El despertar de Egipto

17 de febrero del 2011

Como en toda dictadura, el gobierno de Hosni Mubarak tenía soporte especial en cinco “articulitos” de la Constitución, que aseguraban la supervivencia del régimen, normas que días antes de su dimisión, supuestamente había prometido anular.

La Constitución que parece haber sido suspendida por los militares que detentan el poder de manera transitoria, tenía las siguientes perlas: en materia electoral lo que regía para las próximas elecciones presidenciales permitía que solo un reducido número de candidatos pudiera presentarse: el Partido Nacional Democrático de Mubarak (PND) y otros pequeños partidos de muy poco peso. Desde luego, en un Estado democrático debe permitirse la presencia de candidatos independientes, o de distintos partidos, con visiones diferentes sobre los problemas y las soluciones, que permitan a los electores escoger libremente.

Es propio de todo  tirano  quererse mantener indefinidamente en la presidencia, por lo cual la Constitución egipcia al regular la duración del mandato le aseguraba a Mubarak el poder hacerlo de manera indefinida – se encontraba en su quinto mandato – y dada su avanzada edad, alistaba la candidatura de su hijo quien a su vez podría también permanecer en ella de manera vitalicia. Es propio de las democracias, por el contrario, que haya alternación en el poder, lo cual se asegura con un juego electoral limpio donde puedan participar pluralidad de partidos políticos y de candidatos.

En regímenes autocráticos es muy fácil que se presente el fraude electoral a favor de quienes detentan  el poder, como sucedía en Egipto, y de ahí la importancia de que exista control judicial independiente y efectivo, el cual había sido eliminado en ese País en 2007. La Comisión Electoral tampoco constituía garantía, por cuanto su composición reflejaba a quien controlaba el Parlamento (algo similar a la composición actual del Consejo Nacional Electoral colombiano, en virtud de la reforma hecha a la Constitución de 1991).

La Carta egipcia también consagraba el principio de que solo el Parlamento podía pronunciarse sobre la elegibilidad de sus miembros. Con este fundamento la mayoría del Partido en el poder ha ignorado los fallos de los tribunales que invalidan los resultados electorales.

En materia de justicia, no podía faltar tampoco en un régimen despótico el juzgamiento de civiles por tribunales militares, por lo cual el artículo 179 permitía al presidente transferir cualquier asunto relativo a la lucha contra el terrorismo para que fuera juzgado en cualquier tribunal, incluyendo los militares. El Gobierno abusó de los tribunales castrenses en casos que supuestamente afectaban a la seguridad nacional y para juzgar a islamistas. Las leyes de emergencia vigentes desde 1981 también permiten juzgar a civiles en tribunales militares.

El pueblo egipcio le demostró al mundo una capacidad admirable de lucha pacífica, hasta lograr el retiro, o más bien la huída del dictador, a un mes de la huída del dictador tunecino Ben Alí; y, dada la espontaneidad del movimiento político surgido de “la calle”, razón tienen los revolucionarios en no querer abandonar la Plaza Tahrir, hasta que no haya garantía de que la Constitución que se expida, acabe de un tajo con normas como las mencionadas, propias del absolutismo más rampante.

Hasta el momento no son claras las señales de los dirigentes militares sobre cuál va a ser la respuesta a la voluntad popular de cambio, pues no se han pronunciado sobre las diez reivindicaciones  solicitadas por el movimiento popular, entre las cuales están la abolición de la actual Constitución y sus modificaciones, la formación de una Asociación Constitutiva que se encargue de redactar una Constitución democrática que esté en concordancia con las constituciones  de las democracias  más legendarias y con las cartas internacionales de derechos humanos, que sería aprobada por un referendo popular. Tampoco se han atendido las relacionadas con la libertad de formación de partidos políticos, la libertad de expresión y de tráfico de información y la libertad sindical y de formación de organizaciones de la sociedad civil, ni tampoco las relacionadas con la derogatoria de todos los Tribunales militares y la anulación de todas las sentencias dictadas por los mismos contra civiles.

Egipto, país de 82 millones de habitantes y que se considera la capital de hecho de otros 170 millones   de árabes, se merece un cambio político. La pregunta de los analistas es si los militares están dispuestos a quedar al margen del gobierno y a obedecer a un poder civil, lo que no ocurre desde 1952; además, si van a permitir que se establezca la responsabilidad de Mubarak con su fortuna de 70 mil millones de dólares.

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