Hay un hecho que en las últimas semanas ha quedado claro en materia de justicia en Colombia: en este país solo debe aplicarse a los de ruana. Porque cuando se trata de un funcionario de Estado, político nacional, militar o policía de alto rango, siempre ha de aparecer una luz al final del túnel que les evite una sanción ejemplar, sea disciplinaria, penal o fiscal.
Curioso resulta, por no decirlo de otra manera, que mientras el país enfrenta un largo debate por cuenta de la reforma judicial que centró la atención en fuero militar, sí o no, y la doble instancia para los congresistas, que no aporta la necesaria solución en materia de descongestión en los procesos y la limita al nombramiento de notarios y abogados para que refuercen la labor de los jueces y dicten sentencias en los casos represados, se emitan fallos que de una u otra forma generan impunidad o dejan a las autoridades maniatadas. Como acaba de suceder con la decisión de la Sala de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura que le quita facultades a la Contraloría General de la República para que adelante investigaciones en materia fiscal a los aforados y le envía esta responsabilidad a la incompetente Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Es bueno que ahora la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le anuncie al país cuál va a ser la metodología que piensa a aplicar en materia de investigación fiscal para abordar los procesos que seguía la Contraloría General de la República en lo que tiene que ver con el carrusel de las pensiones de los magistrados de las altas cortes. Si reclama el derecho a ejercer esta labor es porque puede cumplirla mejor o igual que el ente de control. Si no es así, me gustaría que nos confesara a los colombianos del común ¿cuál es el interés en que se les otorgue esta misión?, ¿acaso lograr cierto tipo de poder sobre estas instituciones con el fin de evitar futuras investigaciones al honorable Congreso de la República? O será que más bien se alborotó el avispero con el fin de tener la excusa perfecta para sacarse el clavo por los procesos de la parapolítica que se adelantaron en la Corte Suprema de Justicia.
De ser así, sería lamentable que el Congreso en pleno se preste a este juego, y digo en pleno porque hasta el momento no se ha escuchado senador o representante alguno que se pronuncie en contra de este polémico fallo. Ni siquiera del Polo Democrático Alternativo que se supone juega en la política como partido de oposición al gobierno actual, defendiendo el sistema de pesos y contrapesos que debe mantenerse en un Estado Social de Derecho. En las polémicas decisiones que se han emitido últimamente, solo han dicho algunos parlamentarios si están o no de acuerdo con la revocatoria de la orden de captura a Luis Carlos Restrepo, emitida por la juez 45 de conocimiento, quien de paso le dio la tranquilidad al excomisionado para que busque asilo en algún país del mundo donde solo sus amigos, entre ellos el expresidente Uribe, lo puedan visitar.
Muy extraño resulta que el Partido Liberal y el Polo Democrático no se pronuncien frente a la posibilidad de la doble instancia para los congresistas. Estos dos partidos se opusieron en el gobierno anterior a cualquier tipo de reforma al juzgamiento de parlamentarios, cuando las mayorías uribistas engrosaban las listas de senadores y representantes investigados por parapolítica. Yo pregunto, ¿por qué ahora sí les gusta y antes no les gustaba? Sobre todo, en el caso de los liberales que promueven una verdadera aplicación a la ley de Víctimas, mientras con su silencio defienden a los victimarios que se hicieron elegir para el legislativo.
Lo mismo que sucede en el caso de los militares y policías, a quienes se les dará la posibilidad de que sus casos sean revisados en primer lugar por la justicia penal militar como medida de garantía, no para los que reclaman justicia, sino para los que buscan evitarla. De seguir así, veo muy posible que la próxima lista al Senado por el Liberalismo la encabece Álvaro Uribe.
A lo mejor tienen razón las altas cortes en no querer participar de las discusiones de la reforma a la justicia, cuando esta parece no pensada en solucionar estructuralmente el problema de fondo que tienen los jueces y fiscales para aplicarla, sino más bien en arreglarle la situación a unos cuantos políticos, funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública que prefieren evadirla y tener una justicia a la medida de la impunidad.
