La descentralización a las urnas

15 de abril del 2011

Entre los temas económicos de la Constitución es difícil elegir para escribir dos cuartillas. Todos son fundamentales e interesantes. Para este comentario elijo la cuestión de la descentralización que toca aspectos políticos y además es determinante del desarrollo. Según la Nación organice y gestione sus territorios obtiene resultados de eficiencia en el uso de los recursos económicos y sociales y en su sostenibilidad.

La Carta Política dice que el Estado colombiano es descentralizado y que sus entidades territoriales son autónomas. Además asigna recursos del orden nacional y local para sostener el proceso de descentralización que considera debe ser progresivo. Dejó bajo la responsabilidad del Congreso Nacional implementar la descentralización mediante la Ley de Ordenamiento Territorial (LOOT) que debe institucionalizar esa nueva idea de Estado.

Pero después de lo que dice la Constitución sobre materias fiscales y políticas que abren ventanas a la descentralización, no se ha avanzado sino que más bien se ha retrocedido. El gobierno central logró que se recortaran las transferencias de recursos a la periferia y las competencias de las instituciones locales. De sobremesa  el Congreso no ha podido hacer la LOOT.

La razón de este retroceso no es otra que la incapacidad de los partidos políticos de concebir el país moderno y desconcentrado que se imaginaron los constituyentes y que demandan las gentes de las provincias y exige el mundo contemporáneo. La empresa es compleja y no se puede acometer con fuerzas desordenadas y desinteresadas en estos asuntos, que se forman en competencias políticas dominadas por el poder del dinero más que por las demandas sociales. En la política colombiana prima la capacidad que tienen los protagonistas de financiar sus campañas electorales por encima de las ideas, los programas, las convicciones y las competencias relativas a los problemas públicos. Así los partidos si bien tienen poderes, no cuentan con equipos preparados y programas coherentes y comprometidos para aplicarlos a modernizar el país.

En reciente Foro convocado por la Región Capital manifestaron Jaime Castro y Antanas Mockus que la regionalización del país exigiría la eliminación de los departamentos. Estuve de acuerdo con ellos pero los tres sabemos que Colombia no tiene fuerzas políticas capaces de dar ese paso. La gente de la política no admitiría que le movieran la base de su electorado y las estructuras clientelistas locales que le permiten elegirse y reelegirse.

La cuestión en la que debe reflexionar el país es si está dispuesto a pagar la factura del actual desorden institucional que genera costos deplorables en la calidad de vida de la población.  Señalo este caso. El centralismo lleva cada año 75 mil personas desplazadas a Bogotá según informes de Naciones Unidas, como resultado de la violencia y el abandono de las regiones colombianas. Es decir que cada cinco años Bogotá debe instalar una ciudad nueva del tamaño de Pereira, que lleva 150 años construyéndose. De desplazados, repito, que son personas desadaptadas e insolventes para organizarse y sostenerse en la megalópolis. En este proceso se envilecen las condiciones de vida de todos los habitantes.

Agrego este detalle entre innumerables que deben saberse al respecto. Nuestra capital que crece en forma desmedida y caótica dista 500 km del mar, circunstancia que marca desventajas relevantes en tiempos de globalización. Llevar una  tonelada de carga desde Bogotá hasta el puerto de Buenaventura, cuesta más que llevarla desde Buenaventura a Hong Kong o a Tokio en las antípodas. ¡Qué economía sobrevive a esta distribución absurda de la población y la producción en el territorio…!

Por lo pronto mientras la política mantenga sus prácticas anacrónicas que impiden hacer transformaciones estructurales como la descentralización que requiere el país y las leyes consecuentes que demanda la Constitución, los colombianos deben resignarse al desempleo, el atraso económico y la convulsión social.

El proyecto de LOOT que tramita el Congreso es inútil. Para comprobarlo basta preguntar qué problemas del desarrollo resuelve. Ninguno. De contera es desinformado como se observa al revisarle detalles como la definición que trae del “Principio de Subsidiariedad”, principio sustantivo que debe inspirar la norma de acuerdo con el mandato constitucional. Nada que se parezca al concepto jurídico y científico que se da por sabido en el derecho universal que ilustra la materia. Si los principios que plantea la ley son equivocados, las providencias que se desprenden de ella también yerran.

El “Foro Colombia de Regiones 2011” al que concurrieron durante dos días más de mil dirigentes políticos, cívicos y académicos de todas las regiones, entre ellos cinco gobernadores, se constituyó en Cabildo Abierto y decidió dar a los gobernadores asistentes y a la Secretaría de la Región Capital que convocó el evento, el mandato de invitar a todos los gobernadores del país a presentar al Consejo Nacional Electoral la solicitud de incluir en las elecciones de octubre la “Sexta Papeleta” que consulte a la ciudadanía si decide que Colombia sea país de Regiones.

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