Por: Carolina Corcho
MD Psiquiatra
Ex Presidenta ANIR Nacional
Hoy, casi trece años después, de la intervención del gobierno y el posterior cierre del Hospital San Juan de Dios, el Hospital Universitario del Valle–Evaristo Garcia (HUV) -, escuela de salud y principal centro de prácticas de los estudiantes de pre y posgrado de la universidad más importante del suroccidente de Colombia, transita el mismo camino.
En septiembre de 2001 se dio salida al último paciente que se encontraba internado en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Más de 1.000 camas, un resonador magnético de última tecnología, una sala de diálisis renal, casi 20 salas de cirugía, pero sobre todo una centenaria historia patrimonial, de ciencia y academia construida de la mano con la Universidad Nacional, fue ignorada y suspendida en el tiempo. Dependerá de la sociedad colombiana que no sea para siempre.
Una deuda de casi 110 mil millones de pesos de las EPS, de la cual casi 30 mil millones corresponden a CAPRECOM EPS, tienen al borde del colapso al que fuera el hospital insignia de la neurocirugía y del trauma en América Latina. La última línea de defensa de la población vulnerable del suroccidente del país, que hoy no cuenta con los insumos, ni elementos básicos y de alta tecnología que merecen los pacientes a los cuales brinda sus servicios.
Se ha dicho que la Red Pública Hospitalaria es la columna vertebral de un sistema de salud, ya que es en esta donde el Estado ejerce la rectoría y soberanía sobre la prestación de servicios de salud, que es uno de los componentes esenciales de un sistema sanitario.
En Colombia, sin embargo, la Ley 100 ha dejado como uno de sus inaceptables saldos la sistemática y progresiva liquidación de la red pública. Con ella la desaparición del acervo de ciencia e investigación de los Hospitales Universitarios.
El Estado colombiano en sus distintos niveles, nacional y territorial, no responde por su red pública. En el caso del HUV los entes territoriales, municipal y departamental, le adeudan casi 50 mil millones de pesos, y el Fosyga alrededor de 17 mil millones por concepto de SOAT Y ECAT.
No hay manera de que una entidad pública o privada, bien o mal administrada, sobreviva a semejante deuda, de quien debería ser su principal doliente y protector: El Estado.
El resultado de esta inmensa deuda, es la progresiva obsolescencia tecnológica del hospital, que teniendo un invaluable recurso humano, del más alto nivel formado en la Universidad del Valle, no puede enfrentar a sus competidores en la lógica del mercado, por el atraso tecnológico y la falta de insumos.
Todo esto es el resultado de la equivocada concepción de una política pública de salud -que el gobierno intenta reeditar con la reforma en curso en el Congreso- basada en una concepción económica en la que el mercado, por la vía de la competencia, genera sus propias regulaciones. Donde un Estado, puesto al servicio de los intereses particulares, se materializa en la permisividad del saqueo de los recursos públicos de salud por parte de las EPS, que hoy por hoy tienen en proceso de liquidación el patrimonio histórico de los colombianos.
Las EPS han servido para que los millonarios recursos de la salud de los colombianos sean destinados a otros fines distintos a su origen inicial, y para que instituciones como el Hospital Universitario del Valle se vean abocadas a medidas desesperadas para evitar su cierre.
Insistimos en la necesidad de instaurar medidas de choque y de fondo para evitar el colapso de los hospitales, prioritariamente la red pública y los hospitales universitarios, en donde se debería estar liderando la política de ciencia, investigación e innovación en salud. Políticas para que se logre validar la evidencia científica que el Gobierno está exigiendo deben tener los procedimientos médico-quirúrgicos, y para que se puedan graduar los profesionales de la salud y especialistas que se ha señalado requiere el país.
La ciudadanía es la legítima veedora de la gestión pública, es el órgano del control más poderoso en un Estado de Derecho y es inaceptable que como ciudadanos permitamos que se repita la historia del San Juan de Dios, ahora con el Universitario del Valle, instituciones comprometidas siempre con la vida y con el Derecho a la Salud de los colombianos, que claramente merecen ser defendidas y protegidas.
Posdata: ¿Alguna vez alguien propuso una revocatoria o inhabilidad por 15-20 años a funcionarios públicos electos y/o nombrados que han participado en la debacle de la salud en Colombia y que han sido de alguna manera corresponsables del despilfarro y desvió de los recursos de la salud de nuestro país?
