El próximo miércoles, 10 de octubre, se realizará la marcha nacional estudiantil en defensa de la universidad pública que acusa un déficit de $1.4 billones para funcionamiento y de $15 billones para infraestructura, según cifras del Sistema Universitario Estatal (SUE). La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, hizo un llamado angustioso: “Necesitamos conseguir $60 mil millones antes de diciembre” y agregó, “Es urgente.”
Al cumplirse siete años de las jornadas estudiantiles de 2011, la crisis universitaria sigue agravándose. En ese año, el estudiantado conformó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) que articuló un movimiento unificado de 31 universidades públicas, la mayoría de las seccionales del SENA y 25 universidades privadas. El reclamo fue por el derecho a la educación, la autonomía universitaria y la construcción participativa de la reforma que el gobierno aspiraba a sacar adelante que contemplaba el ánimo de lucro hasta hoy vedado del sistema universitario colombiano.
Con movilizaciones in crescendo en los meses de septiembre, octubre y noviembre, el movimiento estudiantil logró su objetivo. El 10 de noviembre, con la Toma de Bogotá en la cual marcharon 120 mil personas entre estudiantes, padres de familia y sindicatos de trabajadores en solidaridad, el proyecto de ley del Gobierno fue retirado, con la promesa de la elaboración de uno nuevo con participación de los estamentos universitarios, la cual fue incumplida.
Como testigo de excepción en mi condición de Alcaldesa de Bogotá (D), quiero rendir testimonio de la calidad del liderazgo de los jóvenes estudiantes que asumieron, no sin grandes dificultades, el desafío de modificar la cultura del tropel que se había incrustado en el movimiento estudiantil y que le impedía resurgir. El primer acierto fue la conformación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que celebró su primera reunión en la Universidad Nacional a mediados de agosto. Allí se dieron cita todas las organizaciones, líderes y estudiantes para establecer la táctica de su protesta, que la mantuvo unificada a través de la construcción colectiva y horizontal de todas las decisiones.
Ese colectivo planificó foros, marchas en más de treinta ciudades y hasta una continental y estableció interlocución, a través de sus voceros, con las autoridades del Gobierno de la ciudad. Desde septiembre, un equipo de la Alcaldía inició los contactos que dieron paso a un elaborado entramado de diálogos y acuerdos entre las autoridades distritales, la Policía, y el bienestar universitario y los líderes estudiantiles de las distintas universidades para garantizar el derecho a la protesta, bajo criterios de corresponsabilidad.
La disciplina de los estudiantes y la política democrática de protección de la protesta garantizaron movilizaciones multitudinarias, con apenas unos pocos brotes de indisciplina que fueron controlados sin afectar la movilización y el orden público, de lo cual da fe el abrazatón de la MANE a los miembros de la Fuerza Pública.
Esa nueva forma de expresión estudiantil permitió que la ciudadanía conociera sus reclamos y propuestas generando un ambiente de simpatía con las reivindicaciones de una educación pública gratuita y de calidad. Es una aspiración todavía vigente cuando los cupos universitarios son totalmente insuficientes. En la Universidad de Córdoba aspiran al ingreso 20.000 jóvenes, pero solo hay cupo para 2,000; en la de Antioquia, 51.00o aspirantes para 5.000 cupos y así sucesivamente. La matrícula a nivel nacional para pregrado ha pasado de 365.985 en 2004, a 576.393 estudiantes en 2017, pero los presupuestos se siguen rezagando. En el mismo periodo, la inversión anual por alumno se ha rebajado de $10’825.000 a $4’785.338, la cuarta parte de lo que vale tener un interno en la cárcel.
El reclamo estudiantil del próximo miércoles está ampliamente justificado. El derecho a la educación superior y de calidad no da espera en la era del conocimiento y de la cuarta revolución industrial. Las autoridades deben tomar nota. La protesta y movilización ciudadana requiere de ambas partes para no decaer en perturbación del orden público. El Alcalde Peñaloza y los demás alcaldes deben atender la protección de la protesta y no permitir que los ecos de las declaraciones del Ministro de Defensa se manifiesten en estigmatización y represión.
