Gobierno y gobernabilidad

Gobierno y gobernabilidad

20 de septiembre del 2018

Los primeros 30 días de la administración del Presidente Ivan Duque se han destacado por una renovación en su gabinete, apostando hacia el centro, priorizando la inversión privada y el recorte del gasto público con el propósito de disminuir la brecha social en Colombia. Esta representación del ejecutivo, como órgano superior del poder de un Estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros o consejeros, es lo que la teoría conoce como el Gobierno.

En este sentido, gobernar en términos de eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona buena parte de su legitimidad, es lo que en la academia se define como Gobernabilidad. En los regímenes parlamentarios, el partido mayoritario elige al gobierno, por lo que la gobernabilidad está garantizada; los riesgos están en no lograr la mayoría, una coalición o que ésta se desintegre. En los regímenes presidenciales como el nuestro, el Ejecutivo y Legislativo son elegidos independientemente por los ciudadanos, las mayorías son diferentes, y normalmente puede haber divergencia.

En Colombia, para tratar de solucionar dicha divergencia, se redactó el Estatuto de la Oposición, que obliga a las organizaciones a realizar una declaración política que consiste en hacer pública su condición de opositor, independiente o miembro de la coalición oficial, lo cual tendrá que ocurrir ante la autoridad electoral durante el primer mes siguiente al inicio del periodo gubernamental; de esta forma se garantiza desde el comienzo, que las negociaciones programáticas de los partidos sean respetadas en la coalición de gobierno, así como los derechos de las organizaciones políticas independientes o de oposición.

A partir de esta normatividad, además del Centro Democrático, que fue el encargado de avalar al jefe de Estado en las pasadas elecciones, y los cristianos Mira y Colombia Justa Libres, los conservadores y el partido de la U, resolvieron declararse como organización afín al Gobierno de Duque, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En cifras, esto quiere decir que el jefe de Estado tendrá el apoyo de 53 senadores, de los 108 que conforman la corporación, y 80 representantes a la cámara de los 171 elegidos en el debate del 11 de marzo de la presente vigencia.
 
En términos políticos se podría hablar de mayorías, pero la realidad es que las cuentas del presidente quedan muy apretadas, por cuanto los dos partidos que se ubicaron en la orilla de los independientes “Partido Liberal y Cambio Radical”, suman 31 votos en el Senado y 65 en la Cámara, la oposición por su parte, queda con 23 senadores y 19 representantes; de unirse en algún momento, estos dos sectores derrotarían al Gobierno.

Con este escenario, el Gobierno insiste en la intención de construir una relación con el Congreso, sin prebendas ni participaciones, con simple identidad programática y conceptual; desde esa perspectiva, el primer paso fue reconocer la consulta anticorrupción – En contravía de la decisión de su líder natural, el expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez- como una importante manifestación ciudadana, a pesar de no haber alcanzado el umbral, para encontrar un punto de coincidencia con todas las fuerzas políticas, que podría anteceder el gran pacto por Colombia. Sin embargo, en otros temas, especialmente los presupuestales y tributarios, las coincidencias serán más difíciles y las mayorías no estarán aseguradas.

Se debe reconocer, que las relaciones con el Congreso no se pueden construir a partir de la mal llamada “mermelada”; pero también es cierto, que los partidos políticos que apoyaron la elección presidencial, que coincidieron programáticamente y que además se declararon oficialistas, pueden y deben participar en el gabinete ministerial y en la administración pública, pues la ejecución de las políticas debe tener el respaldo parlamentario respectivo en línea con la discrecionalidad del mandatario; al final, son los partidos políticos los grandes coordinadores entre los poderes legislativo y ejecutivo, y no se debe blindar con un muro la conexión entre ellos, con el pretexto de nombrar tecnócratas en lugar de burócratas; lo que se necesita es activar las responsabilidades y dignificar la actividad política, pues se gobierna con los partidos que legitiman la actividad.

Lo más importante, es dejar de establecer sesgos de buenos y malos, y más bien encontrar el funcionamiento armónico del sistema político, sin estigmatizar el derecho que el Estatuto de la Oposición le brinda a la coalición oficial, de hacer parte del Gobierno, y de esta forma, fortalecer los partidos gobiernistas frente a la oposición, y permitirles su crecimiento en el escenario electoral, que garantice y mantenga el blindaje necesario para su legitimidad.

Por lo pronto, se dificulta la agenda legislativa para la Administración, es notable que los últimos sucesos en el Congreso de la República, demuestran que existe una polarización de fuerzas importantes, que el Gobierno no la tendrá fácil para imponer sus propósitos y que ante este escenario, es importante el trabajo que coordinadamente se realice entre la cartera del interior y los partidos políticos que hicieron parte de la coalición que llevó a la Presidencia a Iván Duque en la segunda vuelta.

Lo reitero; es necesario activar las responsabilidades de los partidos y dignificar la actividad política en el gobierno, esto es lo único que garantiza la gobernabilidad programática en un régimen presidencial como el nuestro. De cara a las elecciones que se llevarán a cabo en octubre del próximo año, es necesario fortalecer a los partidos de la coalición oficialista y parte de ese proceso se logra con la representación en los órganos de poder.

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