Una vez más, ante las tablas eternas de la lucha contra la mal llamada guerrilla, vuelve a cobrar vigencia la posibilidad de una salida negociada.
La arremetida de Uribe, equipada desde tiempos de Pastrana, con todo y las bajas de varios cabecillas, solo ha dado para arrinconarlos. Lejos de ser exterminados, continúan desestabilizando y haciendo mucho daño. A pesar de la baja del propio Cano, uno ve hoy al aparato de defensa encabezado por Santos y el ministro del ramo, repitiéndose; sin más margen de maniobra, sin algo nuevo y sobre todo eficaz que conduzca al triunfo del Estado.
Posiblemente, en la sin salida que este contexto representa está la explicación del retorno de la idea de negociar. Con condiciones y todo; ni más faltaba que el gobierno estuviera dispuesto a repetir errores de pasadas negociaciones y a no hacer valer los golpes que, como ningún otro, él les ha dado.
En la singularidad del caso colombiano, con una guerrilla que dejó de serlo en sus prácticas reales desde que se cayó el comunismo, pero que pretende seguir siendo identificada como auténtica, no es fácil prever lo que sucederá. Aquí las lógicas de negociación con alzados en armas tambalean. Cortado el chorro de los recursos que por la causa les suministraban las aún existentes potencias comunistas, y conminados a financiarse para subsistir, no demoraron en encontrar en el narcotráfico y en otras prácticas (contra el mismo pueblo a quien dicen representar) la descomunal fuente de dinero que desvirtuó su accionar. Su objetivo no reconocido ya no fue obtener el poder del Estado sino subvertirlo, para siniestramente seguir enriqueciéndose y equiparar su poder al de ese Estado.
Asumiendo que se llegara a una negociación y que el factor arrinconamiento y de merma en que nunca habían estado, los lleve, esta vez sí, a tomarse con la seriedad requerida el proceso, lo más probable es que insistieran en reivindicar su condición de guerrilla y a nombre de esa lucha apuntarle a la reclamación de los derechos económicos y sociales de los colombianos. Su necesidad de ser reconocidos como tales y la autoexigencia de una salida decorosa seguramente los obligará a batirse por su inspiración original. El interrogante es ¿qué hará el gobierno en ese momento? ¿Cuáles son las respuestas que tiene para de manera convincente impedir el fracaso de la negociación? Para nadie es un secreto que la exclusión y la inequidad que padecemos se explica por la prevalencia de los intereses de los pocos más fuertes sobre los derechos de la mayoría más débil, lo que ha dejado en categoría de enunciado a parte medular de nuestra Constitución y en condición de camino obligado a nuestro modelo económico, en el cual la dignidad del ser humano se supedita al mandato del libre mercado. A un duro trance se expondrá el gobierno cuando sustente sus cifras en aspectos claves como crecimiento económico del país (que no es del país sino de los dueños de las inversiones y grandes negocios), generación de empleo (aplaudida hasta ahora por quienes no reparan en la calidad y en las insuficientes tasas de esa generación), equidad (ya sabemos el puesto que ocupamos en la clasificación por países) y pobreza (combatida casi exclusivamente a través de programas asistenciales no temporales sino permanentes, que terminan disfrazándola y no acabándola).
Como nunca y muy seguramente, en un contexto de negociación, al gobierno le tocaría hacer frente al hecho de que en virtud de nuestro adoptado modelo neoliberal globalizado es la economía la que rige a la política, realidad que además de estar demostrada pone en entredicho la razón de ser del Estado. Nada más ni nada menos, es lo que ocurre en nuestro medio donde el gran capital impone las reglas para operar y preservar sus privilegios, y en otras latitudes, golpeadas por la crisis económica, donde los gobernantes adoptan soluciones que restringen las condiciones de vida de sus pueblos antes que obligar a pagar sus culpas a las organizaciones financieras.
Es una ironía que sea a instancias de las Farc que el gobierno tenga que encarar la problemática de fondo que, de tiempo atrás, dentro de la institucionalidad y con valoración verdadera de la democracia se ha debido abordar.
¿Se ocuparán algún día los conductores de nuestros medios masivos de comunicación de debatir estos asuntos cruciales, sin omitir contextos y pensando en el país antes que en intereses particulares?
