Con bombos y platillos se cerró la “urna del bicentenario”. Ella contiene documentos y testimonios que le dirán a los bogotanos, dentro de cien años, cómo es la capital de estos comienzos del siglo XXI. Y así no se haya incluido en ella registros de lo padecido en este cuatrienio, seguramente este periodo que termina será recordado como pocos por los escándalos de corrupción y el desgobierno.
Porque pocos dudan que se rompió un ciclo virtuoso en la Administración de la Capital. La elección popular de alcaldes y el proceso descentralizador primero; y la Carta de 1991 después, construyeron las condiciones para la transformación de la ciudad. Ambos procesos permitieron que el voto independiente se expresara rompiendo el monopolio bipartidista de la política bogotana. Luego del gobierno conservador de Andrés Pastrana y de las administraciones liberales de Caicedo Ferrer y Jaime Castro, desde Mockus en 1995 el gobierno de la ciudad no volvió a manos de los partidos tradicionales.
Y ese cambio en el mapa político tuvo como correlato la expedición del Decreto Ley 1421 de 1993. El Estatuto Orgánico de Bogotá le otorgó a la ciudad un estatus especial, la reorganizó territorial y administrativamente y dio los instrumentos legales para el saneamiento y fortalecimiento de sus finanzas liderado por Jaime Castro. Transformación cultural con Mockus, transformación urbana de Peñalosa y transformación social con Lucho Garzón, fueron la herencia que se puso en riesgo con el periodo que termina.
A Clara López le correspondió liderar un corto periodo de transición. Con un poco más de seis meses de tiempo como Alcaldesa designada se propuso poner “la casa en orden”. Y seguramente la ciudad le reconoce haber intentado llenar el vacío de liderazgo que aún nos agobia. O haber recuperado cierta confianza en que la Alcaldía en sus manos no participaba de bochornosos hechos de corrupción. O que las políticas sociales pudieran hacerse de nuevo visibles. O que sencillamente, vieran a una gobernante presente en la atención de sus angustias y demandas.
Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si la transición ha terminado. Sospecho que no. Muchos son los “chicharrones” que hereda Gustavo Petro. Por ejemplo, las estructuras de corrupción que siguen “vivitas y coleando” en muchas de las entidades. Petro debe saber que muchas de ellas se mueven en las estructuras intermedias, allí donde se estructuran los procesos de contratación pública. Y su erradicación está pendiente.
O tomar decisiones difíciles para desenredar el nudo de contratos celebrados, incumplidos, retrasados o en proceso de caducidad. De treinta y cuatro obras de valorización contratadas solo se han entregado once. De seis contratos para la conservación de la malla vial, dos de ellos están paralizados. Y ya nos gastamos once mil de un contrato de 83 mil millones de pesos que firmamos desde septiembre del 2010 para construir el esperpento del “Transmilenio ligero” por la Carrera Séptima. Dicen que lo sucedido tendrá un impacto para los próximos cincuenta o cien años. Así no haya registro de ello en la “Urna”. Mientras tanto a Petro le toca terminar esta transición inconclusa.
