Frente a los fallos judiciales solo hay dos alternativas posibles: acatarlos o desconocerlos. Cualquier otra cosa que se diga al respecto es un eufemismo, cuyo propósito es disfrazar la verdad. Eso de que Colombia va a “inaplicar” el fallo de la Corte de La Haya, con respecto al diferendo limítrofe con Nicaragua, es un parapeto que busca burlar una decisión judicial que hizo tránsito a cosa juzgada (pues no hay apelación posible), con la única intención de atajar la vertiginosa caída de Santos en las encuestas, exacerbando el nacionalismo trasnochado de la sociedad colombiana. Varios meses después de proferido el fallo y a poco tiempo de la justa electoral, es cuando el gobierno viene a reaccionar y a proponer semejante salida a la crisis. ¡Qué coincidencia!.
El presidente y todos sus asesores -incluyendo a los abogados ingleses que cobraron una millonada, para decir lo que ya todos sabíamos- tienen perfectamente claro que el fallo no tiene reversa y que, por más que se “meta al congelador” o se implementen sofisticados “esguinces legales”, algún día habrá que cumplirlo. El gobierno prefiere crearle falsas esperanzas a la ciudadanía antes que admitir con gallardía que perdimos y que el borracho que gobierna Nicaragua nos ganó. Y hacen las cosas así, porque resulta muy impopular e inconveniente, en medio de las actuales circunstancias, aceptar lo que a todas luces resulta evidente.
Es inaudito y vergonzoso que, después de reconocer la jurisdicción de La Haya con respecto al litigio territorial con Nicaragua, en virtud de tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, ahora se salga a decir que la decisión está viciada, que es injusta o abiertamente ilegal. Si el escenario hubiese estado determinado por el triunfo de Colombia, no alcanzarían los micrófonos y la tinta para reconocer las virtudes y la ponderación de esa instancia internacional de justicia. La clásica “colombianada”: las instituciones y sus pronunciamientos son buenos, dependiendo de a quien le dan la razón.
Una democracia se caracteriza por el respeto a las reglas de juego establecidas, reflejadas en las leyes y normas de un país, de las cuales también hacen parte integral los tratados internacionales, que incluso tienen mayor jerarquía que las disposiciones jurídicas internas. No reconocer el fallo de La Haya nos muestra como una república bananera, parecida a Venezuela o a la misma Nicaragua. Acatar el fallo no es lo que más le conviene a Colombia, pero, sin duda, es lo correcto.
Justo es reconocer que el gobierno que menos responsabilidad tiene en el estropicio que nos ocupa es precisamente el de Santos. Cuando el actual presidente llegó al poder, ya prácticamente el daño estaba consumado. Los autores de la tragedia en la que se ha convertido el litigio con Nicaragua deben salir al ruedo y poner la cara. Santos no tiene por qué cargar con un muerto que encontró moribundo. Lo que me disgusta de la actitud presidencial es que se esté utilizando el tema con fines politiqueros. Un asunto tan serio y complejo no debe estar signado por los vaivenes electorales y las ambiciones subalternas.
No podemos retener a la fuerza, lo que no supimos defender en derecho.
La ñapa I: Los exministros Carrillo y Rengifo salieron premiados, con sendas embajadas en Europa. ¿Acaso será por la buena gestión realizada? No creo.
La ñapa II: ¿Alguien puede informarme cuál es la labor que desempeña Lucho Garzón en el gobierno? ¡Qué horror!
La ñapa III: Es necesario poner en cintura a Claro. Prestan un pésimo servicio y no pagan las multas que le imponen.
