El enemigo de la paz

4 de septiembre del 2012

No es Uribe como algunos lo ven. Nadie, ni él ni sus seguidores están en contra de ella. Puede que crean en otros medios de alcanzarla y/o que esperan algo diferente de ella, pero no es justo decir que no la desean. Se ha dicho que cuando un problema está bien diagnosticado y bien entendido […]

No es Uribe como algunos lo ven. Nadie, ni él ni sus seguidores están en contra de ella. Puede que crean en otros medios de alcanzarla y/o que esperan algo diferente de ella, pero no es justo decir que no la desean.

Se ha dicho que cuando un problema está bien diagnosticado y bien entendido ya se tiene el 90% de la solución. Aún más correcta es la recíproca: una mala comprensión o un error en el diagnóstico de base al atacar un problema lleva irremediablemente a fracasar en el propósito buscado.

El verdadero enemigo de la paz es equivocarnos en el análisis del conflicto y de los factores que giran alrededor de él.

Lo que muestran las encuestas y las estadísticas es menos determinante que lo que ellas omiten. El punto de partida de que nunca se habían encontrado mejores posibilidades y condiciones para pactar con la guerrilla es cierto; lo que no es tan evidente es el porqué.

Tan errado es creer que la guerrilla existe por idealismo, como asumir que son solo un negocio, o que tienen una especie de pasión por el terrorismo. Estos son instrumentos que usan para mantener su presencia, pero no son ni el objetivo ni la razón de su existencia. Hoy quienes en ella se enlistan ni saben ni entienden que alternativa se busca, ni van a la selva a enriquecerse con el negocio del narcotráfico: son colombianos comunes a quienes circunstancias personales —injusticia, venganza, adaptación a un control territorial, la lujuria del poder, o incluso el incentivo de dar algo a sus familias—, les ofreció eso como la mejor opción de vida.

Quienes la lideran no pueden ser ciegos a que tomar el poder por las armas —y más con el cambio en la relación de fuerzas— es imposible. Pero más importante es que deben darse cuenta que el objetivo ideológico o programático de reivindicaciones sociales es algo que la realidad ha impuesto a los gobiernos, y que los actos terroristas hoy solo cumplen la función de antagonizar cualquier eventual simpatía por su lucha; que al seguir por el mismo camino no avanzan sino retroceden.

Que el contexto internacional ya no es el de la guerra fría, y no existen expectativas de montar u obtener respaldo a ideas de modelos de Estado como el que inspiró su lucha; que hay ejemplos con mejores resultados tanto aquí (el M-19) como en otros países (Pepe Mujica o Dilma Rousseff); y que la parapolítica y la ‘guerra sucia’ en forma del paramilitarismo —que justificaban tanto política como vivencialmente el mantener una actitud de enfrentamiento armado contra quienes las impulsaban— desaparecieron (aunque no totalmente) y hoy son perseguidas y rechazadas por todo el mundo.

Es cierto que si quieren seguir pueden contar con la gasolina del tráfico de drogas. Pero que ese negocio arrastra o induce la existencia de los rebeldes no lo es. Asumir que lo fuera implica que solo el fin del narcotráfico permitiría una negociación del enfrentamiento con ellos. Los dos problemas son de naturaleza diferente y deben tratarse diferenciadamente.

La insurgencia tiene todas las razones para buscar el fin de su situación y ninguna para aspirar a prolongarla. Alegar que se debe desconfiar de ellos porque lo que buscan es rearmarse sin respaldar esto con argumento alguno, es, además de la falta de sindéresis, uno de los verdaderos obstáculos en el camino. Lo que sí es cierto es que la universalización de la Justicia y el énfasis en los principios de los Derechos Humanos incidirán en los límites de lo negociable.

El avance logrado, que muestra que del lado del gobierno Santos va más allá del simple ‘desear’ la paz y tiene voluntad —es decir, incluye análisis y acción— para buscarla, es que la agenda de conversaciones coincide con los pasos progresistas del gobierno: las leyes de víctimas, de restitución de tierras, de marco jurídico para la paz, las indemnizaciones, las viviendas gratis, la política internacional, estaban orientadas a esto y son pasos que acercan a las partes, y, sean objetivos o sean pretextos, han perdido fuerza como argumentos para mantener una guerra.

Que la motivación de Santos en buena parte sea o no la vanidad de querer pasar a la historia no quita que Santos sea quien tiene más capacidades para lograr la firma de un acuerdo (al fin y al cabo buen pokerista). Pero sí debe tenerse en cuenta que eso implica que da más importancia a la apariencia de que algo se hace que al contenido (ya pasó con la reforma a la educación y a la Justicia).

Ese riesgo se corre con los pasos dados. A través de la ley de restitución de tierras solo se han entregado 16.000 de los 4 millones de las hectáreas que fueron desposeídas. También ha habido una proporción parecida en cuanto indemnización a las víctimas del conflicto (por vía administrativa), y solo para octubre se espera comenzar los trámites judiciales para cumplir a menos del 1 por mil de los afectados. O la promesa de entrega gratuita de 100.000 viviendas no debe engañarnos respecto al fracaso de 1 millón prometidas o de la falta de programa para los 4 millones faltantes.

Algo mejora el que se reconozca la necesidad de tocar estos temas. Pero su efectividad y la posibilidad de que se concreten está ausente de la agenda acordada con la guerrilla: lo que si traería “no una paz retórica, ni ingenua, ni mediática, sino real, genuina, palpable” (como lo dice el General Naranjo), sería el debate y el acuerdo sobre el modelo de desarrollo económico y político que debe seguir el país.

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