La crisis de la justicia

6 de junio del 2019

Opinión de Roger Carrillo

La crisis de la justicia

La justicia colombiana atraviesa por una de sus más profundas crisis; se ha minado la credibilidad ante la sociedad, a causa de la politización, o la congestión y consecuente demora en los fallos, y la impunidad. También, la aquejan dificultades en el diseño constitucional y la jurisprudencia, males en la jurisdicción dentro de la misma rama, las tutelas desenfrenadas en los litigios, la falta de seguridad jurídica y la ausencia de moralidad pública en algunos magistrados de las altas corporaciones.

Desgraciadamente, el país se está acostumbrando a escuchar constantemente acusaciones en contra de magistrados, jueces, fiscales y litigantes por casos relacionados con corrupción; una singularidad tan lamentable, que los actores del sistema judicial hayan sido cooptados por el delito que más daño hace al país, ha tenido efectos en la opinión pública, que reconoce esta coyuntura como la peor crisis que afronta el poder judicial, y que llegó a su culmen con el destape del Cartel de la Toga.

El caso más explicativo de los últimos años; implica al más alto nivel, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues la Fiscalía General de la Nación en su momento, dio a conocer un documento en el cual se reproducen unas conversaciones grabadas, que salpicarían a dos exmagistrados y presidentes de sala de esta corporación y que tendrían por objeto afectar la integridad de la justicia, lo cual llevó a la cárcel a uno de ellos.

Así mismo, escándalos como el de Odebrecht que han salpicado inclusive al saliente Fiscal, son prueba de las manchas que rondan a los organismos de justicia en el país; por tanto, la imagen del hombre que llegó al ente investigador prometiendo acabar con la impunidad y la corrupción, salió irónicamente salpicado por sospechas de la misma índole. 

Ahora, si bien el Fiscal dimitió con la aparente excusa de no compartir un fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la extradición de Jesús Santrich, también, existía la amenaza latente del Tribunal Superior de Justicia y la posibilidad de una solicitud de renuncia o el despojo de grandes investigaciones de corrupción, y en el ambiente, quedó el tema Santrich como una excusa para la renuncia del Fiscal.

Y para completar el problema; detrás de la libertad de Jesús Santrich y su próxima entrada al Congreso como Representante, hay un mensaje claro de las altas cortes al gobierno nacional. Los máximos tribunales del país respaldando unísonamente a la JEP, actuaron para contener el propósito del presidente Iván Duque de poner al ex líder guerrillero en un avión y extraditarlo, entregándolo a la Justicia de Estados Unidos.

Por ahora y en el corto plazo, Santrich acudirá a la Secretaría de la Cámara de Representantes, para cumplir los trámites de rigor a fin de posesionarse en una de las diez curules que el acuerdo de paz le asignó a la extinta guerrilla de las Farc, en medio de un nuevo llamado a indagatoria que le hace la Corte Suprema de Justicia, por presuntos delitos de narcotráfico.

Ante los conflictos y la crisis; soluciones se dan desde todas las orillas; de un lado, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado, dijo que si bien la justicia enfrenta una coyuntura especial siempre se ha sabido reponer; no obstante, afirmó que es necesario concretar una reforma integral, que permita tocar temas como el análisis para ver si se requiere una reingeniería y que los procesos sean más rápidos, repensar la administración de justicia en lo penal, así como al tema de las tutelas.

Desde la institucionalidad; por ejemplo, el procurador general, Fernando Carrillo, señaló que en situaciones de crisis hay que apostarle al fortalecimiento de las instituciones y no a su debilitamiento y dijo que, en principio, hay que respetar a la justicia y no apostarle al matoneo de las instituciones judiciales, que podría agravar la situación.

Los retos son enormes, se requiere una justicia autónoma, independiente y efectiva. Los jueces y magistrados, deben ser valorados por la sociedad, no se trata de proveer cargos burocráticos, como tampoco de suministrar trampolines a trotamundos políticos ni a abogados en busca de éxito financiero, que no tienen vocación de servicio al impartir justicia.

Así mismo, el Congreso como legislativo; debe ejercer control político sobre los máximos magistrados y la política debe someterse a las reglas del ordenamiento jurídico. La tutela debe volver a su naturaleza de protección de los derechos fundamentales y así mismo la tecnología debe suministrar soluciones jurídicas inmediatas para que la seguridad jurídica sea plena.

En conclusión, la administración de justicia en Colombia, necesita una profunda reforma que rescate al juez de la burocracia política y lo acerque a la meritocracia y vocación, esto termina por someter la política al derecho, y al final el mejoramiento en la tecnología debe ser garante de una verdadera seguridad jurídica.

Es importante recuperar la confianza y legitimidad en la justicia y garantizar sus principios fundamentales: justicia pronta, expedita y de igualdad.

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