El fallo disciplinario sobre el “carrusel distrital”

7 de marzo del 2011

Tan grande como la corrupción es el reclamo de justicia del país entero por tan cotidiano flagelo.

Así mismo, es generalizada la sensación de inoperancia de nuestro sistema de justicia en cualquiera de sus niveles institucionales. Para nadie es un secreto la debilidad del poder judicial a la hora de producir sus fallos.

El día a día noticioso deja saber de decisiones judiciales, unas condenatorias y otras absolutorias, que no dan confianza sobre el actuar de jueces y “juececillos”.

A esa desconfianza se han sumado recientemente las revelaciones sobre sobornos a testigos para modificar testimonios en favor de acusados, las cuales, además de arrojar dudas sobre fallos ya emitidos con base en testimonios claves, desnudan conductas delictuales de abogados defensores que, quebrantando todo principio, ofrecen dinero a cambio de obtener versiones falsas de los hechos para favorecer a sus clientes.

Dentro de este panorama la figura controversial del Procurador General de la Nación, con su reciente fallo, mediante el cual inhabilita y destituye al contralor de Bogotá, Miguel Angel Moralesrussi y al ex congresista Germán Olano, por sus delitos dentro del llamado “carrusel de la contratación” en Bogotá, surge como ese funcionario de justicia, en su competencia, que da una respuesta rápida (25 días duró el proceso) y eficaz.

En consecuencia, y ante tanta sed de justicia, es probable que el buen recibo de dicha actuación del Procurador despierte falsas ilusiones sobre el anhelado fin de la corrupción en la contratación oficial.

Vayamos al fondo del asunto. No se debe perder de vista que en el caso del “carrusel distrital” la intervención del Ministerio Público, y la que se encuentra pendiente de éste mismo y de otros órganos de justicia, se hizo posible gracias a que salió a la luz pública el incumplimiento del pago de comisiones, extracontractuales, y en todo caso ilegales, pactadas entre los actores de la contratación.

Para nadie es un secreto que como estos pactos no aparecen dentro de la tramitación y los papeles oficiales de los contratos, lo normal es que no haya cómo establecer que existen. Es así como funciona, indetectablemente, desde hace marras, en buena parte de la contratación estatal, la corrupción que nos carcome. Sólo si se rompe el secreto de lo pactado al margen de la ley, y es lo que sucedió en el Distrito (se conoció una conversación que dio cuenta de la inconformidad de unos por el incumplimiento de otros en el pago de las comisiones acordadas), hay espacio para que actúen las autoridades.

¿Qué nos señala lo aquí descrito? Sencillamente, que con los controles establecidos para la contratación estatal y los procedimientos judiciales y disciplinarios con que contamos es poco, realmente, lo que se puede hacer contra la corrupción, por más actuación de procuradores y de demás órganos de justicia. Caso especial es este del Distrito, donde hubo inconformes; pero en los otros, donde todos quedan contentos, hasta ahora no habido cómo detectar esas conductas delictuales.

Así que a no sobredimensionar la actuación de los órganos disciplinarios y de justicia por este caso. En esta oportunidad atípica se les facilitaron las cosas.

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