El eterno conflicto por la tierra

15 de junio del 2017

Si no somos capaces de resolverlo, jamás tendremos paz duradera.

El eterno conflicto por la tierra

Se está revolviendo el avispero del sector rural por cuenta del proyecto sobre tierras, enviado por el Gobierno al Congreso, como desarrollo de los acuerdos de La Habana, y por el Decreto 902 de 2017, que permite entregar cerca de 3 millones de hectáreas, supuestamente despojadas a víctimas del conflicto armado. Esta historia de pleitos, disputas y conflictos se remonta a siglos atrás, a la conquista y la colonia, cuando la Corona española otorgó títulos en las grandes extensiones de América recién descubiertas. De allí en adelante, los Gobiernos republicanos continuaron con la costumbre de “regalar” baldíos, afianzando la tendencia de concentración de la propiedad rural en pocas manos.

Mientras tanto, durante los últimos doscientos años, la tierra no creció en extensión, pero la población sí lo hizo, y sobrevino la disputa por la propiedad rural; el mismo número de hectáreas para mayor número de propietarios. Sin embargo, como las tierras propiedad del Estado eran tan grandes, la repartija alcanza. Un fenómeno atenuante de los conflictos del campo ha sido la fuerte migración de campesinos a las ciudades, hasta el punto que en países como el nuestro menos de la tercera parte de la población habita los campos. La penetración de la frontera rural por colonos, el uso de otras tierras para cultivos ilegales, y sobre todo, la adquisición de predios extensos para el montaje de ganaderías, o simplemente para engordarlos pagando impuestos prediales ridículos, constituyen los factores más significativos en el conflicto agrario.

La preocupación por la situación de los campesinos sin tierra se remonta a la primera mitad del siglo anterior, particularmente en los Gobiernos de López Pumarejo y de Lleras Restrepo, que intentaron hacer reformas, sin mayor éxito. La influencia política de los grandes terratenientes es y ha sido muy grande, tal vez parecida a la de la Sociedad Rural Argentina o de algunas asociaciones de propietarios rurales en Brasil; esta influencia suele tener una amplia representación en el Congreso y en los partidos políticos tradicionales, es decir, en aquellos recintos donde finalmente se decide la suerte del campo.

Tratando de resumir, o mejor, de simplificar el problema, la distribución de la tierra sigue siendo uno de los principales factores de inequidad y de conflicto armado, y si no somos capaces de resolverlo, jamás tendremos paz duradera. La tierra productiva debe pertenecer a tres tipos de propietarios: los campesinos que viven en ella y viven de ella, los empresarios del agro con capacidad de lograr alta producción y el Estado, que debería ser el gran propietario, porque lo que es del Estado es de todos. La tarea de redistribuir justamente entre estos tres dueños, a partir de una situación histórica a través de compras legales, de adjudicaciones legítimas y legales, o de rapiña y desalojo, es de una enorme dificultad. Nadie está dispuesto a ceder, ni siquiera los que saben que se hicieron a la propiedad por vías ilegales o por presiones indebidas.

Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, 800.000 hogares rurales no tienen tierra bajo ningún concepto, y el 60 % de los hogares campesinos están en informalidad al carecer de título de propiedad registrado. Según la Corte Constitucional , el Plan de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales se enfocará en la recuperación de 1.202.366 hectáreas baldías sustraídas a la Nación. El Centro Nacional de Memoria Histórica, el Gobierno y otros grupos han calculado que el despojo y el abandono obligado se pueden calcular entre 5 y 10 millones de hectáreas, y que más de la tercera parte de las tierras han sido abandonadas.

El acuerdo con las FARC, base política de las normas y proyectos de ley sobre tierras rurales, establece la creación del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, un plan de adjudicación gratuita, subsidio integral y crédito especial, la formalización masiva de la propiedad rural y mecanismos para la resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra. De ninguna manera —dice el Gobierno— “se podrá menoscabar, disminuir o desconocer el derecho a la propiedad privada debidamente registrada y legalmente adquirida”. De los puntos del Acuerdo de La Habana, lo concerniente al sector rural es tal vez lo más fácil de aceptar, porque corresponde a un viejo clamor de justicia, no solo de las voces de izquierda, sino de expertos nacionales y extranjeros, y aun de personas lejanas a las ideas marxistas.

La entrega de tierras es apenas uno de los pasos requeridos para revitalizar el campo. Falta agregar aspectos como la capacitación al campesino; el crédito con respaldo de una propiedad formalizada; la dotación de maquinaria e insumos; las redes de datos para conexión a Internet; la construcción de más vías terciarias y de infraestructura de servicios públicos; las redes de distribución, venta y almacenamiento, y los demás elementos que permitan el despegue. Existen estudios que muestran que un campesino capacitado y con los recursos mínimos que requieren los cultivos o la ganadería es igualmente productivo que un empresario grande.

Tranquiliza lo dicho repetidamente por Juan Camilo Restrepo, en el sentido de que podemos entregar más de 3 millones de hectáreas sin quitarle un metro a nadie que sea un propietario regular. Según una nota de Diana Carolina Durán publicada en El Espectador, él mismo ha sostenido que se han otorgado grandes extensiones de baldíos “a individuos y empresas que se valieron de sofisticadas fórmulas jurídicas y contactos para evadir las restricciones legales” . Lamentablemente, el debate sobre la tierra está impregnado de discursos extremistas que buscan descalificar completamente al contradictor: de una parte, quienes sostienen que las FARC se han unido al Gobierno para despojar a los propietarios legítimos de sus propiedades bien habidas y bien explotadas; en el otro extremo, los que dicen que el agro solo debe pertenecer a quienes trabajan sus parcelas con su propia mano.

Hasta acá hemos hablado de los campesinos, por ser la mayor preocupación, pero la otra cara de la moneda es igualmente importante. Los grandes productores de la llamada agroindustria tienen un espacio importante en la política agraria, especialmente si tenemos en cuenta el enorme potencial que tiene Colombia por ser uno de los diez países del mundo con tierras suficientes para ampliar la producción comercial. En este caso, el problema también tiene que ver con la tierra, pues sus proyectos suelen requerir grandes extensiones y existen límites. La solución no puede ser que la Nación les adjudique baldíos como sí lo puede hacer con los pequeños —y particularmente con aquellos que perdieron sus terrenos a causa del conflicto—. Una solución podría ser la figura de arriendo de tierras durante períodos largos (por ejemplo, 20 a 40 años para algunos productos), como sucede en otros países, con lo cual la tierra deja de ser un factor limitante y la Nación puede mantener la propiedad de los baldíos.

El Estado debe ser el gran propietario de tierras para muchos efectos, como podrían ser la conservación del bosque natural, la protección ecológica, la defensa de los ríos y de las aguas, defensa militar, futuras ampliaciones del área agrícola, proyectos de infraestructura y otros. No es fácil entender las razones para que en pleno siglo XXI se continúe con la práctica colonial de regalar tierras como si este fuera un producto renovable y a la vez, la Nación se vea obligada a adquirir, a elevados costos, terrenos que antes eran de su propiedad y regaló.

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