Hoy, casi trece años después, de la intervención del gobierno y el posterior cierre del Hospital San Juan de Dios, el Hospital Universitario del Valle–Evaristo Garcia (HUV) -, escuela de salud y principal centro de prácticas de los estudiantes de pre y posgrado de la universidad más importante del suroccidente de Colombia, transita el mismo camino.
En septiembre de 2001 se dio salida al último paciente que se encontraba internado en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Más de 1.000 camas, un resonador magnético de última tecnología, una sala de diálisis renal, casi 20 salas de cirugía, pero sobre todo una centenaria historia patrimonial, de ciencia y academia construida de la mano con la Universidad Nacional, fue ignorada y suspendida en el tiempo. Dependerá de la sociedad colombiana que no sea para siempre.
Una deuda de casi 110 mil millones de pesos de las EPS, de la cual casi 30 mil millones corresponden a CAPRECOM EPS, tienen al borde del colapso al que fuera el hospital insignia de la neurocirugía y del trauma en América Latina. La última línea de defensa de la población vulnerable del suroccidente del país, que hoy no cuenta con los insumos, ni elementos básicos y de alta tecnología que merecen los pacientes a los cuales brinda sus servicios.
Se ha dicho que la Red Pública Hospitalaria es la columna vertebral de un sistema de salud, ya que es en esta donde el Estado ejerce la rectoría y soberanía sobre la prestación de servicios de salud, que es uno de los componentes esenciales de un sistema sanitario.
En Colombia, sin embargo, la Ley 100 ha dejado como uno de sus inaceptables saldos la sistemática y progresiva liquidación de la red pública. Con ella la desaparición del acervo de ciencia e investigación de los Hospitales Universitarios.
El Estado colombiano en sus distintos niveles, nacional y territorial, no responde por su red pública. En el caso del HUV los entes territoriales, municipal y departamental, le adeudan casi 50 mil millones de pesos, y el Fosyga alrededor de 17 mil millones por concepto de SOAT Y ECAT.
No hay manera de que una entidad pública o privada, bien o mal administrada, sobreviva a semejante deuda, de quien debería ser su principal doliente y protector: El Estado.
El resultado de esta inmensa deuda, es la progresiva obsolescencia tecnológica del hospital, que teniendo un invaluable recurso humano, del más alto nivel formado en la Universidad del Valle, no puede enfrentar a sus competidores en la lógica del mercado, por el atraso tecnológico y la falta de insumos.
Todo esto es el resultado de la equivocada concepción de una política pública de salud -que el gobierno intenta reeditar con la reforma en curso en el Congreso- basada en una concepción económica en la que el mercado, por la vía de la competencia, genera sus propias regulaciones. Donde un Estado, puesto al servicio de los intereses particulares, se materializa en la permisividad del saqueo de los recursos públicos de salud por parte de las EPS, que hoy por hoy tienen en proceso de liquidación el patrimonio histórico de los colombianos.
Las EPS han servido para que los millonarios recursos de la salud de los colombianos sean destinados a otros fines distintos a su origen inicial, y para que instituciones como el Hospital Universitario del Valle se vean abocadas a medidas desesperadas para evitar su cierre.
Insistimos en la necesidad de instaurar medidas de choque y de fondo para evitar el colapso de los hospitales, prioritariamente la red pública y los hospitales universitarios, en donde se debería estar liderando la política de ciencia, investigación e innovación en salud. Políticas para que se logre validar la evidencia científica que el Gobierno está exigiendo deben tener los procedimientos médico-quirúrgicos, y para que se puedan graduar los profesionales de la salud y especialistas que se ha señalado requiere el país.
La ciudadanía es la legítima veedora de la gestión pública, es el órgano del control más poderoso en un Estado de Derecho y es inaceptable que como ciudadanos permitamos que se repita la historia del San Juan de Dios, ahora con el Universitario del Valle, instituciones comprometidas siempre con la vida y con el Derecho a la Salud de los colombianos, que claramente merecen ser defendidas y protegidas.
Posdata: ¿Alguna vez alguien propuso una revocatoria o inhabilidad por 15-20 años a funcionarios públicos electos y/o nombrados que han participado en la debacle de la salud en Colombia y que han sido de alguna manera corresponsables del despilfarro y desvió de los recursos de la salud de nuestro país?
