El “mirandazo” del senador Laureano Acuña 

El senador Laureano Acuña, tristemente célebre en los pasados días por el incidente ocasionado en la ya menguada Guajira, por haberse negado a realizarse una prueba  de alcoholemia, revela una mala práctica de desafío a la fuerza pública y en particular a la base de la institucional Policía. Dicho incidente es fiel  copia  de  un mal ejemplo que pasa por el senador Merlano, y avanza  y se potencia en el comportamiento desafiante del actual presidente  de la Corte  Suprema de Justicia, Javier Miranda y su ejemplar familia “la familia Miranda”. Merlano, Miranda y Acuña: Como se  sabe en días pasados, en pleno centro de Riohacha, en la calle 15 con carrera 8ª, para más señas, el senador del Partido Social Conservador, Laureano Acuña, aparece en un video donde a altas horas de la noche aparece negándose vehementemente a tomarse un examen o prueba de alcoholemia, que miembros de la Policía Nacional le solicitaron tras advertir que él mismo podría estar conduciendo en estado de embriaguez. Dicha renuencia tiene  como antecedente  la actitud  de igual forma  renuente del senador Merlano, -“merlanazo”- quien además de la condición de senador aducía una mayoría  electoral – 50 mil voticos que en realidad no había logrado- para pretender colocarse por fuera de la ley. Recientemente tal actitud desafiante fue refrendada por el propio hijo  de Presidente de la Corte Suprema de Justicia, del mismo nombre que su padre, Luis Javier Miranda, asumieron una conducta retadora y despectiva frente a la autoridad policial, cuando aquel se hallaba presumiblemente  realizando actos reprochables dentro de un vehículo oficial asignado para la seguridad exclusiva del magistrado. Tal magistrado retó a los policías, y pretendió intimidarlos para disuadirlos de aplicar el procedimiento respectivo frente a la conducta desafiante ya no solo del hijo, sino de su  progenitor-magistrado así como luego de la sobreprotectora madre del joven  y esposa del magistrado que término igualmente maltratando a los agentes de la Policía. La Procuraduría y lo que sigue: La Procuraduría General de la Nación ha amenazado con emprender una investigación formal que bien podría avenirse con un proceso verbal, es decir muy ágil, que puede terminar apartando al senador Acuña de su vida pública, como bien debería ser. Colombia se sume en una gran paradoja. Por un lado la sociedad entera reclama la seguridad como una de sus principales demandas y define la inseguridad como uno de sus principales problemas, de un lado. De otro, cuando las autoridades legalmente constituidas para proteger al ciudadano frente a los atropellos, actúan de manera firme, como en el caso de la Policía Nacional, bien para averiguar la razón por  la cual un carro oficial aparece conducido por un tripulante  ebrio- como en el caso de los senadores Merlano y Acuña-  o para determinar el parqueo en zona insegura y oscura de manera sospechosa – como en el caso del hijo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia-, son precisamente los altos servidores públicos los más llamados a dar ejemplo de respeto a la autoridad quienes se resisten a acatar los procedimientos y ordenes policiales, y a desafiar groseramente la autoridad del uniformado raso. El problema de fondo es que consideran tales  “altos” servidores públicos –senadores y magistrados- que deben ser exceptuados por la fuerza pública del cumplimiento de sus deberes ciudadanos  y del respeto de la misma ley que unos –congresistas- expiden y otros se hallan obligados a hacer cumplir de manera imparcial y para hacer velar el principio universal de la igualdad ante la ley-magistrados-. Su comportamiento frente a la Policía contradice su código de conducta y ética  pública. Otras lupas: La Uspec, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, adscrita al Ministerio de Justicia, y en particular su directora, María del Pilar Bahamon, esperamos impongan las sanciones ejemplarizantes que derivan del incumplimiento  del suministro de la alimentación y su plan de contingencia en diversas cárceles del país que denunciamos a fines del año pasado  por parte de la Unión Temporal  QTC y que constatamos en Barraquilla, pero más aún en Magague y San Andrés, así como las derivadas de la presentación de información presumiblemente carente de veracidad como es la relativa a sanciones impuestas que le hubieran impedido presentarse en el proceso licitatorio respectivo por cerca de $4.800 millones aproximadamente, para la alimentación de 2.475 internos. @Rveedurias reddeveedurias@redver.org