El aceite del post conflicto

Conforman la mejor comunidad agrícola de Colombia, nunca promueven paros, contribuyen con la preservación del medio ambiente, ayudan a sustituir cultivos ilícitos, reactivan la economía en zonas apartadas y garantizan el aceite de cocina y el biocombustible a 47 millones de colombianos. Me refiero a los seis mil productores de palma de aceite que este año estarán alcanzando una meta de 500 mil hectáreas sembradas y una producción de mas de 1.2 millones de toneladas de aceite crudo. Ellos, han sido el aliado estratégico del Gobierno Nacional para llevar inversión social y progreso en corredores geográficos que antes estaban secuestrados por el narcotráfico, la violencia y la prostitución. Las regiones de Tibú, Magdalena Medio, Sur de Bolívar, Tumaco, María la Baja, el Meta y Vichada, son el más claro ejemplo de esta reconversión agrícola exitosa. Este proceso, que comenzó con el Plan Colombia del gobierno Pastrana, permitió que muchos empresarios de los subsectores de la palma, cacao, caucho, forestal y frutales, crearan alianzas productivas con pequeños y medianos productores para sustituir cultivos ilícitos. Mientras una hectárea de coca, marihuana o amapola le generaba al campesino ingresos mensuales por un millón de pesos, el proyecto asociativo con el empresario le garantizaba el doble de los ingresos, por un periodo de hasta 28 años y en tan solo un área de 12 hectáreas. El resto de la parcela, la dedicaban a proyectos de ganadería y cultivos de pancoger. Claramente, a las Farc no les gustaba este modelo asociativo porque les redujo -en menos de diez años-, unas 100 mil hectáreas de coca. Tal vez por ello, comenzaron a través de varias ONG, congresistas y sus periodistas/columnistas de un par de medios importantes del país, una campaña mediática de desprestigio contra los empresarios de la palma y otros gremios de la producción agropecuaria. Como en este país, una calumnia la convierten en verdad en menos de dos horas, alcanzaron a estigmatizar a los empresarios de la palma como despojadores de tierras y deforestadores de bosques naturales. Nada mas perverso y lejano de la realidad. Pues ahora, que estamos a punto de firmar la paz en Colombia, me imagino que el Gobierno Nacional y las Farc, estarán pensando en implementar este modelo asociativo si en verdad pretenden garantizar a largo plazo una vida digna a los 8000 reintegrados de la guerrilla.  No será cosa fácil integrar victimas y victimarios, pero habrá que intentarlo si en verdad queremos que este país salga adelante. Esto solo será posible, si el presidente Juan Manuel Santos y sus ministros de Agricultura y Hacienda, diseñan una política agraria que garantice la sostenibilidad y rentabilidad de los agro negocios a largo plazo. En términos prácticos, hay que destinar 800 mil hectáreas, ocho mil viviendas y garantizar los recursos de inversión para subvencionar insumos agrícolas, semillas, instalación de sistemas de riego, compra de maquinaria, equipos e infraestructura de almacenamiento de alimentos, líneas de crédito a largo plazo, transferencia de tecnología y un mecanismo de sustentación de precios de mercado. Es así como se resuelve este problema del post conflicto, porque nadie en Bogotá, les va a dar empleo a estos reinsertados. En el tintero: Ministra Cecilia Álvarez, los vendedores ambulantes, la falta de guías bilingües y la ausencia de planes turísticos locales, están espantando a los cruceros de Santa Marta. *Consultor en financiamiento agroindustrial.