El “Enfermero” negado

4 de enero del 2016

Sobre el tema de los abortos en las filas guerrilleras se ha venido hablando por años

A través de comunicados y contra comunicados se ha dado un debate peligroso que genera, en todo caso, un nuevo y gran escollo al proceso de paz. Por esto es fundamental que lo más pronto posible se saque esta discusión de los titulares de los medios y se lo lleve a la mesa de la Habana para esclarecer las acusaciones que se derivaron a partir de la detención en España de un tal Héctor Albendis Arboleda, pedido en extradición por Colombia bajo la acusación de haber practicado más de 500 abortos a guerrilleras de las Farc.

Soy conciente de que sobre el tema de los abortos en las filas guerrilleras se ha venido hablando por años, pero nunca se había concretado en algo tan contundente como un detenido específico acusado de practicarlos. Eso es lo que ahora está pasando y no podemos aceptar que en semejante barbaridad las cosas se queden ahí, como quien se excusa de un acto tan baladí como un pisotón.

Dice la Fiscalía que cuenta con testimonios de mujeres re insertadas que aseguran haber sido obligadas a abortar cuando estaban al servicio de la subversión y que quien les practicó la operación para interrumpir el embarazo fue precisamente este hombre, que ejercía como enfermero en el Huila. Dicen las Farc, desde la Habana, que revisaron sus bases de datos y no encontraron el nombre del acusado por ninguna parte y por ende concluyen que no era militante de esta organización.

En este panorama la sola duda hace mucho daño y siembra desconfianza en un proceso que ha logrado superar muchos y muy difíciles escollos. Sin embargo la acusación de practicar abortos a la fuerza o bajo la amenaza de una ejecución no es una más, reviste una gravedad mayor ya que se configura como un delito sexual en nuestro código penal y un crimen de guerra en la legislación internacional.

Ahora, por otro lado, si las acusaciones resultaran sin fundamento y las testigos no pudieran corroborar sus relatos, estaríamos frente a otro de los graves falsos positivos judiciales, a los que nos tiene tan acostumbrados la Fiscalía General de la Nación. Recordemos la acusación contra Sigifredo, como el más notable pero no el único, falso positivo.

Se habla de 500 abortos y eso es un número mayor, algo que no ha podido pasar sin el consentimiento de la dirigencia o por lo menos del comandante de esa región. De ser cierta la cifra, ese mismo número de testimonios o algo cercano debería aparecer con nombres propios, como testigos directos y víctimas de semejante crimen atroz. Que las presente de inmediato, que nos dejen conocer sus relatos o las dejen conocer en la mesa de la Habana como víctimas a ser reparadas y merecedoras de la verdad de un grupo que espera el perdón en la justicia transicional, precisamente por confesar sus crímenes.

Ahora, si por el contrario, esos testimonios no existen, o son inventados, habría que de inmediato sancionar ejemplarmente a quienes están detrás de semejante montaje. Pero esto no se puede quedar así no más. Es demasiado grave de lo que se acusa a las Farc como para que pase con un desmentido o demasiado grave lo que estaría haciendo la Fiscalía si es una patraña sin fundamento probatorio.

La Paz, ese bien supremo por el que estamos dispuestos a tantas cosas, merece la verdad, la pura verdad de todos lados: de la institución que investiga, de los acusados incluido el tal enfermero y de las víctimas, si es que de verdad existen.

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