La Democracia y la Paz en incertidumbre por objeciones a la JEP

La Democracia y la Paz en incertidumbre por objeciones a la JEP

15 de marzo del 2019

Esta semana el país ha vivido una fuerte polémica luego de que el presidente Iván Duque anunciara la decisión de no sancionar el proyecto de Ley Estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), objetando por inconveniencia 6 de los 159 artículos el pasado 11 de marzo.

Y es que dicho proyecto de ley ya había hecho todo el recorrido para convertirse en Ley, incluido el control de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional en agosto pasado. Solo hacía falta la firma del presidente, pues el gobierno nacional tenía la obligación de respetar y acatar la decisión de la Corte que dentro del marco jurídico no pueden ser variada ni controvertida.

En el trámite de una ley estatutaria interactúan los tres poderes: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Aunque generalmente un proyecto de ley es de iniciativa del Congreso, hay que recordar que en este caso específico fue el gobierno quien presentó esta iniciativa, para que luego fuera discutido y aprobado por el Congreso. Posteriormente es revisado por la Corte Constitucional y, finalmente, el presidente de la República lo sanciona para convertirlo en Ley dentro del ordenamiento jurídico y que se pueda ejecutar lo allí promulgado.

Ante dicho panorama, claro está, el presidente puede presentar sus objeciones por inconveniencia en aquellos casos en que, según su criterio, un proyecto de ley -de manera parcial o en su totalidad- generaría algún tipo de afectación al país, ya sea de tipo económico, social o político. Lo que resulta inédito en el caso de la JEP es que, hasta el momento, unas objeciones por inconveniencia no se habían expresado de esta manera frente a un proyecto de ley estatutaria que obtuvo la viabilidad de la Corte Constitucional, y por eso se considera un desacato a una orden judicial.

La incertidumbre que genera esta decisión es inmensa, pues no tardaron en surgir las posiciones encontradas sobre el camino jurídico a seguir, en el que ya se puede ver venir un choque de poderes entre la Presidencia, el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación, la misma JEP y la propia Corte Constitucional.

Toda esta polémica, incita además la polarización entre los colombianos alrededor de la paz y pone en riesgo la estabilidad interna del país, ante los ojos de una comunidad internacional que observaba con entusiasmo el cumplimiento del Acuerdo de paz.

Para un Estado de Derecho, como lo es Colombia, es fundamental la separación y el equilibrio de poderes entre sus tres ramas (Legislativa, Ejecutiva y Judicial). En otras palabras, una rama debe limitar a la otra para evitar que el poder se incline más a favor de unos u otros, lo que no es otra cosa que el sistema de pesos y contrapesos. Cuando un órgano de una de las tres ramas se enfrenta a un órgano de otra rama –como lo son la Presidencia y la Corte Constitucional-, pasando por encima de sus decisiones, se pone en riesgo a la misma democracia.

Las objeciones del Presidente, en este caso, no cuestionan el proyecto de ley, sino la interpretación y las condiciones de la Corte sobre 6 artículos en especial; pero ninguna de sus justificaciones expresa razones de fondo que pudiesen representar verdaderos motivos de inconveniencia para el país; la mayoría de ellas representan tan sólo dudas –ya resueltas por la corte- frente a minucias procedimentales.

Al realizarse un estudio detenido de cada una de las objeciones, no se encuentra alguna que realmente ponga en riesgo el funcionamiento de la JEP y la impartición de justicia en Colombia, pero en cambio sí quedan dudas de las verdaderas razones para presentar las objeciones como es el caso puntual de la prohibición de extradición. De acuerdo con esto, no se extraditarían a otras personas que estén ofreciendo verdad al sistema antes de que terminen de hacerlo. ¿Será que es miedo a que se cuente toda la verdad?

Ahora, teniendo en cuenta que la JEP ya está incluida en la Constitución Política de Colombia, ni las objeciones ni un eventual archivamiento del proyecto de ley impedirían que dicha Jurisdicción continúe su funcionamiento. Sin embargo, las objeciones del gobierno Duque sí le están dando tiempo a los opositores del proceso de paz para buscar más alternativas que frenen definitivamente la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado con las FARC.

Pasamos de un escenario de certeza total en el que no restaba más que la firma del presidente para que la JEP fuera una realidad, a un escenario de incertidumbre total que puede tomar muchos meses -dependiendo de la voluntad de los congresistas y la postura que pueda asumir la Corte Constitucional- para definir el futuro de la paz en Colombia. Al final, el país entero es el gran perdedor, pues no muchos ciudadanos comprenden estas jugarretas leguleyas y siguen a la expectativa de si se dará o no cumplimiento al Acuerdo de Paz.

Y es que la paz es un derecho constitucional que todos debemos hacer efectivo exigiendo su protección, por eso, queramos o no, es necesario reconocer que la JEP es la columna vertebral del Acuerdo y dejarla con vacíos sería un ataque directo a la confianza de quienes han creído en todo el proceso.

Esto no se trata de tintes políticos, se trata de que como ciudadanos deseemos vivir en un país sin guerra, en un territorio donde todas las personas podamos unirnos para apoyar, respaldar y defender nuestro derecho a la paz. Este 18 de marzo podemos dar un paso en esa dirección saliendo a marchar para decir con convicción que en COLOMBIA TODOS ANHELAMOS LA PAZ.

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