocadas a combatir la oferta del narcomenudeo, la lucha frontal en la erradicación de los cultivos de coca que sobrepasan las 200.000 hectáreas, y tal vez tomar algo de la estrategia de Portugal, fomentando las campañas de prevención desde la primera infancia, y procurando que las acciones de salud pública sean suficientes para atender la adicción. El camino se encuentra trazado y hemos comenzado con una buena medida de contención, pero que debe ser fortalecida con otras en el largo plazo.

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