Detrás de las noticias que han aparecido en los últimos días sobre el recorte del número de ambulancias en Bogotá hay una historia que no se ha contado y que tiene que ver con el cartel de la con
Detrás de las noticias que han aparecido en los últimos días sobre el recorte del número de ambulancias en Bogotá hay una historia que no se ha contado y que tiene que ver con el cartel de la contratación del alcalde Samuel Moreno Rojas.
Resulta que ese esquema se lo inventaron en ese entonces cuando la empresa que se formó para saquear al Distrito buscaba todo tipo de formas de sacarle todo el jugo a las finanzas de Bogotá.
El negocio lo estructuró el exalcalde Samuel Moreno, su hermano Iván Moreno, el entonces secretario de Salud Héctor Zambrano –que de hecho lo confesó a la justicia- y contratistas como Emilio Tapia. Así mismo, concejales como Hipólito Moreno y Jorge Ernesto Salamanca, con el fin de obtener comisiones.
Esa estructura corrupta la logró probar la justicia en los últimos años. Al famoso contrato de las ambulancias del 2009, por 67.000 millones de pesos, y que era precisamente para alquilar estos vehículos, le sacaron una tajada del 9 por ciento. Esos dineros de la salud fueron a parar a manos de los implicados, tal como lo confesó el propio contratista Emilio Tapia.
La ‘rentabilidad’ era tan boyante que hasta uno de los primos de Tapia, llamado Juan Carlos Aldana, fungía como el representante legal del consorcio que se quedó con el contrato. Por estos hechos, Samuel Moreno, Héctor Zambrano, Hipólito Moreno, Jorge Ernesto Salamanca y Emilio Tapia ya fueron condenados. Otros salpicados están siendo procesados, mientras algunos más están prófugos y la Fiscalía los está buscando.
En medio del descaro, Zambrano contó, por ejemplo, que una comisión de las ambulancias, por 150 millones de pesos, se la dejó en el baño privado de su despacho al entonces subsecretario de Salud, Juan Varela, una ficha de los hermanos Moreno.
“Recuerdo que dejaba los paquetes del dinero en el baño privado del despacho y le decía que en el baño le había dejado algo y él ya entendía”, le confesó Zambrano a los investigadores de la Fiscalía.
Pese a eso, Bogotá no pudo detener ese perverso esquema que se venía apoderando de los recursos de la salud de los bogotanos. El alcalde Gustavo Petro, quien contribuyó a denunciar el cartel de la contratación, no hizo nada para poner orden y dejó crecer ese monstruo, en el que, según se comenta en los mentideros políticos, tienen interés directo algunos concejales. En su gobierno se siguieron contratando ambulancias privadas que no necesitaba la capital del país, a costos exorbitantes.
Peñalosa le puso freno a ese desangre en la Secretaría de Salud y ordenó parar un nuevo contrato de 60 ambulancias, por 50.000 millones de pesos, que venía en camino.
El alcalde y su secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, evidenciaron que cada ambulancia alquilada le sale a la ciudad en 800 millones de pesos al año. Y lo que es aún más diciente: en Bogotá se están utilizando más del doble de ambulancias de las que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como número ideal. La OMS ha señalado que lo recomendable es tener una ambulancia por cada 25.000 personas, y en la capital del país hay una por cada 12.000.
Actualmente, Bogotá tiene 600 ambulancias, de las cuales 132 pertenecen a la red pública. La cantidad no es menor. Sobre todo porque al Distrito le corresponde atender las urgencias en la vía pública, y las EPS deben responder por los traslados desde las residencias, empresas o centros comerciales. Es decir, con esos contratos no solo en la época de Samuel Moreno ganaban los corruptos sino que después se subsidiaban a las EPS y en general a las empresas privadas.
Por ese motivo, Peñalosa ha hecho bien en coger el toro por los cuernos y hacer prevalecer el interés general sobre el particular. ¿El particular de quién? El de aquellos que engendraron un cartel de la contratación en la época de Samuel Moreno y que ahora, por fin, ven una mano dura en la lucha contra la corrupción.