El nuevo papel de los gremios y los empresarios

El nuevo papel de los gremios y los empresarios

25 de septiembre del 2018

El papel que los gremios y los empresarios privados deben tener en la construcción de la agenda económica nacional, y en la recuperación de la economía misma, no debe confundirse con el Estado corporativo que propuso Mussolini en la Italia de principios de siglo XX —que otros países han copiado—, o con la actividad principal de algunos gremios, orientada a presentar quejas y pliegos de peticiones al gobierno de turno.

En Colombia todavía no hemos entendido el significado de tener gremios fuertes y respetables que no solo defiendan sus intereses legítimos, sino que, desde su perspectiva y experiencia, contribuyan a edificar las bases del progreso social y económico, impulsen acciones que nos conviertan en un país equitativo, y ofrezcan buenas ideas para la construcción de políticas públicas en los campos de su conocimiento.

No olvidemos que, aunque los gremios representen empresas de producción u organizaciones de servicio, constituyen parte importante de la sociedad civil, porque, sin pertenecer al ámbito del Estado, tienen capacidad, conocimiento técnico y experiencia en el mundo real para influir en altas decisiones que pueden fortalecer la vida democrática de las naciones.

Colombia tiene una buena tradición de relacionamiento entre el Gobierno y las asociaciones civiles, que se remonta al siglo XIX, con las sociedades de artesanos activos en la política liberal, la Sociedad de Agricultores, la Federación Nacional de Cafeteros —de la cual surgieron presidentes y ministros de hacienda—, la ANDI, los centros privados de pensamiento económico como Fedesarrollo y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), y numerosas universidades —como el Rosario en las gestas de independencia—, incluidas las actuales, públicas y privadas.

En los últimos días, ha llamado la atención la presencia del presidente Duque en las asambleas gremiales y la incorporación de una serie de anteriores directores de gremios en la plantilla de ministros. No es la primera vez que esto ocurre, pero en este caso parece una orientación del nuevo gobierno el trabajar de la mano con las agremiaciones empresariales y sociales y sus representantes, que aportan experiencias relacionadas con sus campos de interés y con el conocimiento del país empresarial.

Vienen de centros de pensamiento o de conglomerados empresariales los ministros de Defensa (Fenalco), Interior (celulares), Justicia (Corporación Excelencia en la Justicia), Hacienda (Fedesarrollo), Agricultura (Fenavi), Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Facebook y Apple), y varios colaboradores del segundo círculo del Poder Ejecutivo.

Al hablar de gremios no nos limitamos a las asociaciones de empresarios privados, sino a un conjunto amplio de grupos que abarcan sectores económicos, sociales, culturales y comunitarios. Si bien muchos gremios se dedican exclusivamente a la organización y defensa de sus intereses particulares, otros realizan serios proyectos relacionados con el país y por ello cumplen una función cuasi gubernamental de aporte al conocimiento de los problemas que se viven en las calles o en las veredas rurales. La presencia de gremios en el debate público se suma a la de los centros de pensamiento, tanto de orden privado como público.

No cabe duda de que el concurso del sector privado es importante porque la riqueza la crean las empresas y estas complementan el esfuerzo del servicio público, sin olvidar que el Estado y el empresariado están situados en dos extremos, ambos necesarios, y que el trabajo armónico, pero a la vez independiente, es el que se convierte en una sinergia. La actividad del país no puede limitarse únicamente al seguimiento pasivo de los mercados por parte de un Estado observador, como algunos economistas neoclásicos sugieren, ni puede ser solo un ejercicio de regulación y control que ignore la dinámica económica y social, como creen ciertos ideólogos de izquierda.

Lo que ha demostrado ser un factor de desarrollo y competitividad es estimular a las empresas privadas para que avancen y hagan lo que saben hacer, mientras el Estado no abandona su papel de regulador y controlador del cumplimiento de las reglas, como ocurre en Corea del Sur —que hasta hace medio siglo era un país con un PIB per cápita inferior al nuestro y actualmente se ha convertido en una potencia industrial y exportadora; es decir, en un milagro económico—.

Lo mismo está sucediendo en la gigantesca China, donde el Estado ejerce el papel de rector y principal inversor, y deja en manos de enormes empresas privadas y públicas las tareas que le son propias y que hacen mejor que los gobiernos. Como diría un expresidente alemán: “En economía, tanto Estado como sea necesario y tan poco como sea posible”.

La experiencia de América Latina muestra que los momentos de mayor impulso económico coinciden con aquellos en los que aumenta la inversión privada nacional e internacional, ya que los gobiernos tienen cada vez menor margen de ahorro para dedicarlo a inversiones productivas, toda vez que las nóminas oficiales son onerosas, las obligaciones crediticias han crecido, el pago de la seguridad social se hace cada vez más exigente, y el llamado gasto social es inexorable, lo que le resta flexibilidad presupuestal. Sin embargo, existen muchos campos donde los inversionistas privados no entran y la inversión debe ser deben ser asumida por los gobiernos, principalmente en el área social.

Además, los gobiernos no son han sido buenos para manejar actividades comerciales, industriales, bancarias, y servicios sociales complejos, como la salud; en primer lugar, porque las empresas oficiales casi nunca están orientadas hacia el lucro o ganancia, sino al servicio público; los controles a su producción suelen ser ineficientes; adquieren compromisos políticos y laborales que les impide competir; y casi siempre carecen de capacidad financiera para invertir y para innovar en tecnología. Como si lo anterior fuera poco, casi nunca se quiebran y eso no es bueno en un sistema competitivo.

La historia colombiana muestra que, en general, las diferentes administraciones nacionales han sabido trabajar de la mano con los inversionistas privados, muchas veces sobreprotegiéndolos y dándoles excesivas gabelas. Ha llegado el momento de fortalecer el binomio Estado-sector privado, bajo los principios de la independencia, el diálogo, la colaboración y el fomento a la iniciativa particular. Esto se logra de muchas maneras, no solo rebajando impuestos a las empresas, sino a través de proyectos conjuntos donde cada sector aporta parte de lo suyo. Allí puede estar el éxito de la administración Duque.

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