Indignados 2.0

28 de junio del 2012

La definición de locura, es seguir haciendo una y otra vez lo mismo y esperar resultados distintos. Esa máxima nos cae como anillo al dedo a los colombianos frente a la crisis provocada por la “reforma a la Justicia”.  Hasta ahora, más allá de la indignación y la rasgadura de vestiduras colectiva, no se ha […]

La definición de locura, es seguir haciendo una y otra vez lo mismo y esperar resultados distintos. Esa máxima nos cae como anillo al dedo a los colombianos frente a la crisis provocada por la “reforma a la Justicia”.  Hasta ahora, más allá de la indignación y la rasgadura de vestiduras colectiva, no se ha visto una sola propuesta que haga sentido. Empezando por la del Gobierno, que consiste en violar la Constitución para salvar la Constitución, y que no resuelve el problema fundamental: que en Colombia no hay separación de los poderes, nunca la ha habido. Los poderes —practicando el mantra nacional del “cómo voy yo”— se amangualan para concederse y mantenerse sus respectivos privilegios, incluido el Ejecutivo, aunque ahora ante la indignación generalizada se haga el que no.

Los que se declaran indignados, proponen lo que ya ha demostrado que no funciona. Una reforma constitucional: me temo recordarle a sus proponentes que eso lo intentamos con la Constitución del 91, la llenamos de inhabilidades e incompatiblidades y prohibición de auxilios y nuevos poderes seudoindependientes como la Fiscalía o Defensoría… pero henos aquí. Los que proponen un referendo… bueno, ni para qué entrar en eso.

Los que proponen la revocatoria del mandato de los congresistas que votaron favorablemente la reforma, les recuerdo que eso también lo hicimos hace 20 años y el Congreso que tuvimos inmediatamente después y el que tenemos hoy, no han sido mejores que el que teníamos antes. Se basa en la ingenua premisa de que el problema son las personas, y no las maquinarias y la cultura clientelista de los votantes que los eligen. Así honráramos nuestra gloriosa tradición hispana —¡viva la fiesta brava!— e hiciéramos una gran hoguera en la Plaza de Toros de Santamaría para quemar ahí por herejes a todos los que firmaron, en un año tendríamos otros iguales o peores ocupando su lugar. Y tramitarán otra reforma a la Justicia que prohíba las hogueras, aumentando el período y monto de las pensiones de los honorables magistrados de las cortes, que consecuentemente decretarán la constitucionalidad de la reforma, porque se ajusta al “espíritu” de la Carta.

Otra es la de publicar en medios y compartir frenéticamente en redes sociales la foto de los congresistas que votaron negativamente la reforma. Hoy todos parecen héroes, aunque no estemos seguros que son todos los que están. Al final se nos olvidarán sus nombres y tendremos el mismo Congreso clientelista y manzanillo de siempre, con las más o menos honrosas excepciones de siempre.

El problema consiste en que en este país santanderista, seguimos creyendo en la promesa del prócer, de que así como las armas nos dieron la independencia, las leyes nos darían la libertad. Que haciendo leyes, cambiando las reglas del juego, finalmente llegaremos a unas perfectas que transmuten manzanillos en ángeles. Aquí estamos, 200 años después, y cada vez que hay una crisis no se nos ocurre nada distinto.

La realidad es que esa libertad que prometió Santander no existe. Un pueblo que no se toma el trabajo de enterarse de las cosas, saber quién es su representante y votar a conciencia, que lo único que le pregunta a un político es ¿qué me va a dar? a cambio del voto, no puede pretender un resultado distinto al que tenemos.

Quizás es hora de reconocer que desde la República Romana y la Carta Magna, no se nos ha ocurrido nada nuevo sobre cómo definir las reglas de juego de una sociedad, que no sea un costosísimo, peligrosísimo, ineficiente e infinitamente impopular parlamento. Ni siquiera en Estados Unidos —la cuna de la democracia moderna— el Congreso es más popular y respetado que la industria de la pornografía. Con perdón de la industria de la pornografía.

La democracia representativa —donde yo elijo a un legislador y confío en él para que decida por mí durante cuatro años, está en crisis no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Tal vez debamos atender las palabras de David Axelrod —el asesor de Obama a quien se le atribuye el rescate de General Motors—, quien asegura que “nunca se debe desaprovechar una buena crisis”. No sería descabellado pensar en aprovechar este tierrero para incorporar en la estructura del Estado en Colombia experimentos como el del exitoso Pirate Party en Alemania, que funciona a partir de un programa desarrollado por MIT, que permite que la gente vote a través de internet directamente en los temas que le interesan y le endose su voto a un tercero en los que no, que a su vez puede endosarlo también y así sucesivamente. Si no me gusta lo que hace o dice la persona a quien endosé mi voto, se lo puedo quitar inmediatamente y recuperarlo para mí o endosarlo a otro. Esto en jerga técnica se llama proxy voting y resuelve el problema de tener que aguantarse las decisiones de un legislador durante cuatro años. O tener que votar en temas de los que no se, no tengo tiempo para atender o no me interesan. Todo ello sucede en tiempo real.

Si un banco confía en un ciudadano para que pueda transferir millones de pesos en una cuenta a través de internet, ¿no puede el Estado confiar en mí para emitir un voto digital? ¿Para qué necesitamos un carísimo, vendido al mejor postor y tramposo congreso de carne y hueso si podemos tener uno baratísimo, transparente, visible y virtual? Algunas personas en Colombia, como los creadores de Socraci.com ya están incursionando en este campo con prometedores resultados.

La tecnología nos ha cambiado la vida a todos. Ya es hora de que nos cambie también la política, antes de que los manzanillos de siempre una vez más decidan cambiarlo todo para que no cambie nada.

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