El Permanente Limbo de los Paras

6 de diciembre del 2010

En épocas decembrinas de homenajes y reconocimientos, a Luis Carlos Restrepo, el comisionado de paz de Uribe, lo podríamos elegir como el autor de la improvisación política más destacada de los últimos tiempos: la negociación, desmovilización y reinserción de las organizaciones paramilitares.  El “doctor ternura” condujo, sin ningún rubor, a todo un ejército irregular y bastante degradado, a una situación permanente de Limbo político y Jurídico.

Este “Limbo” de los paras, es un estado similar al de aquellas “almas que aguardan la redención del género humano” como lo ilustra el relato bíblico. Deriva de un proceso cuyo “trauma de nacimiento” fue asumir las Autodefensas como un típico ejército contrainsurgente y demeritar los estándares de verdad, justicia y reparación para las víctimas que hoy todo proceso de paz debe incorporar si quiere la complacencia de la comunidad internacional.

El país se ilusionó con el desmonte de esta maquinaria de muerte y terror. Y quizás por ello no hizo mayores reparos a la compra de franquicias de las AUC, ni a la incursión de reconocidos narcos en las mesas de negociación de Ralito, ni al mantenimiento de estructuras mafiosas como la “oficina de envigado” luego de la desmovilización. Lo grave fue la actitud contemplativa, o quizás complaciente, del gobierno. Cuando quedó al descubierto el carácter mafioso de estos grupos, el gobierno extraditó a Estados Unidos, en una decisión intempestiva y polémica, a los principales jefes paramilitares. Mientras el gobierno se sintió asaltado en su buena fe por narcos disfrazados de contrainsurgentes; los paras sintieron que Uribe y Restrepo habían violado la promesa de un tratamiento político.

Otro tanto ocurrió con los beneficios jurídicos para los excombatientes rasos. Primero se pactó con los paras la presentación ante el Congreso de un  proyecto de Ley de “alternatividad penal” para asegurar un perdón general y generoso a todos los crímenes. Luego, en medio de forcejeos y debates públicos, el Congreso aprobó la ley de Justicia y Paz que fue modulado por la Corte Constitucional poniendo de relieve a las víctimas y sus derechos. Y completando la improvisación, merodeaba la pregunta por el tratamiento jurídico al delito derivado de la pertenencia a los grupos de autodefensas, toda vez que a los miles de exparas no se les podía aplicar el delito político de “rebelión”, este sí susceptible, de acuerdo con nuestra normatividad penal y con el reconocimiento internacional, del beneficio del indulto.

Restrepo debió darse por enterado de los narcos que estaban al otro lado de la mesa. Debió entender que un proyecto de reconciliación pone al centro los derechos de las víctimas. Debió construir una solida y segura oferta jurídica para los excombatientes rasos. Siete años después, al tiempo que presenciamos el reciclaje de las viejas autodefensas en nuevas bandas emergentes, tenemos que apresurarnos para tener un estatuto de seguridad urbana, una ley de víctimas y restitución de tierras; y sobre todo, un mecanismo extrajudicial que conceda beneficios jurídicos a cambio de verdad. Mientras tanto condecoremos a Restrepo.

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