Jaque a Uribe y juicio político

2 de agosto del 2011

Las  decisiones de la Procuraduría, la Fiscalía y de las  instancias  judiciales  contra varios de los hombres  más  cercanos del expresidente Uribe nos  aproximan a un nuevo “Watergate a la criolla” o a una reedición mejorada  del proceso 8.000, y a las puertas  más de un proceso de responsabilidad política,- como en el caso del […]

Las  decisiones de la Procuraduría, la Fiscalía y de las  instancias  judiciales  contra varios de los hombres  más  cercanos del expresidente Uribe nos  aproximan a un nuevo “Watergate a la criolla” o a una reedición mejorada  del proceso 8.000, y a las puertas  más de un proceso de responsabilidad política,- como en el caso del general  Rojas Pinilla-, cada  vez mas  inminente y necesario, para  luego dar paso   de un proceso de responsabilidad penal en parte, por cuenta  de los ricos  escenarios de corrupción que campearon durante  el gobierno de “mano dura”, y cuya  lista resulta más larga  y nefasta  que cualquiera de los gobiernos  que el mismo Uribe cuestionó, incluido el proceso 8.000 –presencia de dineros  del cartel de Cali en la campaña presidencial de Ernesto Samper, que en su momento denunciamos y simbolizamos con “el elefante”- y su correlación obligada con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

El que  a nuestro parecer constituye un  error en los puntales de la estrategia contra  el expresidente  Uribe es esperar  los avances de los procesos judiciales  para proceder  al inmediato e inaplazable juicio de responsabilidad política que resulta constitucional y legalmente impostergable.

Hasta  ahora,  y de manera  creciente, el conjunto de medidas adoptadas por los órganos de control, investigación y judiciales han puesto de facto en jaque, aunque un poco tarde, a Uribe, el disminuido “rey”. Las selectivas y sistemáticas chuzadas del DAS a altas Cortes, dirigentes políticos y líderes de oposición, hoy tienen tras las rejas nada menos que al entonces secretario general de Palacio, medida  sin precedentes en la historia reciente  del país. Ni siquiera  Juan Hernández Celis, en tiempos de Pastrana  pasó por una  vinculación procesal formal; y más  grave aún es que la propia justicia considera que el exsecretario de Palacio  es un peligro para la investigación judicial disponiendo su encarcelamiento provisional. Dos exdirectores  del organismo de seguridad más cercano al presidente, como Noguera, y la prófuga bajo el abuso de la figura del exilio  María del Piedad Hurtado por los mismos  hechos,  y el juicio contra  el Director de la IUAF o ente de información tributaria y financiera, Mario Aranguren, no son coincidencia, por el contrario, revelan  la forma como tal andamiaje correspondía a un plan deliberado, orquestado durante  el gobierno Uribe.

El tema precursor de la Yidispolitica y la vinculación de Sabas Pretelt, y Diego Palacio,  ministros de la era Uribe, la aceptación de cargos por cuenta de algunos de los implicados en la dirección de la campaña  del referendo reeleccionista, y las irregularidades en sus cuentas son temas de no poca monta que suman al impeachment o juicio político contra Uribe.

La oprobiosa dilapidación de recursos públicos en Agro Ingreso Seguro, por parte  del heredero al trono, Andrés Felipe  Arias, alias (?) “Uribito”, para sustentar su ministerio como sede de su propia  campaña fallida  a la presidencia, mal pueden considerarse fenómenos aislados y a “espaldas” de Uribe: uno no puede decir  que se le cayó el cielorraso de la casa y alegar que no se dio cuenta pues esto ocurrió mientras dormía.  Súmesele el campeonato de trampas en  la Dirección Nacional de Estupefacientes, en cabeza de Carlos Albornoz  entre otros, que terminó favoreciendo a los narcos y sus bienes, testaferros, al punto que hubo que liquidar la entidad.

El tema  de los mal llamados falsos positivos aporta la página más tenebrosa de conflicto armado alguno, en hechos ni siquiera acaecidos en  la Alemania nazi, como expresaba el delegado de la Fiscalía en un Foro sobre corrupción -al que fuimos invitados la semana pasada en Tunja-, poniéndose el monopolio de la fuerza en cabeza del Estado al servicio de la muerte de sus propios  conciudadanos en miles  de casos,  devastando la confianza ya menguada en las instituciones y generando un estado de intimidación y zozobra generalizados.

Por hechos mucho menos graves han caído presidentes  y gobiernos en ejercicio… ¿por qué razón no lo haría uno que ha dejado de serlo? Repetimos, el país y el Congreso de la República  están en mora  de iniciar un juicio político contra el expresidente  Uribe, sin perjuicio del juicio o investigación penal o criminal por parte de las autoridades nacionales, y en su defecto por los tribunales  internacionales.

Lo anterior  sin mencionar el tinglado de Andrés Uriel Gallego y su acusada relación con los Nule en la millonaria  contratación  a nivel nacional, sin mencionar la del propio Emilio Tapia, señalado como la ficha  de los Moreno en el cartel de la contratación.

Los días  de Uribe en materia de justicia  nacional o internacional están contados y cada  escándalo frente  a tal gobierno ha puesto en jaque al expresidente Uribe, de manera más inmediata mediante  un juicio político y disciplinario,  y a la vista un juicio penal al que llega  cada vez más comprometido. Hay  razones  de sobra  para  un juicio político serio, lo que no está claro es si haya  un Congreso capaz  de realizarlo.

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