Estado bienestar vs. Estado social de derecho

Durante los años iniciales de la Corte Constitucional, varias sentencias fueron perfilando los contornos de la nueva forma de Estado que la Constitución de 1991 enunciaba. En una de ellas, con ponencia del magistrado y profesor Ciro Angarita, se explicaba la diferencia entre el Estado bienestar entonces en auge en la Europa occidental y el Estado social de derecho de la nueva Constitución. La diferencia fundamental radicaba en que en el primero las prestaciones sociales emblemáticas – seguro de desempleo, salud y pensiones - se entregan a cada beneficiario a título de dádiva, mientras que en el segundo, se confieren a cada ciudadano a título de derecho. La consecuencia de tal diferenciación consiste en que la dádiva, igual que se da, se quita; pero el derecho es de todos y una vez entregado de manera progresiva en función de la base material de la sociedad, no es dable retirarlo.

En retrospectiva y en contra de todos los pronósticos, el vaticinio implícito en esa sentencia resultó acertado. En la Europa contemporánea los distintos gobiernos se han puesto en la tarea de reducir los beneficios del Estado bienestar. Desde Grecia e Italia, pasando por Francia, España y Portugal, amparados en las exigencias de austeridad del gasto público, se reducen las prestaciones sociales de toda índole y hasta los propios salarios. Lo que está en marcha es el desmonte del Estado bienestar y los ciudadanos no se allanan fácilmente a pagar los platos rotos de la crisis con su calidad de vida y el futuro de sus hijos. De ahí que hayan irrumpido en todas partes movilizaciones de indignados en las llamadas economías desarrolladas. Los primeros en levantarse fueron los islandeses. Allí, después del auge económico montado en la espuma de especulación financiera que se tomó al mundo, el gobierno presionado por la ciudadanía tuvo que someter a referendo el salvamento de los bancos causantes de la crisis. El “No” rotundo llevó a Islandia a incumplir el pago de la deuda externa y a sus ciudadanos a una lenta recuperación con sus propias fuerzas que avanza, no sin contratiempos. Siguieron los indignados de España y los Ocupas de Wall Street en Estados Unidos. En países que nunca llegaron a niveles de desarrollo semejantes, la ola de indignación motivada en la crisis económica se manifestó en demandas de democracia que debe entenderse no solamente como exigencia de elecciones libres sino de una mejor repartición del producto social. La movilización social se presentó en Túnez y Egipto  en la llamada “Primavera Árabe” y tocó a Latinoamérica con las protestas estudiantiles en Chile y Colombia, las sorpresivas exigencias de los sectores medios en Brasil y los sucesivos paros en nuestro país que han involucrado a indígenas, cafeteros, mineros, transportadores, paperos, cacaoteros, trabajadores de la salud, entre tantos otros. El común denominador de todos estos movimientos, que ya no se limitan a los proletarios y desvalidos sino que involucran a propietarios de todos los tamaños, es la rebeldía con un modo de desarrollo basado en el fundamentalismo del mercado que se está agotando por no incluir en sus beneficios a amplios sectores de la población, incluida la clase media y empresarial nacional, que se encuentra arrinconada por la competencia desigual de los grandes pulpos internacionales y financieros que todo lo acaparan. La enorme concentración de los beneficios del desarrollo en círculos estrechos de la población ha ido acompañada de una creciente formalidad en la democracia política que ha reducido los espacios de participación de los ciudadanos y ciudadanas y minado su confianza en el sistema político. El resultado está a la vista: una enorme crisis de credibilidad de los gobernantes y las instituciones que regentan lo que abre un espacio para generar un cambio cualitativo en las distintas sociedades. Colombia no es una excepción. El desplome del Presidente Santos en las mediciones de favorabilidad y el rechazo creciente a sus posibilidades de reelección en la cresta de un descontento generalizado en que las gentes se sacude de la inmovilidad y del conformismo, están abriendo la posibilidad de un cambio de rumbo en el manejo del Gobierno. El debate electoral del año entrante no será un debate más entre opciones semejantes e intercambiables. Las encuestas muestran que se abre la perspectiva de seguir como vamos o de retomar el impulso hacia la construcción del Estado social de derecho. Esa es la disyuntiva, ese es el reto.