El juzgamiento de los congresistas

25 de agosto del 2011

La coincidencia entre el caldeado inicio del debate al proyecto gubernamental de reforma a la Justicia, más la realización en Bogotá del 92avo período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que transcurrirá en el Gimnasio Moderno hasta el próximo 2 de septiembre, sumadas a la importante entrevista del Presidente de la […]

La coincidencia entre el caldeado inicio del debate al proyecto gubernamental de reforma a la Justicia, más la realización en Bogotá del 92avo período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que transcurrirá en el Gimnasio Moderno hasta el próximo 2 de septiembre, sumadas a la importante entrevista del Presidente de la CIDH, el jurista peruano Diego García Sayán, sobre cuán vital resulta establecer la doble instancia en el juicio a parlamentarios, obliga a hacer referencia exclusiva a éste aspecto de la reforma constitucional en ciernes, es decir, a por qué es urgente para la estabilidad democrática modificar el sistema de investigación y juzgamiento a  congresistas.

Partamos de una certeza, en Colombia los actores armados al margen de la ley sí penetraron los poderes públicos. Más claro aún, afirmo categóricamente que paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros, con el dinero que produce a raudales el comercio ilegal de drogas y el poder intimidatorio de las armas, permearon, influyeron, determinaron, infiltraron y alteraron el desarrollo y ejercicio de los tres poderes públicos en Colombia, en algún nivel. No fue siempre o en todas partes ni a todos, pero sí sucedió.

Algunos, tal vez muchos, miembros de Concejos, Asambleas y Congreso, al igual que un sinnúmero de alcaldes, no pocos jueces, y también magistrados, pudieron haber sido penetrados por la barbárica combinación de miedo y dinero que ha transformado -para mal- a Colombia durante el largo apogeo del narcotráfico.

Claro ello, debe serlo también que no se trata de negar la existencia de la parapolítica, menos de la innegable aunque impune farcpolítica ni la aún más vieja y persistente narcopolítica; tanto menos de defender casos individuales. Otra vez quizá, pero no ésta. Se trata sí de resaltar cómo se ha malversado la noción de justicia mediante la combinación de un sistema obsoleto, por arbitrario y tiránico, que se mezcló con un clima político enrevesado, causando innegables atropellos y violaciones a derechos fundamentales cometidos en nombre del ímpetu de ajusticiar, como si para hacer justicia se pudiera condenar por “certeza in pectore“, reeditando el arcaísmo de la “verdad sabida y buena fe guardada”, así se arrollaren garantías y derechos universales adquiridos por la raza humana en el camino a la civilización por una senda de más de 3.700 años de evolución de las garantías, desde el código de Hammurabi, probablemente el primer compendio normativo que buscaba impedir la excesiva subjetividad de cada juez.

La facultad otorgada por la Constitución del 91 a la Sala Penal de la Corte Suprema para investigar, acusar y luego juzgar, ¡todo ella misma! en una sola instancia, es decir, sin que ningún otro juez pueda revisar sus decisiones, fue un exabrupto político de los constituyentes y un acto de ceguera del legislativo que luego lo reglamentó y dejó así. Esta abominación procesal no existe en cualquier otra democracia, ya que el mundo civilizado acepta como una verdad mínima que nadie debe tener el poder de ser juez y parte, y eso -y nada distinto- es la Sala Penal hoy en día. Como si fuera poco, ella misma se considera tribunal de cierre, con lo cual en el hipotético caso que fuera capaz de cometer una injusticia, goza también de la presunción de infalibilidad.

Si en contraste con eso consideramos que Colombia es signataria de tratados internacionales que la obligan a garantizar la doble instancia para todos sus ciudadanos; tratados que son parte del bloque de constitucionalidad, queda claro que el régimen que investiga, acusa y juzga a los congresistas, presidido por la Corte Suprema -cabeza del uno de los tres poderes- avasalla judicialmente al Congreso mediante facultades de verdadera inquisición, método que incluso tiene el impudor de llamarse “sistema inquisitivo” como si la Inquisición no fuera una vergüenza histórica solo comparable al holocausto nazi.

A semejante noción, la Corte Suprema de Colombia suele adicionar una sorprendente gama de artificiosas jurisprudencias de aplicación retroactiva, que frecuentemente invaden la órbita del legislador. Con todo eso, el mayor apremio de la reforma propuesta debe ser borrar el tal sistema inquisitivo, quitarle a la Corte la función investigadora y establecer la doble instancia para juzgar congresistas y otros aforados; pero no mediante la bobalicona propuesta de partir en dos cándidas mitades la Sala Penal. Lo cual no solo es una burla al concepto de la doble instancia y se mofa del espíritu del tratado internacional que la prescribe y de las sentencias de la Corte Constitucional que ordena cumplirlos, sino que parte de la base que un solo corazón se puede dividir entre lo justo y lo deseable, lo cual como idea de justicia y equilibrio da risa.

Para que la reforma al sistema de juzgamiento de los congresistas tenga ecuanimidad conceptual, la acusación debería estar en manos de fiscales delegados designados por el fiscal general, la primera instancia podría darse en una nueva Sala Penal, creada especialmente en el Consejo de Estado (que ya se ocupa de las pérdidas de investidura) para que luego la Sala Penal de la Corte Suprema presida la segunda instancia, con el compromiso de que un magistrado titular deba ser públicamente el ponente, como par jerárquico del congresista enjuiciado, y jamás otra vez un auxiliar que por el simple origen de su designación carece de la jerarquía para poder indiciar a una persona cuya investidura proviene de la decisión democrática del constituyente primario, es decir del votante, que es la piedra angular del sistema democrático.

La Corte Interamericana de derechos Humanos reunida en Bogotá, puede sesionar “en frío” y no darse por aludida. Pero en la conciencia jurídica de sus integrantes siempre ha pesado la certeza de la superioridad de sus decisiones ante lo parroquial. Una de ellas, la principal hoy en día, sería pronunciarse sobre el atropello monumental al conjunto de derechos fundamentales arrollados y pisoteados por la suprema corte de Colombia que derrotando imperativos como la no retroactividad de la jurisprudencia o el principio de inmediación de la prueba, modificó el mapa político regional y nacional mediante sentencias condenatorias y jurisprudencia antijurídica.

Algunos eran culpables. Varios son inocentes. Pero todos fueron condenados desconociendo sus derechos fundamentales.

De otro tema: ¿Que les pasó en el alma a las viudas de Joe Arroyo y Escalona? que parecen haber dejado sin cinco a sus herederos naturales. Ya veremos que dice la justicia.

@sergioaraujoc

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