"Vale, muchasitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión”. Más claro no canta un gallo. Y, a renglón seguido, procedió a recomponer su gabinete ministerial y anunciar varias medidas, todas ellas de tipo social, en su intento de sofocar las llamas que amenazaban con abrazar al establecimiento.
Cabe preguntarse qué pasó en Chile, cuyo modelo económico se consideraba paradigmático en Latinoamérica y de la noche a la mañana se produce semejante estallido. Según el profesor emérito chileno de la Universidad de Oldenburg (Alemania) Fernando Mires en su país existe un “fuerte malestar de fondo, oculto y reprimido que de repente aparece a borbotones”. En su concepto, dicho malestar viene provocado por las fuertes desigualdades sociales que generan “privilegios solo al alcance de unos pocos, lo que termina generando un resentimiento social en la vida cotidiana del país”. El rechazo al aumento en el precio del pasaje en el Metro en 30 pesos fue sólo el florero de Llorente.
Chile y Colombia tienen en común que lograron reducir sensiblemente la pobreza y la pobreza extrema, en virtud del largo ciclo (2003-2012) de precios altos de las materias primas (cobre, petróleo, carbón, oro y ferroníquel, especialmente), gracias al cual en Colombia, por primera vez, la clase media supera el porcentaje de la población que está por debajo de la línea de pobreza. Pero, ojo, gran parte de esa clase media está en condiciones de vulnerabilidad, esto es, con un pie en la clase media y el otro en la pobreza, en riesgo de volver a caer en la trampa de la pobreza y se resiste y lucha para impedirlo.
No cabe duda que lo que está fallando es el Modelo y la política económica y social que de él se derivan. Como lo sostiene el Nobel de economía Joseph Stiglitz, “las élites aseguraron que sus promesas se basaban en modelos económicos científicos y en la investigación basada en la evidencia´. Pues bien, cuarenta años después, las cifras están a la vista: el crecimiento se desaceleró y sus frutos fueron a parar en su gran mayoría a unos pocos en la cima de la pirámide. Con salarios estancados y bolsas en alza, los ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba, en vez de derramarse hacia abajo…Los ciudadanos sienten que se les vendió humo. Tienen derecho a sentirse estafados”.
Y de contera, ni en Chile ni en Colombia se ha reducido en un ápice siquiera la enorme desigualdad que acusan. Colombia es el segundo país más desigual del continente y el cuarto en el planeta y nada se está haciendo para cerrar las brechas tanto en ingresos, como en la riqueza y, en la peor de todas, en la tenencia de la tierra. Chile con un coeficiente Gini de 0.45 y Colombia de 0.51 están entre los más altos de la región. Bien dijo el célebre politólogo estadounidense de origen japonés Francis Fukuyama que “la desigualdad deslegitima el sistema político, da origen a movimientos sociales y a actores políticos antisistémicos, configura el escenario para conflictos sociales fuertemente polarizados y para una lucha por beneficios” y este es el caso!
Según el ex presidente Ricardo Lagos que, en lo que respecta al régimen impositivo chileno, “nuestro sistema tributario prácticamente no ha cambiado pese a las numerosas reformas que se han querido hacer” y agregó que en Chile “la mitad de los impuestos que se pagan corresponden al impuesto al valor agregado, al IVA, el más regresivo de los impuestos. Es la gran camisa de fuerza de los sectores derechistas y más conservadores de Chile. Y eso ha sido imposible modificarlo”. Cualquier parecido con el caso colombiano no es coincidencia.
En el caso de Chile, el propio Canciller del país austral Teodoro Ribera Neuman desmiente la intervención e interferencia foránea en su conflicto social y manifiesta claramente que el objetivo principal de su gobierno “es hacernos cargo de las demandas sociales internas y no traspasar este descontento a una intervención extranjera”. Así de claro. Y hablando de Colombia, no se puede seguir, entonces, macartizando la protesta con la ya desgastada monserga del castro-chavismo, la protesta es un derecho legal y constitucional irrenunciable de los ciudadanos que el Gobierno debe respetar y garantizar.
