“El tal Uber no existe”

15 de marzo del 2015

“En vez de prohibir, el Gobierno debería regular los servicios que ofrece UBER.”

Como en el contundente Paro Agrario del 2013. El Gobierno Nacional por boca de su desteñida Ministra de Transporte Natalia Abello acaba de decretar la inexistencia de UBER. “El tal UBER no existe”, pareció decir. Y para que fuera elocuente, ha proclamado la ilegalidad de este servicio aplicado al servicio de transporte individual de pasajeros en Bogotá y otras ciudades del país, en un video al lado de un vocero del gremio de taxistas de la Capital. Mejor dicho, el interés público al tamaño de un interés particular y corporativo. Y las soluciones inteligentes sustituidas por el prohibicionismo necio e ineficaz.

Porque UBER no es solo una oferta de transporte individual de altos estándares de calidad. Es un servicio que, gracias a las plataformas móviles, pone en contacto en cualquier momento y lugar, a ciudadanos con necesidades diversas con ofertas oportunas, talentosas y disponibles para satisfacerlas. “Economía por demanda”, lo denominan los expertos. Y es gracias a las revoluciones tecnológicas de estos veloces tiempos que corren, que surge una nueva relación social entre agentes económicos, en este caso consumidor y proveedor. Por lo pronto este tipo de plataformas, además de relacionar directamente a ciudadanos con ofertantes de servicio de transporte individual, facilita sin intermediarios –salvo el computador o el teléfono móvil- servicios caseros de plomería, electricidad, limpieza o pintura. O se ofertan, por ejemplo, a través de la aplicación Airbnb más de 500 mil habitaciones en hogares con igual o mejor calidad y precio que los hoteles. Pretender atajar esta realidad con maniobras jurídicas es como prohibir la lluvia. Como cuando las primeras organizaciones obreras de la Inglaterra del Siglo XVIII pretendieron sin éxito detener la revolución industrial quemando las maquinas.

Pero si el debate lo situamos en el servicio de transporte que se ofrece a través de UBER, las equivocaciones del gobierno saltan a la vista.  Primero, porque hay que insistir en que las políticas públicas de movilidad deben poner al centro de sus preocupaciones los derechos de los ciudadanos que merecen un servicio de transporte de calidad. Segundo, porque la sola existencia de UBER ha puesto de presente las deficiencias del servicio de los “taxis amarillos” derivado de la existencia de un monopolio privado sobre un servicio público. Que los ciudadanos tenemos derecho a no resignarnos a pagar para que nos transporten en vehículos sucios y malolientes, que infringen normas de tránsito o que nos digan sin vergüenza “no lo llevo, por allá no voy”. Y que UBER, es de hecho un complemento, como los “taxis blancos”, de toda la oferta de movilidad de la ciudad.

En vez de prohibir, el Gobierno Nacional y la Administración Distrital deberían convertir las actuales circunstancias en una “ventana de oportunidad” para regular los servicios que ofrecen UBER y otras plataformas similares pensando en la protección de los derechos de los consumidores. Para romper monopolios perversos del servicio de taxi, revisar su marco regulatorio y obligar una reestructuración del modelo económico y financiero del negocio. Para propiciar incentivos que mejoren la calidad del servicio de trasporte individual de pasajeros en la ciudad. Para mejorar las condiciones laborales y prestacionales de los conductores que hoy son pagadas por los usuarios y que se quedan en los bolsillos de empresarios y empresas de taxis. Y con ello nos evitamos caer en la estupidez ideológica de quien dijo que “UBER era como el TLC de los taxistas”.

@AntonioSanguino

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