La dimensión ambiental de la seguridad

7 de febrero del 2016

Es urgente enfrentar las transformaciones de la criminalidad urbana y la emergencia de grandes mercados criminales.

Una emergencia ambiental vivimos esta semana en Bogotá. El incendio forestal en los Cerros Orientales, a la altura de Aguas Claras en la localidad de San Cristóbal, provocó una grave contaminación del aire de la Capital y obligó, el pasado martes, la evacuación del Congreso de la República, de las Universidades de los Andes, Externado y La Salle; y la interrupción de actividades en empresas y en una decena de colegios. 40 hectáreas de bosque nativo fueron consumidas por las llamas poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de millones de bogotanos.

El Distrito fue socorrido por la nación para apagar el incendio. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, junto con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, la Fuerza Aérea y las entidades distritales instalaron un puesto de mando y control en el Parque Simón Bolívar para coordinar el operativo de atención. Fueron necesarias 319 descargas de 140.370 galones de agua y liquido retardante lanzados desde los helicópteros, y hasta una lluvia con granizo, para apagar el fuego. El sistema de emergencias de la ciudad colapsó, ante el desespero de los ciudadanos del centro, el sur y el occidente de la Capital.

No sabemos si fue provocado por manos criminales. Solo así podrá ser calificado, y marginalmente, como un problema de seguridad ciudadana. En el imaginario colectivo y de muchos funcionarios públicos será considerado como una irremediable consecuencia ambiental derivada de variables que escapan a su control. Y pasado el episodio, la atención por la seguridad ciudadana seguirá concentrada exclusivamente en los asuntos policiales y militares, en el homicidio, el narcomenudeo o el hurto en sus distintas manifestaciones. Hasta que vuelva a ocurrir otra emergencia, ya no por las altas temperaturas sino por oleadas de lluvias que pongan en riesgo la vida y la salud de miles de ciudadanos que habitan en zonas inundables o de deslizamientos.

Porque son ampliamente documentadas las amenazas a la seguridad humana derivadas de nuestra relación depredadora con la naturaleza. Según el DANE, entre los  años 2006 y 2014, el  26% de la población nacional sufrió algún tipo de afectación por desastres de origen natural. En ese mismo periodo Bogotá reportó 95 inundaciones, convirtiéndose en la primera ciudad afectada por ese tipo de desastres.  Y según cifras del Distrito, en lo corrido del 2016 se han registrado 282 incendios forestales, propiciados por las altas temperaturas derivadas del calentamiento global, pero en su mayoría provocados por manos humanas.

Bogotá ha avanzado en los últimos 20 años a un concepto de seguridad integral que insiste en los derechos y libertades ciudadanas y en el liderazgo civil en su gestión, aunque todavía seguimos atrapados en paradigmas del pasado. Es urgente enfrentar las nuevas transformaciones de la criminalidad urbana y la emergencia de grandes mercados criminales, con estrategias técnicamente más sofisticadas e inteligentes. O reinventar una cultura ciudadana que reestablezca normas de convivencia y active mecanismos de solución civilizada de conflictos. Pero también es imperativo incrementar la articulación de la dimensión ambiental y social a las políticas de seguridad de la ciudad.  Porque como nos lo recuerda el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, la seguridad es “el derecho a vivir libre de temor y miseria… a disponer de iguales oportunidades para disfrutar todos los derechos y desarrollar plenamente el potencial humano”.  La creación de la Secretaría de Seguridad es una buena oportunidad para reconocer que el verde de la seguridad no es solo el color del uniforme de la policía.

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