Escándalos del Gral. Palomino y Defensor Otálora sacaron lo peor…

27 de enero del 2016

Que asco de sociedad, de funcionarios involucrados y amigos suyos, asco de periodismo y asco de órganos de control.

Desde la ocurrencia del Proceso 8.000,en Colombia ha hecho carrera para los servidores públicos que primesu interés personal sobre el interés general y el propio de la institucionalidad. Lo natural es que un alto funcionario del Estado involucrado en un escándalo que afecte esa institucionalidad, de inmediato debe dar un paso al costado, y los periodistas y la ciudadanía debemos ser respetuosos del debido proceso y abstenernos de condenarlos sin fórmula de juicio. Solo su juez natural podrá hacerlo.

Sin embargo, en Colombia eso no ocurre con la transparencia y espontaneidad debidas. Primero, por la carenciade la estatura personal y política que deben tener los altos funcionarios del Estado, y,segundo, por el voraz apetito burocrático de los contradictores políticos que en asocio de algunos denominados ¨periodistas¨ con audiencia, terminan tácita o expresamente amangualadospara acabar a como de lugar con la vida personal, familiar y profesional de los funcionarios enemigos o contradictores y así apropiarse de las entidades vacantes. Funcionarios que prefieren resistir los exagerados ataques mediáticos detentando el poder del cargo que ostentan. Es muy probable que esta situación sea también, en buena medida, la consecuencia de la politiquería en los entes de control que se encuentran indebidamente haciendo más política electoral que cumpliendo sus funciones preventivas y sancionatorias de manera oportuna conforme a la ley.

Tanto el General Rodolfo Palomino, Director de la Policía Nacional, como el abogado Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo, se hallan involucrados en un bochornoso y grave escándalo, que el debido respeto al país y a sus instituciones les exige dar un paso al costado y no afectar más la ya maltrecha credibilidad de la Policía Nacional y la efectividad de la Defensoría del Pueblo.

Ambos servidores públicos, y cualquiera otro funcionario en condiciones similares, tienen el derecho a un debido proceso y a no ser condenados antes de que sus propios jueces se pronuncien, pero algunos ¨periodistas¨ de la mano de algunos políticos oportunistas logran con sus desmedidos ataques determinar una abusiva culpabilidad pre-judicial que entraba una salida digna y oportuna para este tipo de situaciones. En no pocos casos, se fabrican denuncias injustas y se construyen condenas mediáticas. El caso de Sigifredo López es un buen ejemplo de cómo hasta la misma Fiscalía de la mano de algunos medios que le hicieron eco y enemigos políticos lo condenaron a priori como auxiliador de las FARC, cuando finalmente quedó demostrado -por el juez natural- que este ex diputado del Valle fue siempre una víctima de este grupo subversivo.

Los escándalos del Gral. Palomino y del Defensor Otálora, sacaron lo peor de los colombianos. Por un lado, de los mismos altos funcionarios involucrados, quienes al parecer antepusieron sus egos y poder sobre la institucionalidad; también de algunos políticos -miembros del ejecutivo y legislativo- que exigen de los denunciados su inmediata renuncia, gesto que ellos mismos no tuvieron cuando fueran objeto de similares o peores acusaciones y que resultaran probadas-como dineros de la mafia en campañas presidenciales-; así mismo, de otros políticos -miembros del ejecutivo y legislativo- que de manera inexplicablemente contradictoria, pidieron en su momento mantener en el cargo al Gral. Palomino en respeto al debido proceso, pero ahora condenan a priori del Defensor Otálora y exigen su renuncia; no menos de los denominados ¨periodistas¨ pendencieros, quienes con todo el derecho de hacer las denuncias debidas, denotan ante todo un odio personal –visceral realmente- por los funcionarios denunciados, llegando al amarillismo -no periodismo- más denigrante posible -¿acaso era necesario publicar y difundir en las redes sociales las fotos del Defensor del Pueblo?-; y, finalmente, de los mismos denunciantes que según las evidencias expuestas públicamente en el caso del abogado Otálora, se advierte cómo la abogada ¨mal tratada¨ -seguramente lo fue-, no se sentía tanto así cuando ella misma pedía favores burocráticos al Defensor del Pueblo y, al parecer, lo acompañaba a reuniones sociales en calidad de pareja, que ¨amigos¨ del señor Otálora, ahora dicen no constarles, según precisan en Twitter Daniel Coronel y Cecilia Orozco.Palomino y Otálora, una vez renuncien, sabrán quienes eran verdaderos amigos.

Que asco de sociedad. Que asco de funcionarios involucrados y amigos suyos. Que asco de periodismo. Que asco de órganos de control. Y, que asco de denunciantes.

Ahora, como si lo anterior fuera poco, en las últimas horas otros políticos en el festín oportunista y frente a -ojalá- la renuncia del Defensor, pero también del General Palomino, quieren poner al país y al Presidente en una discusión feminista y de género, buscando con ello en el fondo la gruesa burocracia de la Defensoría del Pueblo para que sea asignada a una mujer. Colombia lo que necesita es un Defensor del Pueblo y un Director de la Policía Nacional, sea hombre o mujer, dignos e intachables en todo el sentido de la palabra.

@RFelipeHerrera

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