El consuelo de trabajar en el sector educación es el sector ambiente

El sector ambiente y el sector educación tienen varias cosas en común: le importan verdaderamente a pocos colombianos; son populares y políticamente correctos, y por lo tanto los utilizan para producir titulares en los medios de comunicación; son estos sectores los que primero se debilitan institucionalmente y a los que se les recorta el presupuesto cuando se plantean medidas de austeridad; y al no considerarse como sectores prioritarios, sus políticas han sido tradicionalmente débiles, lo que conlleva, en el largo plazo, repercusiones negativas sobre el bienestar de los colombianos. Desde los inicios de su primera administración, el presidente Santos viene utilizando al sector ambiental para llamativos titulares. Arrancó con su reunión y “posesión” ante las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta hace cuatro años y continúa utilizándolo, como lo hizo hace pocos días en su discurso sobre cambio climático en la ONU. Se hace evidente, el tema ha sido claramente prioritario en el discurso, pero desafortunadamente, en la política, no. Colombia no cuenta con una política de desarrollo sostenible, mucho menos con una de ambiente y está lejos de contar con programas para el desarrollo de energía limpia, como lo afirma Santos en su discurso. No existen vínculos entre la política económica y la débil política actual de investigación, ciencia, tecnología e innovación para direccionar el modelo de desarrollo del país. Nuestro modelo económico hace años dejó de basarse en el fomento a la agricultura, nuestro desarrollo industrial se debilita con el paso del tiempo y, en cambio, la dependencia de Colombia en actividades de economía extractiva cada vez es más fuerte. Esta es la consecuencia de la falta de planeación de los gobernantes, cuya mayor preocupación es cumplir con sus compromisos políticos, olvidando frecuentemente las necesidades estructurales del país. A nuestros gobernantes no les ha importado que este modelo esté acabando con nuestros recursos naturales, produzca poco valor agregado en conocimiento e innovación, y genere poco empleo. Pero no sólo nos volvemos cada vez más dependientes de la economía extractiva, sino que contamos con políticas agresivas y perjudiciales para incentivarla, como las excepciones tributarias justificadas en la confianza inversionista (que si somos, como afirma el Gobierno, un país seguro y atractivo, no entiendo por qué nos empeñamos en mantenerlas). Adicionalmente, ahora también se proponen licencias ambientales exprés, que como dijo Julio Carrizosa en su última columna de El Espectador, pareciera que partieran de suponer que los funcionarios que las otorgan lo hacen lentamente porque no les han dado la orden de tramitarlas con rapidez. ¿No tendrá más bien que ver con la capacidad técnica que se requiere para ese análisis y la complejidad del trabajo? Y como lo afirma también en su libro Colombia Compleja, nuestro país es absolutamente complejo, pero llevamos décadas pensando que se puede administrar con soluciones simples. El caso de las licencias exprés es el perfecto ejemplo de esto, pues, según el Gobierno, los problemas económicos del país relacionados con el retraso en la infraestructura o con nuestra capacidad de producción petrolera y minera, nada tienen que ver con nuestra ineficiencia administrativa, la falta de políticas de largo plazo, así como la corrupción y el clientelismo que nos caracterizan, sino con las licencias ambientales. El ministro Vallejo, quinto en la cartera de ambiente del gobierno de Santos (sin contar la no posesionada “ministra” Bessudo), como en las peores épocas del sector educación donde cambiaba el ministro cada nueve meses y ninguno era del sector, dice que se entregarán las licencias con toda la rigurosidad técnica. Excusarán mi escepticismo, pero esto lo afirma un Ministro que no sabe de la cartera que maneja y que además cuenta con poca capacidad institucional y escasos recursos. El Ministerio de Ambiente fue creado finalmente en 1993, pero sólo 10 años después desapareció, para convertirse en un simple viceministerio, y aunque en la primera administración Santos se constituye nuevamente como Ministerio, no se le asignan ni el personal ni los recursos suficientes para su óptima operación. Adicionalmente se crean nuevas instituciones para apoyar su labor técnica, como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), pero ahora, por medidas de austeridad, la piensan acabar. Para completar, el sector cada año cuenta con menos recursos: en 1998 el presupuesto de ambiente equivalía al 0.18 por ciento del PIB, y hoy, con muchas más responsabilidades, corresponde sólo al 0.06 por ciento. En conclusión, el sector claramente no cuenta con la capacidad para otorgar licencias ambientales con la suficiente rigurosidad, mucho menos las exprés, y lo que es peor, no tiene capacidad alguna para controlar su efectiva implementación. Como con las políticas en educación, las de ambiente pueden orientar el modelo de desarrollo del país y por consiguiente sus repercusiones son muy importantes. El consuelo que este panorama del sector ambiental le puede dar a quienes trabajamos por la educación no compensa el costo que pagará el país en el largo plazo. Sin claridad, capacidad institucional, ni prioridad gubernamental para el sector ambiental, cada día que pasa es un día que Colombia pierde en la construcción de un país con oportunidades para todos, donde todos quepamos, podamos aportar y podamos construir una sociedad que no resuelva sus carencias a costa de las necesidades de las generaciones venideras.