En defensa de César Pérez García

Un hampón, conocido con el alias de Vladimir, que a sus doce años mató a la maestra que lo regañó, el mismo sujeto que fue guerrillero, delincuente común y después paramilitar (sus jefes orientaron su captura porque les resultaba inmanejable) es el único testigo contra el excongresista César Pérez García, hoy en la cárcel por una supuesta autoría intelectual en la llamada matanza de Segovia, Antioquia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988. El mismo Vladimir fue responsable del asesinato de 19 comerciantes, en octubre de 1987. Y meses después el autor principal de la llamada “masacre de la Rochela” (nombre de la vereda donde ocurrieron los hechos): murieron 14 agentes judiciales que investigaban el caso de los comerciantes desaparecidos. La Corte Suprema de Justicia decidirá, por estos días, la suerte jurídica definitiva de Pérez García, que a sus 77 años carga con semejante infamia, considerada así hasta por sus adversarios políticos, que fueron muchos pero siempre enfrentados con la oratoria y en las urnas. Pérez García fue congresista por veinte años y dos veces Presidente de la Cámara. Lideró, entre otros proyectos, la elección popular de alcaldes. Después fue Diputado en Antioquia. Creó la Universidad Cooperativa y la Fundación María Cano. Siempre se le conoció como un recio líder liberal, polémico y controvertido, pero siempre demócrata y nunca violento. El genocidio de Segovia, según se ha generalizado, hizo parte de la guerra contra los militantes de la Unión Patriótica. Y al decir de Vladimir (Alonso de Jesús Baquero), Pérez García ordenó el asesinato porque estaba perdiendo el poder político en esa localidad. Para el efecto, se habría reunido con Fidel Antonio Castaño Gil y el coronel Hernando Navas Rubio. El delincuente dijo inicialmente que había participado en el asesinato. Después que no, que había enviado a unos muchachos, que dirigió la matanza por radioteléfono. Y de la tal reunión (donde se habría fraguado el genocidio) supo por una conversación grabada en un casete, que nunca apareció como prueba real. En teoría, entonces, Pérez García se volvió enemigo de la UP, porque perdió unas elecciones y ordenó una serie de asesinatos en 1988. Sin embargo, el 20 de julio de 1992, recibió el respaldo de la Unión Patriótica y sus máximos dirigentes para ser elegido como Presidente de la Cámara de Representantes (por segunda vez). El congresista Manuel Cepeda Vargas (asesinado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, por agentes del Estado y paramilitares), tomó la vocería de la UP y ofreció el voto de su bancada por Pérez, “porque sabemos de su hoja de vida clara, de su devoción por la causa cubana y porque es prenda de garantía para las causas de avanza…”. El mismo Cepeda declaró que estuvo en Segovia, al día siguiente de la matanza, habló con la comunidad e investigó en profundidad, sin que nadie mencionara para mal a Pérez García, razón por la que insistió en su defensa. Su informe fue publicado en el periódico Voz, órgano oficial del Partido Comunista. Su actual director, Carlos Lozano, refrendó ante las autoridades la autenticidad del documento. Otro dirigente de la UP, Hernán Motta Motta, le dijo a la Cámara de Representantes en pleno y al país que estuvo en Segovia el domingo participando en las honras fúnebres de las víctimas “y conforme a la pluralidad y cantidad de testimonios que tuve la oportunidad de escuchar ese día, hubo complicidad de los criminales y la Fuerza Pública”, pero nunca escuchó un solo testimonio contra Pérez García. El periódico Voz señala como responsables de la matanza al coronel del Ejército Alejandro Londoño, comandante de la Base Militar de Segovia y al capitán de la policía Jorge Eliécer Chacón. También al jefe de las escuelas de sicarios con sede en Puerto Boyacá, Luis Rubio Rojas, como inspirador del genocidio. El propio Pérez García, ante la plenaria de la Cámara, denunció públicamente la desidia o complicidad de algunos mandos militares y policiales, como consta en los anales del Congreso de la época, anexados al expediente. Los abogados Jorge Aníbal Gómez Gallego y Jesús Antonio Marín, defensores de Pérez García, le han demostrado a la Corte no solo las inconsistencias, falsedades y mentiras burdas de Vladimir. Lo hicieron en una exposición que se prolongó durante 18 horas y en cientos de documentos y testimonios recopilados en los últimos meses. La situación es tan descabellada, que —en resumen— mientras Pérez García adelantaba gestiones con Navarro Wolff para que el M-19 se reintegrara a la vida civil, y cuando obtenía votaciones cercanas y superiores a diez mil votos en Medellín, o lideraba grandes proyectos en Bogotá como Presidente de la Cámara, la justicia escucha largamente a un bandido de la talla de Vladimir, quien ha dicho —para obtener beneficios que rebajen su condena— que Pérez García se disgustó porque pasó de 300 votos a tener solo 150 en Segovia. Y que fue tanta su incomodidad que ordenó semejante matanza, donde —además— solo resultó muerto en activista de la UP, porque los demás fueron liberales o conservadores. Yo pienso, después de conocer todo el expediente, que Cesar Pérez García es inocente.