El exsenador José Renán Trujillo García , quien abiertamente está con el sí al plebiscito (su hermano Carlos está en la otra orilla, la uribista), considera que los empresarios del país tienen muchas dudas sobre la manera como los afecte el proceso de paz, los acuerdos de La Habana y concretamente la jurdicción especial para la paz.
Reflexiona que el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, ha puesto en el objeto de las discusiones el tema de la jurisdicción especial para la paz, al manifestar la preocupación de por cuánto tiempo operaría y con qué funciones específicas. Lo cual ha sembrado preocupación en el empresariado colombiano.
-Ante la anotación, que parecía crecer como espuma, el Presidente Santos tuvo que salir a tratar de minimizar el impacto, al expresar que los empresarios no deben temer a la justicia transicional. Y fue en Cali donde debió ponerle la cara al asunto porque Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, lo cuestionó al conocerse un listado de 57 empresas cuyos funcionarios podrían ser puestos en la mira de la jurisdicción especial para la paz, acusados de ser financiadores de la guerra.
Santos atinó a calificar el tema como una acción malintencionada con ánimo de generar desinformación e incertidumbre para inducir al empresariado a negarse a respaldar los acuerdos de La Habana.
Que hable el fiscal general
El asunto –según Trujillo García- tiene tanto de largo como de ancho que amerita un pronunciamiento del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, por lo delicado y espinoso que resulta el tema. Él es el más indicado para decir, si evidentemente, no ha habido ninguna apertura de investigación o condenas en razón a los testimonios que se menciona, existen recopilados en procesos judiciales relacionados con el conflicto armado.
Martínez también debe explicarnos a los colombianos si esa jurisdicción especial que está creada para investigar, juzgar y sancionar de acuerdo a la normatividad existente en el país y atendiendo los estándares internacionales, ejercerá sus funciones dentro del ámbito que contemple todos los crímenes cometidos en el contexto del conflicto y que sea esa, una de las maneras de satisfacer los derechos de las víctimas.
Y puntualiza: Se debe entender que esa jurisdicción que estará encabezada por un tribunal de 24 magistrados colombianos y extranjeros, tendrá en sus manos el juzgamiento de los delitos más graves y representativos, entre los cuales seguramente estarán enmarcados los cometidos no solo por la guerrilla y la delincuencia que ha generado violencia, sino también; los cometidos por el paramilitarismo y, naturalmente, por quienes han financiado su accionar, es decir, por sus cómplices.
