El “Monstruo de la Sierrita”, la cadena perpetua y la pena de muerte

A raíz de la domiciliaria otorgada a un violador de niños conocido como el “Monstruo de la Sierrita” y que, gozando de ese beneficio, siguió haciendo de las suyas y, al ser descubierto, emprendió la fuga hacia Venezuela, se armó un escándalo nacional de marca mayor. No bastó, para amainar la tempestad, que hubiese sido capturado antes de cruzar la frontera. Las críticas se dirigieron a todos los flancos: contra el juez de ejecución de penas que concedió la casa por cárcel; contra las directivas del Bienestar Familiar, por no estar atentas a un tema tan sensible para la niñez; contra el Estado, por carecer de una política criminal coherente, que evite que aquellos que reinciden en conductas penales vuelvan a la calle, contra la Rama Judicial y hasta contra el Congreso, que, sin tener nada que ver, llevó del bulto. A pesar de que existe una clara prohibición legal que impide que quienes atentan contra la integridad física y sexual de los menores de edad obtengan cualquier tipo de beneficios jurídicos (lo cual no es muy ortodoxo desde la óptica constitucional), el individuo de marras, con varias condenas a cuesta y con la “bendición” de un fallo judicial, se fue a su morada y cada tanto salía a desgraciarle la vida a una criatura inocente. Los medios destaparon la olla podrida, y ardió Troya. Voces autorizadas de la sociedad civil, la política y varios generadores de opinión lanzaron una propuesta –que ha sido recurrente cada vez que se presenta un evento parecido- según la cual es necesario instituir en Colombia la cadena perpetua; otros, más extremistas, hablaron de pena de muerte. Tan pronto los titulares y el inconformismo de la gente demarcaron la agenda nacional, un congresista muy solícito se aprestó a radicar un proyecto de ley que pretende volver una realidad la cadena perpetua. Por supuesto, la galería aplaudió encantada. Por principios filosóficos y humanistas, estoy en contra, tanto de la pena de muerte como de la cadena perpetua. La humanidad ha derramado mucha sangre para llegar a la conquista de unos imperativos legales que eviten que el Estado pueda disponer de la vida de los asociados, en forma tan determinante. Hay países democráticos que contemplan dichas figuras. Sin duda, se trata de rezagos de tiempos oscuros que algún día deberán ser erradicados, si pretenden ser naciones verdaderamente civilizadas. No hay nada más despreciable y reprochable que hacerle daño a un niño; pero eso no puede ser la excusa para que nuestras leyes involucionen, lo que, sin duda, traerá un rosario de injusticias interminables. Y me explico: una justicia tan imperfecta como la nuestra, decidiendo quién vive o quién se pudre en la cárcel para siempre, francamente me produce escalofrío. Si en países serios se cometen errores involuntarios, imagínense lo que podría ocurrir aquí, en medio de tantos intereses políticos y cartas marcadas. Además del problema humano que salta a la vista, en lo que se refiere a la aplicación de la ley, es claro que, al aceptar la cadena perpetua y la pena de muerte como métodos válidos, estamos renunciando a la posibilidad de resocializar a los presos, circunstancia que se erige como uno de los fines de la pena. Quienes apoyan la cadena perpetua y la pena de muerte olvidan que nadie está exento de ser procesado; incluso aquellos que son inocentes. En un país en el que el derecho penal es el arma predilecta contra los enemigos, es mejor no abrirle la puerta a ese tipo de iniciativas. La ñapa I: Para el Centro Democrático, Liliana Rendón no es apta para ser la candidata a la gobernación de Antioquia; sin embargo fue muy útil para buscarles votos a la lista uribista al Congreso y a Oscar Iván Zuluaga a la Presidencia. ¡Qué falta de coherencia y lealtad! La ñapa II: Por vacaciones del suscrito y para dejarlos descansar, esta columna volverá, el lunes 17 de agosto.