La lánguida campaña

6 de abril del 2014

Decir que “la desigualdad es uno de los indicadores más difíciles de bajar históricamente en el país”, al tiempo que se muestran los buenos resultados económicos que arrojan esos mismos indicadores, es seguir pasando de agache que nuestra alta desigualdad obedece a cómo nuestra economía obtiene esos resultados. Que, por la misma razón, son lentos, de bajo impacto, y la mayoría de la población no siente. No los ve reflejados en su condición real de vida.

Es lo que hace Semana en su última edición, la No. 1666. Mostrar resultados desagregados sin reparar en cómo se causan realmente, y qué consecuencias profundas tienen tales resultados. Quizá porque su único interés es ayudar a causar el efecto que Santos necesita para subir en las encuestas.

Esa forma de economía, que técnicos neoliberales e inversionistas de todas latitudes no dudan en alabar, se enmarca dentro de la economía mundial globalizada, diseñada a la medida para el éxito económico de los particulares y que torna inaceptable, como dice Moisés Naím, que “una élite concentre el 1 por ciento de la riqueza mientras el 99% sobrevive a duras penas”.

La investigación auspiciada por la Contraloría General de la República y publicada el año pasado, sin la trascendencia debida, titulada “Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista”, ilustra la manera como el modelo de la economía globalizada obtiene sus éxitos en Colombia. Al igual que en el resto del mundo, los negocios que en el marco del “libre mercado” suelen montarse, presentan un común denominador de ventajas múltiples para los inversionistas y desventajas diversas para el Estado, que dejan al margen el interés general. Eso sí, una vez pactados tales negocios, son blindados jurídicamente con la anuencia de los gobernantes, como ha sucedido en los últimos quince años en nuestro territorio. Para ser concretos, en el caso de la minería, factores como las deducciones, descuentos y exenciones, se tradujeron en que entre 2005 y 2010, aunque las empresas mineras pagaron en promedio $878 mil millones anuales por concepto de impuesto a la renta, el país dejó de recibir $1.78 billones. Lo que equivale a decir que por cada 100 pesos efectivamente pagados por este concepto, el Estado perdió $200. Así mismo, por cada $100 pesos recibidos por concepto de regalías, el Estado otorgó un descuento de $132. Según autores del Estudio, no se observa el interés del gobierno Santos por modificar el modelo de desarrollo minero prevaleciente y las propuestas de cambio en la política son superficiales e insuficientes.

Bajo esquemas similares de desventajas para el Estado y los colombianos funcionan los negocios de economía primaria y del sector servicios en los que reina el capital especulativo. Los mismos que arrojan los resultados económicos que por capricho oficial y la negligencia de los medios de comunicación nos deben poner dichosos. Los mismos que tienen a los dueños del capital bailando en un solo pie y a los últimos gobernantes repicando que por ahí es el camino. Quieren tapar el sol con un dedo. Les cuesta trabajo entender que para los ciudadanos del común, los logros que esa economía les deja, resultan residuales frente a sus grandes necesidades.

Lo que deben hacer los candidatos a la presidencia, angustiados por sus pobres resultados en las encuestas, que insisten en mantener la confianza inversionista en las condiciones de abuso y de menosprecio por los colombianos en que se soportan las cifras de crecimiento, es salir desde la campaña a proponer los cambios que requiere una economía egoísta, cuya bondad no es para nada creíble. Mucho menos, sostenible.

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