¡Hundir la reforma a la Justicia!

25 de junio del 2012

Apetito personal sin límites. Es lo que demostraron la mayoría de los miembros de la comisión conciliadora conformada para redactar el articulado final de la reforma a la Justicia. Y junto al ministro Esguerra, también exhibieron una impresionante capacidad de convicción para que finalmente la reforma fuera aprobada por una amplia mayoría en ambas cámaras. […]

Apetito personal sin límites. Es lo que demostraron la mayoría de los miembros de la comisión conciliadora conformada para redactar el articulado final de la reforma a la Justicia. Y junto al ministro Esguerra, también exhibieron una impresionante capacidad de convicción para que finalmente la reforma fuera aprobada por una amplia mayoría en ambas cámaras.

El gobierno promovió el proyecto de Acto Legislativo con ambición reformadora. Se empeñó en dotar al país de unos arreglos institucionales que mejoraran sustancialmente la Rama Judicial y la Administración de Justicia. Descongestionarla, hacerla más eficaz y cercana al ciudadano de a pie y limpiarla de fenómenos de corrupción o protegerla de la captura de las mafias. La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura se convirtió en el símbolo más visible de la progresividad y sensatez de la reforma a la Justicia. Y claro, una vocación garantista de los derechos ciudadanos prometía un carácter democrático en el proyecto.

Pero todo eso se vino al traste con el Frankenstein que terminó aprobándose en días pasados. Porque lo que hizo el Congreso fue envenenar con privilegios para sí y para un puñado de altos funcionarios públicos lo que podría haber sido un paso adelante en la recuperación de la majestad que una rama judicial tiene en cualquier sociedad democrática. Resulta inaceptable que se establezcan blindajes especiales para la investigación y juzgamiento de funcionarios aforados. Que se altere a favor de los congresistas la pérdida de investidura. Que se eliminen los anónimos como elemento para iniciar indagaciones contra estos privilegiados. Que se le quite competencias a la Fiscalía. Pero lo realmente grave y sospechoso es el efecto inmediato de la reforma sobre cientos de procesos por corrupción y parapolítica que están en curso y que tienen a un numeroso grupo de exservidores públicos tras las rejas.

La indignación genuina de la ciudadanía ha desembocado en iniciativas de distinto tipo. Y hasta se ha propuesto la revocatoria del Congreso. También el oportunismo político ha hecho presencia en estos días de crisis. Y hay quienes, junto al vacío institucional que significaría la revocatoria del parlamento, han propuesto una Constituyente. En esas está el expresidente Uribe, que encontraría un escenario perfecto para recomponer sus fuerzas y recuperar el poder. Sin duda, la propuesta más sensata puede ser el referendo revocatorio de la reforma por vía ciudadana, pero podemos terminar jugando con candela. Por resolver la crisis planteada podemos llevar al país a un salto al vacío que bien puede terminar en soluciones autoritarias.

El Presidente Santos salió prontamente a rectificar este error monumental. Ha acudido a jurisprudencia existente para objetar la reforma constitucional, a pesar de las opiniones que invalidad jurídicamente dicho camino. Pero hay quienes dicen también que sin promulgarse la Ley no existe contra que promover un referendo revocatorio. El hundimiento de la reforma se impone como una decisión política contundente. Y el Presiente Santos no debería esperar al 20 de julio. Puede convocar inmediatamente al Congreso a sesiones extras para hundir el proyecto. Nos ahorraría una incertidumbre institucional. Y con la interrupción de sus vacaciones, los parlamentarios pagarían por ahora con algo el enredo en el que nos metieron.

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