Educación: no todo es plata

Educación: no todo es plata

25 de octubre del 2018

El aumento de presupuesto, con frecuencia, es entre nosotros la fórmula mágica para mejorar la educación. Las marchas de la semana pasada y las discusiones recientes sobre la educación superior estatal parecen estar centradas exclusivamente en la necesidad de obtener más recursos financieros para las instituciones universitarias y alrededor de ese petitorio se unen directivos y estudiantes.

Hace sesenta años se aprobó un plebiscito que tenía entre sus puntos uno que ordenaba elevar por lo menos al 10 % el gasto público en educación. El efecto fue muy positivo porque en ese entonces se destinaban muy pocos recursos a esta rama y el déficit en términos de maestros y de aulas era enorme. Si se revisa el número de matrículas a partir del Frente Nacional, tanto en educación primaria, secundaria, media y universitaria, se encuentra un crecimiento casi exponencial, que ha sido constante y que nos permite ufanarnos de haber alcanzado cifras muy positivas en todos los niveles.

Cuando la oferta educativa es muy baja, como todavía ocurre en algunos países subdesarrollados, la inyección de recursos para ampliar la cobertura estudiantil trae buenos y rápidos resultados, pero, cuando se ha resuelto el problema cuantitativo y lo que se busca es mejorar la calidad del aprendizaje en los estudiantes, el dinero no es lo primordial. Santos, con un enfoque simplista, propuso que Colombia fuera en un par de décadas el país más educado de la región y en sus dos períodos dobló el presupuesto de la educación pública hasta convertirlo en el más alto frente a los demás sectores del Gobierno, incluyendo la defensa.

El resultado del mayor esfuerzo presupuestario ha sido casi nulo, y en su mayoría se aplicó a la mejora de sueldos de los maestros de Fecode, quienes sí lograron reivindicarse. Los adelantos en educación se miden a través de pruebas internacionales como PISA, en las que nos va muy mal, o de las pruebas Saber, que administra directamente el ministerio, en donde las mejoras han sido mínimas, por lo menos hasta ahora. En mi opinión, las dos administraciones Santos fueron casi perdidas en el área de la educación, excepto por el programa de la primera infancia De Cero a Siempre, impulsado por la primera dama. Las tres ministras de la época dieron tumbos sin orientación y estrategia, tanto en la educación básica como en la superior.

Es muy difícil negar la contribución importante de la educación privada, tanto en el nivel básico como en el universitario. No olvidemos que durante siglos la educación estuvo a cargo de entidades privadas, particularmente de la Iglesia, por lo menos hasta bien entrado el siglo XX. Las primeras escuelas para las poblaciones indígenas, desde la misma Conquista, fueron creadas por los curas “doctrineros” y en la Colonia se fundaron las primeras universidades: la Santo Tomás, el Rosario y la Javeriana, lo que significa que la educación privada tiene una larga tradición entre nosotros. Los primeros esfuerzos por establecer una educación oficial tuvieron lugar al comienzo de la era republicana, donde el vicepresidente Santander jugó un papel relevante. La Universidad Nacional se abrió a finales del siglo XIX y más tarde la de Antioquia. Así, la mayoría de las universidades públicas fueron establecidas durante el siglo anterior y son nuevas.

Considero que el debate no radica sobre si la escuela y la universidad pública es mejor o peor que la privada, o viceversa. Si bien los colegios privados suelen clasificar mejor en las pruebas Saber, hay muchos de carácter público con buena calificación; lo mismo acontece en el campo de las instituciones de educación superior (IES), donde en la punta del ranking suelen aparecer tanto universidades públicas como privadas. Algunos consideran que si los resultados favorecen al subsector privado es porque tanto colegios como universidades cobran matrículas más altas que les permiten tener mejores recursos pedagógicos, lo cual no siempre es una ventaja para los particulares, ya que algunas entidades oficiales han gozado de buenos presupuestos. Tal vez la competencia por el mercado estudiantil juega un papel dinamizador en el subsector privado, lo cual ocurre en menor grado en lo público. También las cargas laborales deben considerarse pues son más pesadas en los establecimientos oficiales.

Lo que no parece tener discusión es que la educación pública es necesaria y debe respaldarse si queremos construir una nación equitativa. La mayoría de la población no tiene capacidad para sufragar los costos de los establecimientos privados, en educación básica y universitaria, por lo cual es imperativo seguir apoyando los esfuerzos de las entidades públicas. Podría ser útil ensayar los programas de subsidio a la demanda como lo ha hecho Chile, siempre que estén orientados a favorecer a los planteles oficiales y no se conviertan en un jugoso negocio de particulares; en esto la política de créditos subsidiados por medio del Icetex debería fortalecerse, más que programas de tinte elitista como Ser Pilo Paga, limitados a unos pocos estudiantes. Todo lo anterior sin olvidar que el rendimiento de los estudiantes depende no solo de lo que le ofrezca la escuela o la universidad, sino especialmente de factores básicos relacionados con la familia, el ambiente, la cultura comunitaria, la nutrición en los primeros años de vida, aspectos que no se pueden corregir desde las aulas.

Si se mira con perspectiva amplia el panorama de la educación en Colombia, el avance en el pasado medio siglo ha sido notable: mejoras significativas en la matrícula en todos los niveles, crecimiento de la educación preescolar, apoyo en el transporte a las escuelas rurales, complementación alimentaria (a pesar de que han sido notables los desfalcos en los PAE), entrega de textos escolares en escuelas rurales y marginales urbanas, mejor preparación pedagógica de muchos maestros, conectividad y apoyo en medios digitales, etc.

Es necesario considerar las peticiones justas y necesarias en favor de la educación básica y superior, sin que ello sea consecuencia de marchas y paros, como ha sucedido en el pasado reciente, cuando este tipo de manifestaciones puso contra la pared al Gobierno y aprovechó su debilidad. No es un buen mensaje aumentar en 500.000 millones de pesos el presupuesto de la educación y más tarde adicionar dos billones más, solo para tranquilizar las marchas estudiantiles. Lo mismo pasó con los paperos y camioneros en el Gobierno anterior y los problemas continuaron.

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