JEP: Legislar, Revisar y Objetar

20 de marzo del 2019

Opinión de Roger Carrillo

JEP: Legislar, Revisar y Objetar

El pasado domingo 11 de marzo en alocución presidencial, el Presidente Duque objeto por inconvenientes seis artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz y propuso tres modificaciones al Acto Legislativo 01 de 2017 que le dio vida a la Jurisdicción Especial de Paz.

Esto supone, desestimar parte del acuerdo renegociado después del plebiscito, que fuera suscrito por el jefe de Estado en uso de sus atribuciones constitucionales, refrendado por unas amplias mayorías en el Congreso, con el respectivo debate requerido con el fin de dar las herramientas necesarias para su implementación, y garantizando en su contexto; la desmovilización y el desarme de las FARC, y contar con un sistema de verdad,  justicia, reparación y de no repetición para las víctimas del conflicto.

Posteriormente, surtió la etapa de revisión de constitucionalidad por la Corte Constitucional, para finalmente ser radicado en Naciones Unidas como acto unilateral del Estado colombiano exigible conforme al derecho internacional y en Berna, como acuerdo especial de los protocolos comunes de los Convenios de Ginebra.

Ahora lo que está por resolverse es la sanción de la Ley estatutaria de la JEP, las 6 objeciones del Gobierno, la razón jurisdiccional y la autonomía que en la materia y por disposición constitucional tiene el Presidente Duque para objetar por inconveniencia. Esto se explica, porque refieren a asuntos que ya definió la Corte Constitucional en la Ley estatutaria o en la sentencia en la que declaró constitucional el acto legislativo que le dio vida a la JEP en el momento de su verificación de constitucionalidad.

Es por este motivo, la comisión primera de la Cámara de Representantes determinó, por mayorías, suspender los debates de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, hasta tanto la Corte Constitucional responda la solicitud enviada por el presidente de esta corporación, sobre la viabilidad de debatir las observaciones presentadas por el Presidente Duque, y la posibilidad de ser cuestionados ante el legislativo.

En este sentido, un ejemplo claro, es la objeción sobre la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. De este proceso, según algunos teóricos, se puede desprender una de las más graves inconsistencias que afectaría sin distinción a todos los actores de la guerra, significa que quedaría sin efectos la selección y priorización de casos y todos los responsables de delitos graves, así no sean máximos responsables, tendrían que ser juzgados, lo que significaría el colapso del sistema en cabeza de este tribunal.

Sin embargo, las objeciones que volverán a ser debatidas en el Congreso de la Republica, tienen asidero en su misma promulgación; de un lado, no establecer claramente la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas, es una objeción válida, teniendo en cuenta lo absurdas que resultaron las entregas de bienes remitidos por las FARC como grupo guerrillero en su momento, contando con un inventario que incluía escobas y traperos, que fueron una burla al sistema y a las  mismas víctimas.

Así mismo, un tema candente fue la objeción hecha a la medida del caso “Santrich”; específicamente sobre el artículo que trata la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo, por lo cual el Presidente Duque dijo que “es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP, cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas”, solicitud justificada por los posibles comportamientos posteriores del citado “Jesús Santrich”, “El Paisa” e “Iván Márquez”, que hoy despiertan dudas sobre su compromiso de comparecer ante la JEP, incorporarse a la vida civil y alejarse de los actos delictivos, especialmente los referentes al narcotráfico.

Sin lugar a dudas estos temas son preocupantes, porque si bien, el Presidente señala que no se trata de generar un choque de trenes con la Corte Constitucional, es evidente que sí está controvirtiendo al alto tribunal constitucional en esta y otras decisiones ya contenidas en la Constitución. En este sentido, debe ser fundamental que todas las ramas del poder público promuevan y respeten la autonomía e independencia de la Jurisdicción, así como lo ratifica la posición de la ONU en el tema, convocando por una “urgente sanción y promulgación” de la Ley Estatutaria de la JEP.

También se habla de una posible reforma constitucional, teniendo en cuenta que los puntos que quiere cambiar el presidente Duque ya no están en la ley estatutaria, porque fueron declarados inconstitucionales por la Corte, acá el asunto es que difícilmente tendrá mayorías en el Congreso para que le aprueben esto, lo que puede constituir una derrota y un fraccionamiento que rompa aún más el espectro político, que terminara por polarizar el escenario electoral nuevamente para este 2019.

Si bien es respetable la autonomía y el fuero que el Presidente Duque tiene para objetar esta Ley, también es cierto que se debe garantizar la independencia de los poderes públicos “El congreso en su labor de legislar, y la Corte Constitucional en la revisión de las normas”, y en este caso especial, se debe blindar la independencia judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz, los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, así como la seguridad jurídica de los desmovilizados y todos los demás que voluntariamente se acogieron a la JEP.

Ahora bien, también tiene la tarea institucional la JEP de responder por los actos de sus magistrados, fiscales y funcionarios, velando por un funcionamiento misional sin tacha. Lo que clamamos desde todos los estamentos públicos y civiles, es que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda garantizar justicia en el marco de los principios de verdad, reparación y no repetición para que Colombia transite hacia la reconciliación.

En este conflicto de independencia de poderes entre el legislativo, la corte constitucional y el gobierno, debe primar como principio fundamental, garantizar los acuerdos con las FARC y no retroceder en la búsqueda de la paz

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