¡Grandeza, Alcalde!

Pocos se lo creen. Ni el propio alcalde Petro. El Concejo acaba de aprobar en primer debate un ajuste a la contribución de la valorización y un cupo de endeudamiento por  3 billones de pesos. Y resulta increíble porque las relaciones pugnaces entre la administración y el Cabildo Distrital no daban para imaginar un trámite exitoso de ambas iniciativas. Aunque esta vez las presiones y ataques sobre el Concejo bajaron en su intensidad. Y a pesar de que un día antes de la votación de estos dos proyectos, la Registradora Nacional avaló las firmas para el proceso de revocatoria del Alcalde.

No faltará quien critique esta decisión del Concejo. Con razón nos recordarán los problemas de gobernabilidad de Petro. Su déficit gerencial. Y el bajo nivel de ejecución presupuestal en todos los frentes advertido por los órganos de control y por la propia Veedora Distrital. Sobre todo porque en movilidad, la segunda prioridad de los bogotanos según todas las encuestas y destino principal de las inversiones del cupo y la valorización el lento ritmo de las inversiones es desesperante. Mientras, a marzo del 2013 la ejecución de la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial sólo había ejecutado el 14%, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU registraba una ejecución del 3.6%. Voceros del gobierno distrital explican estas cifras en que heredaron una ciudad acechada por la corrupción, pero sus críticos advierten que este argumento no alcanza para justificar las ineficiencias e improvisaciones de la actual administración. Aún así, el Concejo actuó con responsabilidad. Y el gobierno capitalino facilitó que se avanzaran en estos acuerdos de ciudad. Porque a cambio de una derogatoria total de las contribuciones de valorización, hasta ahora vigentes como lo pedía el Alcalde, se aprobó un ajuste que redujo de 800 mil millones a 382 mil millones de pesos para financiar 11 obras viales para el norte y noroccidente de la Capital, que serán pagadas por aquellos predios cuyos propietarios demuestren capacidad de pago en aplicación de un elemental criterio de justicia tributaria. Al mismo tiempo, se autorizó un cupo de endeudamiento de 3 billones de pesos destinado a financiar un paquete de obras viales en sectores de bajos ingresos, la troncal de Transmilenio de la Avenida Boyacá, los metrocables de de Ciudad Bolívar y San Cristóbal e inversiones en educación, salud y espacio público. También fue responsable el Concejo al negar el proyecto de modificación excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial.  Porque en este caso, un buen manifiesto político a favor de la adaptación de la ciudad al cambio climático y de la disminución de la segregación socio espacial,  terminaba en un pésimo instrumento técnico y normativo en materia de usos de suelo y preservación de la estructura ecológica principal de Bogotá. Así lo advirtió, haciendo eco de sectores mayoritarios de la ciudad, el Concejal Uribe Turbay cuya ponencia fue acogida mayoritariamente por el Concejo. El Alcalde puede cerrar bien lo que acordó con el Concejo, si acelera la ejecución de los recursos puestos a su disposición. Y si acepta la votación que lo obliga a reformular su proyecto de ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial. Tomando nota de las críticas y observaciones para presentar un nuevo proyecto a la ciudad y al Cabildo Distrital. @AntonioSanguino