El litoral Pacífico no es tan pacífico

2 de diciembre del 2017

El Estado fue cediendo terreno durante muchos años

El litoral Pacífico no es tan pacífico

A la mayoría de colombianos nos sorprendió el siglo XXI sin entender la importancia, el potencial y los problemas de nuestra costa Pacífica, territorio abandonado y olvidado desde los tiempos coloniales y que continúa siendo tierra de nadie. Recientemente, las malas noticias están llegando al centro del país, señalando que la región es una verdadera bomba de tiempo y que se está convirtiendo en un problema creciente y casi insoluble. Sin embargo, la situación no es nueva: las autoridades centrales tienen noticia de lo que allí se está cocinando, en un caldo fatídico de miseria por ausencia del Estado, convertido en centro principal de producción de estupefacientes, tala indiscriminada de bosques, minería ilegal y otras calamidades.

La región —que podría ser fuente de recursos y tiene la ventaja de mirar hacia la parte del mundo que más está creciendo— se viene convirtiendo en refugio seguro de grupos guerrilleros, de bandas criminales y de narcotraficantes nacionales y mejicanos; además, padece con una dirigencia política local muy corrupta, pésimas vías de comunicación, mala provisión de servicios públicos y sociales y rezago de muchos años de abandono. Tal vez, junto al Catatumbo y el Urabá, la región Pacífica es la zona más “caliente” y compleja, y la que más dolores de cabeza nos va a traer.

Inexplicablemente, los conquistadores españoles no establecieron asentamientos importantes en la costa del Pacífico, la cual se despliega a lo largo de más de 2.000 kilómetros de longitud, desde el límite norte con Panamá hasta Ecuador en el sur. Buenaventura y Tumaco son las dos poblaciones más conocidas, la primera con uno de los puertos más activos del país y con una población que se acerca a los 500.000 habitantes; la segunda menos conocida, pero epicentro de múltiples actividades por fuera de la ley. La población afrodescendiente es predominante a lo largo del litoral, y allí se asentó huyendo del esclavismo organizado desde Cartagena por los europeos a partir del siglo XVII. Durante la naciente república, el gran Estado del Cauca se extendió de sur a norte, abarcando varios de los actuales departamentos, sin hacer presencia alguna en la región; allí los moradores —ellos sí pacíficos— vivían de lo que daban la tierra y los ríos: plátano, maíz, pescado y algunos alimentos más. Su vida había sido, a pesar de la pobreza absoluta, de tranquilidad y rica en tradiciones y culturas autóctonas, todo ello hasta la llegada de fuerzas extrañas y ambiciosas en las últimas dos o tres décadas, organizaciones delictivas que alteraron la paz y la convivencia.

Noticias desgarradoras como la destrucción de Bojayá por acción de las FARC hace unos años, las “casas de pique” en Buenaventura, las quiebras de las entidades públicas y ahora los conflictos cocaleros en Tumaco nos despiertan un poco, mientras pasa el revuelo y olvidamos la desgracia de departamentos como Chocó, Cauca, Valle y Nariño, en su litoral. Miles de chocoanos y habitantes del sur han tenido que abandonar sus querencias y emigrar hacia ciudades inhóspitas para instalarse en los semáforos a fin de obtener un mínimo sustento con lo allí recogen. Son gentes con un desarraigo enorme, sin ancla, sin referencia más allá de sus núcleos familiares, mientras sus tierras fértiles se destinan al beneficio de la más temible criminalidad. El panorama no puede ser más sombrío. Desde nuestras cómodas y frescas oficinas vemos la situación como quien ve una película de terror; los analistas y expertos ofrecen toda clase de explicaciones, sin consultar las angustias que se viven en el terreno, y los políticos se rasgan las vestiduras pero no hacen nada.

Cada vez que sucede una tragedia o se presenta un levantamiento popular, el Gobierno de turno gira unos dineros que llegan a esas tierras desamparadas y se evaporan como las aguas húmedas de las selvas. Si los fondos se administran desde Bogotá, no se enfocan en las necesidades más apremiantes; y si se entregan a la dirigencia local, se esfuman en manos de la corrupción política local y regional. ¿Cuántas veces la Nación ha tenido que salir al rescate del famoso hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, a organizar proyectos de nutrición infantil o a mejorar las condiciones físicas de las escuelas derrumbadas por la desidia?

No será fácil recuperar la normalidad en la región Pacífica, ya que el Estado fue cediendo terreno durante muchos años para que la insurgencia de las FARC, las bandas criminales, los paramilitares, los narcotraficantes y la delincuencia común llenarán los espacios cedidos. Y no menos grave es que, ante la falta de ingresos familiares mínimos en una región donde las empresas prácticamente no existen, surgen las siembras de coca y de amapola como alternativa para subsistir, lo cual convierte a la población en esclava de las mafias reinantes. No puede ser más desolador y peligroso el estado de cosas. A la región no llegarán los exiguos fondos del posconficto porque en ella se mantiene una guerra de baja intensidad, pero de alta letalidad, o sea que persiste el conflicto. Sería interesante escuchar a los precandidatos y, sobre todo, a los candidatos con más probabilidades de ganar, sobre sus propuestas para comenzar a recuperar la tan querida región, que es tan grande como un país y tan abandonada como la selva más espesa de África.

Lo interesante y esperanzador es que paquetes bien estructurados de inversiones, enmarcados en proyectos serios gestionados desde fuera con el acompañamiento de las comunidades, podrían producir resultados sorprendentes en poco tiempo, en áreas como la salud pública, la nutrición y la educación primaria. La mirada del Estado debe posarse sobre la región Pacífica antes de que terminemos de perderla en manos de la delincuencia y de la pobreza.

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