Es obvia la respuesta cuando se le pregunta a un trabajador con salario mínimo sobre la conveniencia o no de un incremento a su remuneración; incluso se aventura a sugerir de cuánto debería ser el alza. Arriendo, servicios públicos, educación, alimentación, entre otros gastos, son los que dicen tener ahogados al 57,2% de los trabajadores que según Fedesarrollo son los que reciben el pago mínimo laboral en el país.
Por esto resulta apropiado, en principio, la idea de un incremento extraordinario al salario mínimo que propuso esta semana el senador Álvaro Uribe. Desde el Centro Democrático, partido del expresidente, argumentan que la iniciativa es el cumplimiento de una promesa de campaña electoral, y en vista a la reducción de impuestos que propone el gobierno nacional a las empresas, resultaría equilibrado.
Técnicamente un incremento moderado a los salarios más bajos dinamiza la economía por cuanto se incrementaría el consumo. Sin embargo para tomar tal decisión se deben considerar otras variables como la creación de empleo formal y la productividad.
Para evitar que se dispare la inflación, es necesario que el sector productivo haga un balance de la demanda con la oferta; es decir, por ejemplo, que en el supermercado donde usted suele comprar productos existan las cosas que quiera adquirir y no haya escacez de estos, porque con un mayor dinero disponible en los bolsillos de los colombianos habrá mayor pedido de productos. Si eso no sucede, ahí es donde todo se distorsiona y empeora las cosas, porque trae consigo alzas de precios. Todo esto es teoría básica de economía... tan básica es que el gobierno de Venezuela, por ejemplo, no la ha entendido o la pasó por alto, por eso es común ver a través de los noticieros de televisión las góndolas de los supermercados poco ocupadas y precios en millones de bolívares de un simple refresco.
Sindicatos de trabajadores apoyan la idea; la Andi por su parte, gremio de los grandes empresarios, abre la puerta al estudio de la propuesta; y para Acopi, que agrupa las micro, pequeñas y medianas empresas en el país, que son más del 90% y con el 80% del empleo formal nacional, es un sorpresivo proyecto sobre el que ya tienen sus diferencias.
En este sentido, el gobierno nacional junto con estos sectores podrían explorar la posibilidad de políticas diferenciales que varíen según el tamaño y sector de la empresa; esto ayudaría a incentivar la productividad y el crecimiento.
Pero más allá de lo técnico existe un factor emocional. Esta propuesta, según entendidos, subyace como una especie de compensación de sensaciones con miras a la reforma tributaria que viene, que prevé incluir a más colombianos en el pago de impuestos.
La situación ha sido interpretada por algunos con un mensaje así: menos impuestos a las empresas y más a los trabajadores, pero lo compensamos con un aumento extraordinario de su remuneración.
El proyecto de ley del senador Uribe, de ser aprobado, no es per se el que va a incrementar el salario mínimo; simplemente entrega facultades extraordinarias al Presidente Iván Duque para que en un término de 6 meses haga el aumento por una sola vez y excluya ciertos bienes y servicios que están directamente conectados con el mínimo.
Es decir, la última palabra, luego de superar todos los debates en el Congreso, la tendría el Ejecutivo. Sin embargo, constitucionalistas han considerado que el Legislativo no puede tramitar un proyecto de esta magnitud sin previa solicitud expresa por parte del gobierno central.
La clase trabajadora espera que en medio de este debate sobre impuestos y salarios al final no solo sea un juego de emociones.
@jespitia
