La ratificación del Tribunal Superior de Bogotá en la condena que profirió la fiscal Angela María Buitrago Ruiz, contra el coronel Alfonso Plazas Vega, a 30 años de cárcel, por los desaparecidos del Palacio de Justicia, pone de nuevo sobre el tapete la politización de la justicia, la impunidad militar y la polarización latente en la sociedad colombiana.
Y aunque las opiniones en contra del fallo se han ido más por el resto de la sentencia del tribunal que ordena a los altos mandos militares a pedir perdón a los colombianos y pide a la Corte Penal Internacional que juzgue a Belisario Betancur por su responsabilidad en la famosa masacre contra la justicia, realmente quienes se muestran ofendidos son aquellos que, incluido el presidente Juan Manuel Santos con su frase desafortunada de pedirles perdón, creen que los militares tienen licencia para matar fuera de combate o para desaparecer personas así sean enemigas de la democracia.
Ahora resulta vergonzoso que se juzgue a los militares así hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Perdón, pero ahí si escachó el presidente. Cuestionar un fallo judicial que pretende castigo, sobre todo cuando se está buscando que los países europeos y Estados Unidos le certifiquen una buena conducta en materia de derechos humanos deja ver que a Santos se le salió el cháfaro o que habló poseído por su antecesor. Y aunque Angelino esté en campaña para la OIT es muy seguro que no comparta esa opinión que de alguna manera lo deja como si estuviera bajo el mandato de los ocho años anteriores.
Y aunque la justicia en Colombia no es precisamente la que más credibilidad ofrece, no se puede caer en el extremo de creer que la desaparición forzada no merece ser castigada. Es probable que se puedan alegar atenuantes en lo ocurrido dentro del palacio cuando el grupo guerrillero M19 se lo tomó por asalto hace más de 25 años. Y que se hubieran presentado hechos confusos en medio de los fuegos cruzados. Pero que la gente que salió viva haya aparecido muerta o nunca apareció es un crimen que merece ser castigado y por el que se debe pedir perdón. Pero no a los militares sino a los familiares de las víctimas y al país entero. A los colombianos, a la democracia.
Nadie que se precie de demócrata puede esperar que no se castigue el crimen así sea en defensa de la Institución. Otra cosa es que se pida un mismo rasero, que se piense que merecen castigo los autores del asalto y que incluso haya quienes se sientan molestos porque mientras los ex jefes del M 19 gobiernan el Palacio Liévano, los jefes militares van a la cárcel. Pero quienes quieran un país con derechos, tienen que mirar los hechos y sus contextos. Los autores del asalto al palacio fueron amnistiados por sus delitos de rebelión y asonada y sus actos atroces. Pero los militares que forzaron desapariciones cometieron un delito desde su envestidura de autoridad y nunca sería ejemplar absolverlos.
Se puede pensar que es exagerada la pena, se puede pensar que la justicia es politizada y que aquellos jueces no juzgarían con los mismos criterios a un guerrillero. Pero no se puede pedir que no se castigue ejemplarmente a quien infringe la ley en nombre del Estado. Desde el Estado no se puede atacar el crimen por la vía criminal. El Estado debe tener una conducta diferente a la delincuencial. Para el ilegal el fin justifica los medios pero para el Estado no puede ser así, y si se hace, debe castigarse.
El tema pone de presente la radicalización y el espíritu revanchista que aún se viven en esta sociedad que cacarea perdón pero no perdona y que quiere hacer justicia con la injusticia que genera cualquier sesgo ideológico para evaluar los hechos. Es notorio que tanto fiscal como tribunal desde una orilla aparentemente justiciera han querido sentar un precedente que lo único que logra es exacerbar los ánimos de una de las partes, lo que contribuirá a acrecentar el espiral violento y revanchista de víctimas y victimarios.
Resultaría sensato pedir que se revise la condena al coronel Plazas. Que se mire si su responsabilidad es directa o indirecta. Que se revisen testimonios. Pero pedir perdón a los militares porque a juicio del presidente la justicia está parcializada, es completamente insensato. Tal vez sería equilibrado pedir que los jefes del M19 se sumen al perdón y que la sentencia del tribunal que exige que los militares pidan perdón se celebre con gallardía de demócrata. Y que se convoque a Navarro y a Petro para que se sumen a Belisario en un acto de contrición, de cara al país, un perdón público y reconciliador.
Si el ánimo reconciliatorio es con la sociedad civil se puede ganar más que con las venias reverenciales a los militares. Ellos son héroes, son gente que se hace matar por la patria, han puesto una cuota sangrienta en la guerra demencial que ha propiciado la insensatez guerrillera; la equivocación histórica de quienes buscando un mundo mejor lo han empeorado. Pero nada puede justificar que un magistrado haya recibido un tiro de gracia o que una guerrillera haya desparecido porque alguien creyó que así cumplía su deber.
