ESTADO DE EMERGENCIA

En estado de emergencia. Así se encuentra el sistema de emergencias de Bogotá,  el denominado NUSE (Numero Único d Seguridad y Emergencias) o línea 123. Aunque por el escándalo de los últimos días, la crisis pareciera extenderse a todo el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, entidad encargada de las inversiones para dotar a la ciudad de las condiciones técnicas y logísticas en materia de seguridad. El Fondo, por ejemplo, todavía no entrega el Comando de la Policía Metropolitana, obra llena de sobrecostos y prorrogas, y la compra de motos eléctricas realizada en esta administración enfrenta un proceso penal. El NUSE tiene sus orígenes en el Decreto Distrital 503 de diciembre del 2003 mediante el cual el entonces Alcalde Antanas Mockus adoptó el Plan Maestro de Equipamiento de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá. Pero fue el Alcalde Luis Eduardo Garzón, quien adelantó su montaje para lo cual detalló sus funciones y características en el Decreto 451 de 2005 y autorizó el convenio Interadministrativo de Cooperación No 2357 de 2005 celebrado entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS).  Con unos meses de retraso, en agosto de 2007 la línea 123 entró en operación. Es probable que la actual crisis del NUSE se deba a un “trauma de nacimiento”. Porque el Convenio celebrado no obligó a la ETB, para que en su calidad de cooperante, asumiera directamente el montaje tecnológico y la operación técnica y operativa de la línea. Desde aquel momento la ETB se comportó más bien como un intermediario que con los recursos girados por el Fondo de Vigilancia seleccionó y subcontrató a la firma privada ITELCA, quien asumió hasta la fecha la operación de la línea de emergencias de los bogotanos. En su momento hubo dudas sobre la calificación y experiencia de esta empresa privada en este tipo de servicios. Se dijo que Bogotá sería su “ratón de laboratorio” y según nota del diario El Tiempo del 10 de octubre, el propio Alcalde Garzón le pidió al Presidente de la ETB que “despejara las dudas sobre la idoneidad de ITELCA” quien se impuso sobre otras cinco firmas. Con artilugios jurídicos, un convenio que tenía una duración de cinco años extendió su vigencia hasta el 2104 cuyo valor inicial se tasó en ochenta mil millones de pesos.  Muchos se preguntan porque a pesar de 17 adiciones de recursos por un valor de 26 mil millones de pesos y  8 prorrogas de tiempo no hubo modernización tecnológica alguna. Y más inquieta aún que en la administración Petro se hubiese repetido este modelo de operación triangulada vía ETB mediante la suscripción de un nuevo convenio con el FVS, el 561 de 2014, que como contravalor agregado eximió de varias responsabilidades contractuales al intermediario público o mixto y al operador privado. También hemos sabido por boca de los protagonistas de esta crisis los sobrecostos de este servicio. Nohora Albornoz, gerente de ITELCA, confirmó en reciente entrevista lo que el director saliente del Fondo Fernando Arbeláez había advertido, reconociendo que “la ETB cobra 1.510 millones mensuales. Nosotros estamos en el 55% de ese valor”.  Y esa metida de mano a los bolsillos de los bogotanos no se puede justificar invocando la supuesta naturaleza pública de la ETB. Menos aun cuando se trata de la seguridad y la atención de emergencias de los ciudadanos. Merecemos saber, por lo menos, en manos de quien han terminado estos sobrecostos. El Alcalde Petro insiste en mantener el esquema de intermediación con la ETB con el argumento adicional de que esta tiene instalada la fibra óptica. Para que esta entregue otra vez a dedo la operación privada de la línea 123. Cuando debería convocar directamente una licitación internacional que seleccione un operador de la más alta calidad y al mejor precio, así tenga que pagarla a la ETB el uso del cableado telefónico. Ello, mientras el nuevo Alcalde y el Concejo que se elija el próximo 25 de octubre liquidan el Fondo de Vigilancia y Seguridad y se crea la Secretaría de Seguridad de la Capital. Y salimos por fin de este estado de emergencia en el que estamos.