El POT: una cuestión de convivencia

6 de junio del 2013

Los bogotanos se están jugando en el trámite del POT las reglas que permitan su convivencia armónica y pacífica / Columna de Ricardo Felipe Herrera.

Los diálogos en La Habana no podrán ir más allá de la tarea de definir y construir un sendero que social, política y jurídicamente permita dar comienzo a la reinserción de los subversivos a la institucionalidad colombiana, una vez el pueblo así lo ratifique. La paz no puede estar acordándose en la isla, ni hay posibilidad real de hacerlo. Ella, comprende mucho más que el abandono de las actuaciones delincuenciales de los miembros de las FARC y que el acuerdo sobre su participación política en el marco de la ley. Claro que de llegarse a un entendimiento en el que se comprometan a dejar de secuestrar, de traficar con estupefacientes y de generar violencia, se habrá hecho un gran aporte en la necesidad de construir unas mejores y sólidas condiciones de vida en Colombia, que darán como fruto, la verdadera PAZ.

Precisar la ordenación del territorio de forma equitativa, productiva y sostenible,  sobre la base reconocer, lejos del inmediatismo e improvisación políticos, todos los agentes de la sociedad a partir de la realización previa y juiciosa de diagnósticos socioeconómicos, contribuye de forma eficaz a la convivencia pacífica de los colombianos y por tanto a la PAZ. Dicha construcción es la que el legislador previó y denominó como Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

El Concejo de la Capital de la República, por iniciativa del Alcalde Gustavo Petro, ha venido estudiando un proyecto de acuerdo por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del POT adoptado desde el año 2000 y que fuera revisado en 2003. Es precisamente mediante este importante instrumento de planificación que cada distrito y municipio del país, con la real participación de sus habitantes, define el uso e intensidad del suelo en su jurisdicción. Es decir, cuales zonas de la ciudad son de uso comercial, residencial, institucional, etc., entre otros importantes aspectos de los cuales se ocupa el POT.

Las mayores y permanentes dificultades que se presentan en el marco de la convivencia ciudadana resultan de un desordenado territorio, bien por la carencia de planes que definan su ordenamiento; o, en su defecto, por la falta de efectividad de parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas urbanísticas respectivas.  Bogotá ha vivido las últimas décadas entre una y otra falencia, pero con la expedición del Decreto Distrital 619 de 2000, mediante el cual la Administración Distrital adoptó su POT, se ha venido avanzando y construyendo de forma participativa un ordenamiento que ha contribuido de manera especial a la paz entre los bogotanos. Aún, hay carencias en la oportuna gestión y acción de parte de las autoridades de policía administrativa, pero la construcción de las normas urbanísticas de convivencia ciudadana se ha venido consolidando durante más de una década.

Por ello, sorprende y preocupa la propuesta de la actual Administración Distrital en el sentido de querer comenzar de cero la construcción del ordenamiento del territorio de la Capital de la República. Siendo especialmente cuestionable que se omita la realización del debido y previo diagnóstico que el artículo 23 de la Ley 388 de 1997 exige en estos eventos. La propuesta en mención prevé, contrario a la ley y a la lógica de la planificación, que los estudios técnicos, científicos, económicos y jurídicos requeridos para adoptar decisiones territoriales se efectúen después de aprobar el POT. La Veeduría y la Contraloría Distritales han efectuado la oportuna observación sobre este grave vicio de fondo.

También llama la atención, el hecho de que en el trámite de la modificación excepcional del POT propuesta, se haya publicado tres (3) articulados diferentes en los últimos seis (6) meses, siendo el que fuera radicado en el Concejo de Bogotá el día 2 de mayo pasado, muy diferente al que fuera objeto del trámite de concertación ante las autoridades ambientales. Esto, además de constituir un grave vicio de procedimiento constituye una clara y grave dificultad de fondo para garantizar la debida participación ciudadana de forma continua que la ley exige.

Pero el aspecto más grave y de fondo que tiene la iniciativa distrital es que resulta modificando por completo el POT vigente creando de esta manera un nuevo ordenamiento territorial. Si bien el proyecto de acuerdo se anuncia como una modificación excepcional y dice estar cumpliendo con los contenidos estructurales del POT vigente, la verdad es que el articulado del mismo evidencia ese nuevo POT propuesto por la actual Administración Distrital y para lo que no le asiste competencia legal alguna en esta oportunidad.

Es así como se cambia de forma radical el modelo de ocupación y el concepto de la estructura espacial de la ciudad, entre otros aspectos estructurales del territorio. Valga recordar que una revisión ordinaria del POT, que permite llegar a plantear y adoptar modificaciones de fondo solo es posible, conforme a la ley, el día que venzan los plazos establecidos para los contenidos de largo (31 de diciembre de 2019) y mediano plazo (31 de diciembre de 2015). Las intenciones y alcances de fondo de la propuesta distrital no son factibles de realizar so pretexto de una supuesta modificación excepcional, como se presenta equivocadamente por la Administración del Alcalde Gustavo Petro.

Finalmente, hay que destacar que la propuesta de modificación del POT incluye ilegalmente la auto delegación y usurpación de funciones fuera de la competencia de la Administración Distrital, en la medida que prevé competencias administrativas desbordando el marco legal vigente, para pretender desarrollar, modificar y reglamentar diferentes aspectos normativos del Plan, que deben ser resueltos de forma específica y definitiva por el Concejo Distrital en las oportunidades que la ley señala.

Los bogotanos se están jugando actualmente en el trámite del POT las reglas que permitan su convivencia armónica y pacífica en su diario vivir. La Administración Distrital tiene derecho a plantear sobre la base de estudios previamente elaborados las modificaciones que los estudios evidencien como necesarias para contribuir a consolidar dicha convivencia y buen entendimiento ciudadanos a partir del POT, pero lamentablemente ha pasado por alto tanto la realización de los mismos como la oportunidad legal para efectuarlas.

Ojalá el Concejo discuta y niegue este proyecto de acuerdo, y no permita que por la falta de discusión y votación, termine siendo adoptado por vía de decreto. Ojalá los atractivos puestos burocráticos que parecieran estar ofreciéndose a las bancadas no permitan que la ciudad resulte regida por un nuevo POT improvisado y aprobado por el Concejo, bajo esta motivación. Pues, entre tanto las autoridades judiciales declaran su ilegalidad, la ciudad perderá tiempo y recursos valiosos. Las acciones improvisadas, por muy buenos propósitos que las motiven, siempre traen consecuencias nefastas para los ciudadanos y el erario público.

@RFelipeHerrera

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