El Gobierno y sus palos de ciego en política antidrogas

1 de octubre del 2018

No es un secreto que el consumo de drogas ilícitas y legales, como el alcohol y el cigarrillo, ha aumentado en nuestro país. Según el Observatorio de Drogas en Colombia, en 2008 se calculaba que la prevalencia de uso de drogas ilícitas, alguna vez en la vida, era de 8,8%; diez años después se estima […]

Katherine Miranda

No es un secreto que el consumo de drogas ilícitas y legales, como el alcohol y el cigarrillo, ha aumentado en nuestro país.

Según el Observatorio de Drogas en Colombia, en 2008 se calculaba que la prevalencia de uso de drogas ilícitas, alguna vez en la vida, era de 8,8%; diez años después se estima que ha aumentado a 15%, es decir,  se incrementó en 70%. Las razones van desde un mercado que se ha diversificado y masificando hasta el trabajo insuficiente del Gobierno, las autoridades y la sociedad civil.

Además, la judicialización de las organizaciones criminales ha sido ineficaz lo que ha generado incontables puntos de distribución de drogas ilícitas en las ciudades más grandes y tráfico en zonas alejadas del país y, a pesar de estas derrotas, Duque y Trump reencauchan el cacareado anuncio de declarar la guerra contra las drogas.

Hemos construido una política prohibicionista que ignora las dinámicas de venta y consumo así como las nuevas clases de sustancias ilícitas. Es hora de realizar un análisis de impacto al fracaso de la política antidrogas. Sería injusto desconocer que hemos realizado acciones muy importantes para contener el narcotráfico y que hemos sacrificado unas 76 mil vidas desde 1994 en esa lucha. Toda vida es sagrada y no podemos seguir perdiéndola en muertos y adictos.

MEDIDAS RETRO

Al parecer toda esa historia de dolor, muerte y corrupción ha sido en vano, hoy estamos ante el peor escenario con un decreto para confiscar la dosis mínima de droga y la decisión de volver a las aspersiones aéreas con glifosato. Tremenda la doble moral del Gobierno Nacional haciendo a un lado el estudio de la comisión asesora de política de drogas que muestra el impacto reducido de la aspersión aérea con glifosato a la hora de eliminar los cultivos ilícitos en nuestro país; se calcula que solo hay una disminución del 12% y del 15%, haciendo necesario fumigar treinta y dos veces la misma zona.

Esto es: hay que fumigar treinta veces las poblaciones y los recursos naturales con los efectos en salud pública y en el ecosistema bien conocidos por la mayoría.

De otra parte, el decreto que anunció Iván Duque para que la Policía Nacional pueda decomisar cualquier cantidad de narcóticos y estupefacientes en propiedad de cualquier ciudadano devela la intención de criminalizar a los consumidores de sustancias psicoactivas, desconociendo nuestra Constitución Política y la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional que permite el libre desarrollo de la personalidad y la no confiscación de la dosis mínima, respectivamente.

Esa decisión del Presidente Iván Duque es un hecho contrario a la democracia y está lejos de ser una medida efectiva para que el consumo descienda como lo necesitan nuestros jóvenes y nuestras familias. Ningún análisis de impacto muestra que la prohibición genere acciones positivas y disminuya los puntos críticos de violencia asociados al microtráfico; lo cierto es que es una mala señal en un país democrático y garante de libertades.

La propuesta del presidente Duque es arbitraria y vulnera los derechos fundamentales de los consumidores de sustancias psicoactivas en Colombia, que cuenta con la despenalización del porte de la dosis mínima de sustancias psicoactivas (dosis mínima de 20 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína o bazuco, 1 gramo de metacualona y 5 gramos de hachís).

Criminalizando a los ciudadanos portadores de la dosis personal, retrocedemos en la construcción de un Estado liberal y democrático que garantiza los derechos de sus ciudadanos en el marco constitucional del libre desarrollo de la personalidad; retornando a las políticas reaccionarias y autoritarias que discriminan a los consumidores. Así, el gobierno impide abordar integralmente este profundo problema, descartando la prevención y la pedagogía que son el único camino hacia la reducción de los riesgos y daños para los consumidores en los países desarrollados del mundo.

SÍ a la libertad de expresión y a la posibilidad de decidir y NO al uso de glifosato y sus efectos perversos en la salud y en los ecosistemas.

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